Muchos imaginan que no podrá volverse a sesionar en lo que resta del año. Deberán buscar canales de negociación, pero las acusaciones cruzadas complican ese objetivo.
Los aplausos del oficialismo por el quórum trabajosamente logrado más de dos horas y media después de la hora de inicio originalmente prevista todavía sonaban, cuando Cecilia Moreau –con cara alivio por poder dar inicio a la sesión- se permitió enviar un “abrazo a nuestra querida Selección Argentina”, y de paso recordó también que ese 1° de diciembre se conmemoraba el Día Internacional de la lucha contra el Sida. Fue el único momento de distensión de esa complicada sesión que se extendería muy poco más de una hora y cuyo desarrollo quedará en el recuerdo por sus características bochornosas.
Sabía la presidenta de la Cámara baja -que acababa de ser reconfirmada en el cargo ya no por los votos de sus colegas, sino por el artículo 37° del reglamento que prorroga automáticamente el mandato si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°– que no la tendría fácil, pero no imaginaba aún lo que debería enfrentar.
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Juntos por el Cambio tenía decidido desde el día anterior facturarle a Cecilia Moreau su decisión de poner en suspenso las designaciones de diputados para el Consejo de la Magistratura. Lo haría no prestando quórum para la sesión preparatoria -algo para nada habitual- y votándola luego en contra. Pero más allá de eso, tenían la decisión de obturar luego la sesión especial prevista para las 13. La idea era alargar indefinidamente la sesión preparatoria, por eso es que habían previsto una conferencia de prensa para antes del inicio de esa reunión.
Cuando vieron que conseguir el quórum se le hacía cuesta arriba al Frente de Todos, postergaron la conferencia de prensa hasta confirmar que la misma había fracasado.
Por su parte, el oficialismo realizaba en soledad una pseudo sesión para formalizar el anuncio de la prórroga de los mandatos, a través de la aplicación del artículo 37° del reglamento. Porque en rigor de verdad, eso que presidió Carlos Heller en su condición de diputado de más edad, no fue una sesión. Esa sesión nunca comenzó, simplemente porque no se alcanzó el quórum. Y no hay sesiones preparatorias en minoría: directamente no las contempla el reglamento, que indica que “reunidos los diputados en ejercicio en número suficiente para formar quórum, se procederá a elegir entre los primeros, a pluralidad de votos, un presidente provisional, presidiendo esta votación el diputado en ejercicio de mayor edad”.
Lo que sucedió después es público y más que notorio. Y la consecuencia es bastante grave, por cuanto nadie se atreve a pronosticar cuándo podrá volver a reunirse el pleno después de semejante jornada. “Está todo roto”, graficó ante la consulta una fuente opositora, que respondió con un lacónico “mucho” ante la conclusión de que se complica volver a sesionar este año.
Una alternativa que preocupa bastante a quienes en el Gobierno esperaban la aprobación cercana de una serie de temas que vienen reclamando y que habían avanzado lo suficiente como para ser tratados antes de cerrar el año.
El expresidente de la Cámara baja Sergio Massa vivió en carne propia esa frustración cuando vio que se caía la sesión del jueves en la que se esperaba aprobar la creación de 8 nuevas universidades nacionales, entre ellas la del Delta, impulsada por el actual ministro de Economía, presente en el recinto para no perderse semejante acontecimiento. A él se había dirigido el día anterior el presidente del bloque radical, Mario Negri, para advertirle lo que podría suceder y tratar de encauzar la situación.
Una manera de comenzar a encarrilar las cosas podría pasar por la realización de la abortada sesión preparatoria. Por eso es que al cabo de la bochornosa jornada del jueves, fuentes parlamentarias de JxC hablaban de la necesidad de realizar finalmente esa preparatoria, a la espera de que la conducción de la Cámara tomara la decisión de volver a convocarla antes del 9 de diciembre. Con todo, admitían que se hace difícil que eso pueda suceder, teniendo en cuenta que solo quedan tres días hábiles disponibles, de una semana en la que los diputados no tienen previsto venir a Buenos Aires.
De todos modos eso puede suceder también pasados los diez primeros días del mes de diciembre de los que habla el artículo 1° del reglamento. Pues el 37° al que se ha echado mano ante la emergencia señala que “si vencido el término no hubieren sido reemplazados de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo, continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que así se hiciere”.O sea que en cualquier momento se podría llegar a remediar esta situación. El problema es que no hay ánimo en el oficialismo de volver a convocar a sesionar con ese fin, al menos de momento.
Saben que la intención de la oposición es votar en contra de Cecilia Moreau y descargarse contra ella. Hacer catarsis por lo sucedido a partir de su decisión sobre el Consejo de la Magistratura. Y no quieren darles ese escenario.
“Se cayó la autoridad. Las autoridades son anuales. Hay un artículo del reglamento que dice que, en el caso de no haber sido electas, permanecen ocupando el cargo. Eso puede tener legalidad, pero tiene un problema de legitimidad”, explicaba este sábado Mario Negri para justificar una convocatoria a la preparatoria.
Por lo pronto, los puentes están rotos. Hay mucho enojo en ambas partes por lo sucedido el jueves y cada lado de la grieta considera tener la razón. Más allá de que muchos se sienten avergonzados luego de haberse visto a sí mismos cómo actuaron, se hace difícil un pedido público de disculpas. A lo sumo, alguna referencia en las redes sociales, pero la verdad es que se complica un comienzo de solución sin admitir los excesos sucedidos.
El oficialismo redobló la apuesta el viernes, al presentar un pedido de expulsión del diputado Cristian Ritondo por el gesto a todas luces reprochable que le hizo a la bancada del FdT al emprender la retirada, cuando el objetivo de terminar la sesión se había logrado cumplir. El mismo se nota que advirtió el error sobre la marcha y trató de enmendarlo transformándolo en un saludo, pero la seña ya había sido captada y ya no había corrección posible.
La diputada Mara Brawer es la autora del proyecto que pide la expulsión del diputado opositor y cuenta con la adhesión masiva de sus pares. Quiere llevar el tema hasta las últimas consecuencias, aunque admite que podría suceder que no se lo termine echando… pero una sanción debe haber. “No podemos dejar pasar algo así”, señaló la diputada kirchnerista el viernes durante una entrevista por Diputados TV. A tal fin, explicó que debe constituirse una comisión para analizar la conducta del legislador de JxC y decidir finalmente qué hacer con él.
Ritondo no es cualquier diputado: es el jefe del bloque Pro, la bancada más numerosa de la principal oposición. Difícil imaginar un debate tranquilo cuando eso se ponga a consideración del pleno.
Brawer pone el ejemplo de lo sucedido con un diputado propio, Alberto Vivero, que en la madrugada del 28 de marzo de este año protagonizó un incidente con su par Fernando Iglesias, quien denunció haber sido empujado y agredido de palabra por el legislador oficialista. En esa ocasión el propio Frente de Todos aceptó que se investigara la actuación de uno de sus miembros y dos meses después la comisión se expidió, dando por extinta la acción y archivándola, luego de que el “agresor” se disculpara a través de una nota. Cabe recordar que en esa oportunidad el legislador del Pro se quejó porque las disculpas no debían ser a través de una nota, sino “cara a cara”. Pero igual dio por concluida la cuestión.
Desde el Pro, redoblan la apuesta y hablan de pedir las expulsiones de Rodolfo Tailhade, Blanca Osuna y hasta Cecilia Moreau. El primero, por haber dicho en conferencia de prensa de que Mauricio Macri había “sodomizado” a la UCR y al diputado Mario Negri; la entrerriana, por haber acusado en el recinto al diputado Gerardo Milman de “asesino”. La presidenta del Cuerpo, por lo sucedido a lo largo de la última semana.
Con semejante clima, nadie imagina que la Cámara de Diputados pueda volver a abrir las puertas del recinto próximamente. El Cuerpo solo podía reunirse para tratar temas de consenso, y hoy no existe ningún consenso posible. Más bien todo lo contrario.
Para la oposición, el año parlamentario se terminó en esa Cámara.
Una situación similar impera en el Senado, donde a partir de la situación generada en torno a la insistencia en designar a Martín Doñate en nombre de la segunda minoría, Juntos por el Cambio rompió lanzas con el oficialismo. Sin embargo en esa Cámara el Frente de Todos tiene número para sesionar por sí solo, aunque depende de la presencia del salteño Sergio Leavy, quien pidió licencia entre el 5 y el 16 de diciembre, para ir al Mundial de Qatar. El “Oso” aclaró que de ser necesario se quedaba; se verá, sino podrían sesionar después de que concluya ese torneo.
Como sea, el Congreso ha quedado virtualmente paralizado. Caja de resonancia de la República, lejos de apaciguarse, la grieta allí se ha ensanchado y hoy por hoy las relaciones parecerían definitivamente rotas.
Qué temas quedaron pendientes de aprobación en la Cámara baja
Si algo queda claro de la bochornosa jornada del jueves pasado en la Cámara baja es que allí no hubo vencedores ni vencidos. De un lado y otro de la grieta, muchos reivindicarán para sí esa primera condición, pero será un convencimiento puntual y falto de imparcialidad. Todos perdieron, como ha expresado de manera certera el consultor Carlos Fara.
Habrá que analizar en todo caso quién perdió más, y en ese caso -con toda lógica- aparecerá el oficialismo en general y el Gobierno en particular. Porque si bien podrán regodearse de que Juntos por el Cambio -tan insistente en adjudicarse certificados de institucionalidad- haya atravesado también el lodo y ya no pueda enrostrarle al hoy oficialismo lo que le hicieron a su presidente de Cámara de entonces, Emilio Monzó, el 14 de diciembre de 2017, pues ahora le exhibirán lo del jueves con Cecilia Moreau como contraparte, la realidad es que si alguien debe estar preocupado hoy es quien necesita leyes para gobernar.
El primero en percibirlo debe haber sido el ministro de Economía, Sergio Massa, presente en el recinto el jueves por la tarde, que pudo certificar que lo que le había anticipado el día anterior Mario Negri por teléfono era aún peor. El jefe del bloque radical de Diputados le advirtió sobre las consecuencias que tendría en la relación entre el oficialismo y la oposición en esa Cámara que su sucesora al frente de la misma desandara los pasos dados respecto de la designación de diputados en el Consejo de la Magistratura.
Es innegable que Massa tiene especial influencia en quien quedó al frente de la Cámara baja al decidir él ir al Palacio de Hacienda. Pero también está claro que esa medida adoptada por Moreau conjuntamente con la apelación ante el juez Martín Cormick fue dictada desde el otro lado del edificio del Congreso. Y le resultaba imposible a los referentes del Frente Renovador hacer lo contrario. El ministro de Economía ya se ha acostumbrado a manejarse con un nivel acotado de independencia. Es una cuestión de autopreservación.
¿Cuál podría ser el objetivo de semejante decisión, supuestamente emanada desde la vicepresidencia de la Nación? Un conocedor del kirchnerismo graficaba este fin de semana la situación explicando que siempre hay que mirar lo que ellos le endilgan a la oposición para entender lo que desean. Y el viernes el diputado ultracristinista Rodolfo Tailhade le atribuía a Juntos por el Cambio y hasta a la Corte Suprema la intención de frenar el Consejo de la Magistratura, para evitar la designación de jueces, y particularmente el desplazamiento de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, integrantes de la “estratégica” Sala I de la Cámara Federal porteña. Del otro lado de la grieta ven en la imposibilidad de designar a ocho miembros del Consejo -los 4 de Diputados y los 4 del Senado- la intención de paralizar ese organismo.
Sergio Massa debe estar muy preocupado por lo sucedido el jueves, pues todo indica que la Cámara de Diputados se paralizará por un largo tiempo. Recién cuando se recomponga algún grado de consenso, si eso es posible, podrán volver a pensar en sesiones acordadas como las que venían haciéndose sobre todo las últimas semanas. Y en rigor, esa fue la tónica de lo que ha sido la gestión de Cecilia Moreau al frente del Cuerpo durante estos cuatro meses que lleva en el cargo. Razón por la cual Juntos por el Cambio tenía decidido votar a favor de su continuidad, cosa que no había hecho el 2 de agosto pasado, cuando se abstuvo. Eso ya no sucederá.
Como sea, todo parece confluir en lo que sucederá este martes por la tarde, cuando se anuncie el veredicto de la causa Vialidad. El ministro de Economía puede mirar como en un espejo la situación judicial de la vicepresidenta y lo que sucedió en 2018 con la gestión Cambiemos, a partir de la causa Cuadernos. La misma entusiasmaba a esa dirigencia y ni qué hablar a sus votantes, pero preocupaba sobremanera a la administración de Mauricio Macri, por sus efectos en el empresariado en general y la economía en particular.
Los temas pendientes
La preocupación de Sergio Massa pasa por los proyectos que quedaron pendientes y que estaban encarrilados para salir en las próximas sesiones, antes de fin de año.
Particularmente el que busca actualizar la normativa sobre lavado de activos. El proyecto fue vuelto a debatir esta última semana en el seno de las comisiones de Legislación General y Finanzas, con la presencia del titular de la Unidad de Información Financiera. En un clima de consenso, la oposición pidió una serie de correcciones que el oficialismo se mostró dispuesto a contemplar. Se trata de un pedido del Fondo Monetario Internacional y una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el año próximo. Se lo recordó Negri a Massa en ese diálogo telefónico ya citado.
El proyecto que estaba a punto de obtener dictamen y llegar al recinto, es uno de los que ha quedado en veremos.
Ni hablar de la ley de Agrobioindustria. El proyecto está en las comisiones de Industria, Presupuesto y de Agricultura. Los mayores reparos estaban en esa última comisión, que conduce la oposición. Sin embargo habían logrado limarse todos los reparos y según voces de la oposición, “está todo acordado en un 90%”. Todos saben que no tuvo dictamen por el “ruido” aparejado por la discusión de la Ley de Humedales, donde Agricultura y Ganadería endureció su postura y por eso postergó el proyecto que precisamente Sergio Massa presentó como el primero que pidió que el Congreso aprobara.
Sorteado el tema de Humedales, que tuvo un dictamen de mayoría suscripto en base a las propuestas de la oposición, todo se encaminaba para que Agrobioindusria tuviera rápido dictamen y llegara al recinto. Ahora no.
Había propuestas como la ley de envases -desempolvada luego de que su tratamiento se frustrara el año pasado- que ahora avanzaban con viento de cola, pero que encontrarán un freno. Lo mismo con la ley de Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
El beneficio extraordinario para herederos de víctimas de la represión de 2001, que se aprestaba a ser ley para antes de que se cumpliera un nuevo aniversario de los episodios ocurridos hace 21 años, deberá seguir esperando. Lo mismo que la ley de obstetricia, que lleva seis intentos fallidos en 14 años y que ahora parecía avanzar a paso firme en Diputados, donde ya tiene dictamen y acuerdo con el Senado para que esta vez sí le den tratamiento.
Ni hablar de las ocho universidades nacionales que el oficialismo quería tener al menos con media sanción para antes de fin de año, y durante cuyo tratamiento estalló la trifulca del jueves.
Hay más: la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de down para su hijo en gestión o recién nacido. Ambas iniciativas figuraban en el temario de la sesión especial del jueves 1° de diciembre que no pudo avanzar por razones de dominio público.
Y el plan de pago de deuda previsional, que ya tiene media sanción del Senado y busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuenten con aportes suficientes. El efecto del decreto con el que el presidente prorrogó la vigencia de la moratoria previsional vence a fin de año y si no hay una ley -como ahora parece que sucederá- deberá volver a firmar Alberto Fernández un nuevo decreto.
Si no hay sesiones en lo que resta del año en Diputados, ¿se animará el Ejecutivo a convocar a extraordinarias, con el recuerdo del año pasado en que llamó a tratar 18 proyectos y no se reunió por ninguno de ellos?