Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia ya no podrán allanar el diario La Nueva Provincia en busca de pruebas que refuercen su hipótesis sobre la vinculación de los directivos de esa empresa con los homicidios de los trabajadores Heinrich y Loyola, ocurridos durante la última dictadura militar.
Según pudo saber en exclusiva LB24, los titulares de la Unidad de Derechos Humanos dejaron correr los días y el plazo vigente para realizar dicha diligencia caducó, con lo cual ya no se podrá llevar adelante.
El episodio despertó suspicacias y asombro en los pasillos de los tribunales federales. “Desde el 2011 el Ministerio Público viene solicitando a distintos jueces el allanamiento al diario. Todos lo habían rechazado sistemáticamente. Pero ahora el doctor Santiago Martínez se los había concedido y no lo concretaron. Es absurdo lo que pasó”, describió un funcionario con varios años de experiencia.
El allanamiento para buscar documentación había sido pedido por los propios fiscales junto con la detención del director del matutino Vicente Massot y la del ex jefe de redacción Mario Gabrieli.
Tal como se informó, el juez federal subrogante Santiago Ulpiano Martínez rechazó ordenar las detenciones por considerar que no había pruebas suficientes. En cambio, según se conoce ahora, el magistrado aceptó habilitar una serie de allanamientos, que delegó en los propios investigadores, y fijó un plazo de 15 días para su concreción.
Hasta el momento no hubo explicaciones oficiales sobre el asunto, pero fuentes allegadas a la Unidad de Derechos Humanos señalaron que “como la información de las medidas judiciales se habría filtrado a algunos medios de comunicación se decidió no realizarlas. Específicamente salió publicado en La Nación que el magistrado actuante le había dado curso a la realización de posibles allanamientos”.
El argumento suena extraño, pues no es ninguna novedad que desde hace años la fiscalía intenta allanar La Nueva Provincia. Incluso, luego de ser denegado el primer pedido del por entonces fiscal Abel Córdoba en 2011, distintos organismos de DDHH manifestaron su preocupación y criticaron duramente al ex juez Eduardo Tentoni al que llamaron “cobarde”.
En contrapartida, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió el intento de Córdoba de allanar y dijeron que “los archivos de los medios de prensa y de todo periodista son herramientas fundamentales para el desempeño de la tarea periodística y su protección constitucional se orienta a resguardar el secreto de las fuentes de información que garantiza la libertad de prensa”.
La Cámara cerca de revocar
Altas fuentes judiciales consultadas por LB24 indicaron que los pedidos de detención contra el cura Aldo Vara y contra Vicente Massot están siendo “estudiados seriamente” por el más alto tribunal federal de la ciudad.
La Cámara de Garantías analiza, en expedientes separados, las apelaciones de los fiscales Palazzani y Nebbia contra la resolución de del juez Martínez que rechazaba esos pedidos.
Se recuerda que, a Vara se lo investiga por su actuación como capellán del Ejército en el centro clandestino de detención La Escuelita.
“El fallo sobre Vara saldrá en poco tiempo. Y es altamente probable que los camaristas tengan una opinión diferente a la que tuvo el magistrado de primera instancia. En Lesa Humanidad hay jurisprudencia que indica que si los fiscales pretenden llevar a indagatoria a un sospechoso no hay que privarlos de esa posibilidad aunque el juez crea que no hay pruebas”, indicó un vocero que conversó con este diario judicial.
De esta manera, si se cumple el pronóstico, el juez Santiago Martínez estará oblifgado a llamar a indagatoria a Vara. También, deberá determinar si ordena su detención o si lo llama a declarar en libertad. Los consultados estiman que con Massot podría suceder algo similar.