(NOTI-RIO) La causa que investiga el presunto vaciamiento de fondos del programa nacional Techo Digno en Choele Choel cobró nuevo impulso esta semana. Los Tribunales de Roca son el escenario donde se desarrolla el control de acusación contra Daniel Belloso, exintendente de esa ciudad del Valle Medio y actual presidente del bloque peronista en la Legislatura provincial, junto al empresario Longinos Pacífico de Dios, titular de la constructora ECA, y al exdirector de Obras Públicas e Infraestructura municipal, Alberto Manuel Olivera.
Al inicio de la jornada, el magistrado interviniente repasó lo resuelto en torno al pedido de desafuero del imputado. El abogado defensor planteó que era necesario el desafuero del actual legislador, cuestión que fue rechazada en primera instancia y luego confirmada por el juez Gastón Martín, tras una impugnación de la defensa.
Tras pasar por el doble conforme, quedó firme que no correspondía debatir la inmunidad constitucional de Belloso en su condición de legislador.
En la jornada de hoy, además, el defensor solicitó que el control de acusación no se realizara respecto de la calificación legal de peculado que pesa sobre su asistido. El magistrado que preside la audiencia, luego de escuchar la oposición de la fiscalía, indicó que resolverá esa cuestión al finalizar la instancia procesal, según si el expediente es elevado o no a juicio.
El Ministerio Público Fiscal, por su parte, enunció que su pretensión punitiva requiere la intervención de un Tribunal Colegiado.
El otro imputado, Longinos Pacífico de Dios, presentó un certificado médico que le imposibilita asistir a las audiencias, por lo que la acusación avanzó respecto del exintendente y del exinspector de obra municipal.
Los cargos: defraudación millonaria y peculado
La fiscal jefa Graciela Echegaray, junto a las fiscales Mónica García y Jessica González, llevan adelante la reformulación de cargos contra Belloso por defraudación en perjuicio de la administración pública y peculado, en calidad de autor. A Olivera y a Longinos Pacífico de Dios se los acusa de defraudación en calidad de partícipes necesarios.
La acusación tiene su base en dos convenios firmados durante la gestión de Belloso al frente del municipio de Choele Choel.
El primero, suscripto en 2011, involucró la construcción de 110 viviendas e infraestructura. Según la fiscalía, entre septiembre de 2013 y mayo de 2016 el municipio recibió del Estado Nacional la suma de $39.483.510,50, fondos destinados exclusivamente a ese plan habitacional.
Sin embargo, un relevamiento posterior del IPPV (Instituto Provincial de Planificación y Vivienda) no confirmó la finalización de las obras que los certificados daban por concluidas.
La fiscalía determinó que el municipio pagó en exceso cerca de un 0,883% al empresario, equivalente a aproximadamente $600.000 en abril de 2016, cifra que actualizada a julio de 2024 ascendía a $46.789.111,29.
El segundo convenio, firmado en 2015, contemplaba la construcción de 86 viviendas e infraestructura por un monto de $43.183.000. En este caso, la irregularidad fue más grave: el relevamiento del IPPV estableció que en 2017 la obra tenía apenas un 17,85% de avance real, mientras que el municipio había pagado al contratista con un exceso del 38% sobre lo efectivamente ejecutado.
Adicionalmente, Belloso nunca designó un inspector de obra, requisito expresamente establecido en el convenio.
En cuanto al peculado, la acusación señala que el exintendente sustrajo de la cuenta bancaria del Banco Nación habilitada específicamente para el programa Techo Digno fondos que desvió hacia distintos destinos, incluida la cuenta de pago de sueldos municipales.
El informe técnico del cuerpo contable de la Procuración General detalló cada transferencia con fechas, montos y destinatarios.
El total sustraído con fines ajenos al convenio ascendió a $13.802.501,97, en el período comprendido entre julio de 2015 y septiembre de 2017.
El mecanismo de la maniobra, según el Ministerio Público, fue sistemático: Belloso y el empresario confeccionaron y firmaron certificados que reflejaban un avance de obra superior al real, lo que habilitó el trámite administrativo para los pagos.
En ese esquema, el entonces Secretario de Obras y Servicios Públicos rubricó los memorándums que dieron lugar a los pagos de la municipalidad a la empresa contratista.
Una megacausa que lleva más de siete años
El caso de Choele Choel es uno de los engranajes de la megacausa Techo Digno, que comenzó con el inicio de la gestión nacional de Mauricio Macri y llegó a la Patagonia en 2018, tramitándose finalmente en la Justicia rionegrina a través del Ministerio Público.
El programa Techo Digno era un plan nacional de financiamiento de viviendas sociales en el que los municipios firmaban directamente convenios con el Ministerio de Obras Públicas de Nación y tenían a su cargo la ejecución. Los fondos se transferían según el avance certificado de la obra.
En 2015, antes del cambio de gobierno nacional, las transferencias fueron suspendidas y las construcciones se paralizaron en numerosos distritos.
Las imputaciones alcanzan a doce municipios: Bariloche, San Antonio, Conesa, Cervantes, Godoy, Choele Choel, Río Colorado, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande y Sierra Grande.
Siete años después del inicio de la megacausa, solo uno de los expedientes llegó a juicio, mientras que en la mayoría se repiten las dilaciones, principalmente como estrategia de las defensas.
Solo en Bariloche se avanzó a la etapa de juicio: el exintendente Gustavo Gennuso (JSRN) tiene fecha de juicio oral y la exjefa comunal María Eugenia Martini ya transitó el control de acusación, a la espera de confirmación de fecha.
El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, será el tercer jefe comunal en llegar a juicio oral en la megacausa.
La voz del acusado y el peso político de la causa
En instancias anteriores, Belloso tomó la palabra y aseguró que “mi patrimonio es mi familia, mi casa y un auto Golf”, afirmando que “somos inocentes” y calificando las acusaciones como algo que “no es gratuito” para su familia.
Su defensa, en tanto, ha sostenido a lo largo del proceso que la fiscalía presenta “una foto” sin mostrar “la película completa”, argumentando ausencia de tipicidad y negando perjuicio al Estado.
Desde el bloque legislativo donde Belloso milita, algunos de sus pares hablan de un “lawfare a la rionegrina” para describir la situación de los imputados peronistas.
Sin embargo, el avance procesal de la causa es una realidad que el propio sistema judicial fue imponiendo, más allá de los planteos de las defensas.
El expediente continúa su marcha en los Tribunales roquenses. Las partes avanzan sobre la prueba documental y testimonial, instancia que se extenderá hasta el próximo viernes.
El paso siguiente, una vez concluido el control de acusación, será la elevación a juicio oral, objetivo que el Ministerio Público se ha planteado consolidar en los próximos meses.
