Un tema largamente pendiente, pues su discusión había arrancado en junio de 2021, otro año que estuvo marcado por la pandemia, el Senado sancionó este jueves la Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería.
La norma se votó por unanimidad (61 votos positivos), al igual que cuando tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2022.
La iniciativa fue motorizada por el tucumano Pablo Yedlin, quien en ese momento era diputado y presidente de la Comisión de Salud, con el aval del Poder Ejecutivo. De hecho, hubo un acto en Casa Rosada con trabajadores de la salud.
Y fue Yedlin, ahora en su rol de senador y también presidente de la Comisión de Salud, quien abrió el debate en la sesión celebrando “el consenso y la voluntad política que nos permite tratar este proyecto”.
En esa línea, contó que dicha iniciativa “la comenzamos a trabajar en junio de 2021 en la Cámara de Diputados. La voluntad política se expresa en personas que lo acompañaron. Le dimos dictamen en la Comisión de Salud de Diputados, yo me vine y eso quedó ahí”, y agradeció a sus pares los diputados Blanca Osuna, Mónica Fein y a Daniel Gollan. Hizo extensivo el saludo al Ministerio de Salud y a los ministros de Educación nacional y provinciales, las universidades.
“El sistema de salud argentino con todos sus altos y bajos tiene un problema importante en el tema de la enfermería porque hoy la Argentina tiene 237 mil enfermeros de los cuales casi 70 mil son auxiliares y en muchos países, quizás, no estarían considerados dentro del grupo de enfermeros. Hay 125 mil técnicos y solamente 41.400 enfermeros universitarios”, detalló el tucumano.
Y planteó: “Estos números dichos así no expresan mucho, pero representan aproximadamente 37 enfermeros por cada 10 mil habitantes. El promedio mundial está cerca de 38 por cada 10 mil, pero de rango va de países muy pobres que tienen 9 por cada 10 mil a los países del primer mundo que tienen 115 enfermeros por cada 10 mil habitantes”.
Yedlin se refirió a un trabajo publicado por la revista Lancet establecía que para que un país pudiera cumplir de forma efectiva con la atención primaria de salud en un 90% se requerían 114 enfermeros cada 10 mil habitantes, y para cumplir con un 80% se necesitan 78 por cada 10 mil habitantes.
“Tenemos muchos menos enfermeros que la mayoría de los países de la región. Tenemos un problema histórico con la enfermería. Además, cuando vemos la cantidad de enfermeros universitarios que representan el 16% del total de enfermería y sin considerar a las auxiliares el 24%, cuando en general en los países del primer mundo superan el 50% los universitarios, volvemos a ver que tenemos un problema”, alertó el oficialista,
En ese aspecto, señaló que “el problema no es uniforme” al tiempo que mostró un gráfico estadístico de las provincias que “caen por debajo de ese valor bajo de 37 por 10 mil. El problema aparte es de distribución de recurso humano”.
Sin embargo, reconoció que se “trabajó mucho en los últimos años” y precisó que en el 2011 se generó un plan estratégico de enfermería, en 2016 el programa nacional de formación en enfermería en el Ministerio de Educación.
“El Ministerio de Salud estos años generó una dirección de enfermería que el país no tenía un plan nacional de enfermería y hay un aumento progresivo de la cantidad de enfermeros en los últimos años. Del 2020 al 2019 han aumentado la cantidad de enfermeros alrededor de un 4,5%, algo así como 5 mil enfermeros más de tecnicatura, 3 mil más universitarios. Son resultados de estas políticas acertadas”, ponderó el senador tucumano.
En tanto, precisó que en su provincia hay en la universidad 5 mil alumnos en la licenciatura de enfermería y 6 mil en las tecnicaturas.
“Esta ley viene a promover la educación de calidad al incremento de la cantidad de enfermeros. Declara de interés publico nacional la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería. Entre sus principios reconoce y jerarquiza a la enfermería como un trabajo profesional de la salud. Aumenta la distribución federal. Genera la participación igualitaria de enfermeros y enfermeras en todos los niveles, ámbitos y jerarquías de los sistemas de salud”, detalló entre otros aspectos.
A su turno, el senador Mario Fiad (Jujuy – UCR) remarcó la importancia que la salud tenga un lugar prioritario en la agenda pública porque “cuando hablamos de salud hablamos de derechos humanos”.
“El derecho de la salud no se concreta solamente con acciones de tecnología si no tiene el recurso humano adecuado e idóneo. Por más equipos sofisticados de alta tecnología, tenemos que pensar primero en el recurso humano”, destacó y adelantó su voto positivo.
Además, planteó que el proyecto tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y cuestionó que “solo lo tratamos en la Comisión de Salud”. “Estos giros tenemos que poder trabajarlos mejor y creo que todos tenemos que hacerlo porque si la autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación podría haber tenido un giro a la comisión correspondiente para que pudiera enriquecer el proyecto y pudieran dar sus opiniones ampliando la visión que teníamos”, criticó.
Al referirse al capitulado, se posó sobre el seis que se titula “incentivos y aportes económicos a la formación” y sostuvo que el proyecto contiene incentivos, becas, aportes para las instituciones de formación y “tampoco fue girado a la Comisión de Presupuesto”.
“Esto puede hacer de nosotros un mejor funcionamiento para tener todos los aportes necesarios para que las leyes tengan una visión compartida de todo el espectro interesado”, propuso Fiad y aportó: “Debe haber políticas activas de redistribución y de incentivos para poder radicar a mucho del personal del sector salud no solo concentrado en las grandes ciudades sino una mejor distribución en el interior del interior. También tenemos que garantizar las oportunidades de trabajo en condiciones dignas, para que eso se pueda dar con normativas que lo brinden. Estas políticas deben articularse entre todas las jurisdicciones. Este proyecto es un gran avance, pero quedan muchas cosas pendientes”.
Puntos principales de la norma
La Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.
Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.
En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.
Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.
En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.
También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.
Asimismo, contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.
El Senado convirtió en ley un proyecto sobre la renovación del Certificado Único de Discapacidad
Por unanimidad -61 votos afirmativos-, la Cámara alta sancionó este jueves una ley que establece que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrá ser expedido con o sin fecha de vencimiento, de modo de facilitar su renovación para quienes lo necesitan de manera permanente.
De acuerdo a la norma, la Agencia Nacional de Discapacidad será la encargada de la actualización del CUD conforme la concepción dinámica de la discapacidad dispuesta por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dicha actualización deberá implementar la flexibilización de los requisitos para su otorgamiento.
A su vez, la ANDIS tendrá que “definir las condiciones y lineamientos” para la implementación de la norma, “incluyendo el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de las personas con discapacidad”, y teniendo en cuenta recomendaciones que realice el Consejo Federal de Discapacidad.
Un aspecto a destacar es que se indica que “la persona beneficiaria podrá solicitar la actualización del CUD en cualquier momento de acuerdo”.
Cabe destacar que hace dos meses atrás, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la ANDIS ya avanzó en este sentido, al crear el “Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la certificación de la discapacidad”, que pretende entre sus objetivos “determinar la expedición del CUD sin sujeción a plazo temporal, generando instancias de acompañamiento por parte del Estado”.
Oradores
La senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR) fue la encargada de abrir la ronda de debate sobre el tema quien explicó que el proyecto plantea que el certificado único de discapacidad “pueda otorgarse sin vencimiento para los casos de ciertas discapacidades con características permanentes”, y remarcó que es una “aspiración de varios colectivos de discapacidad”.
Además, destacó que al ser un tema transversal con varias iniciativas presentadas “estamos todos de acuerdo”. “En este caso este proyecto en su artículo 2 hace referencia que ANDIS será la responsable de otorgar y actualizar el CUD conforme al concepto dinámico de la discapacidad”, explicó.
Sobre el artículo 3, mencionó: “Incluye algo muy novedoso y muy pedido a lo largo y ancho del país por todos los Ministerios de Salud de las provincias que es el fortalecimiento de las juntas evaluadoras de discapacidad”.
Por otro lado, contó que han considerado en la comisión proyectos de los senadores Antonio Rodas, María Vega, Luis Juez, Daniel Kroneberger, quienes “supieron recepcionar las inquietudes de muchas organizaciones que luchan por los derechos con discapacidad”.
“El CUI hoy es un medio para acceder a más derechos, por eso la importancia que tiene en determinados casos esta posibilidad que no tenga vencimiento para ciertas patologías y, por supuesto, ni que hablar en el interior del país”, reclamó la radical.
También informó que la Agencia Nacional de Discapacidad estableció por medio de una resolución una medida que “va en este sentido y que responde a las inquietudes a las que nos referimos, pero la importancia de hacerlo hoy ley es asegurar y solidificar este criterio de manera permanente y, de esa manera, dar respuesta a la demanda social que hace mucho tiempo venimos recepcionando en todos los niveles de gobierno”.
A continuación, la oficialista Lucía Corpacci (Catamarca) explicó que la modificación al artículo 3 de la Ley de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que se refiere al certificado de discapacidad, plantea que “la institución que lo entrega no certifica enfermedad, sino que certifica la pérdida de función que genera determinada discapacidad”.
“En muchas ocasiones esa pérdida de función es definitiva, es permanente y, por lo tanto, se hace innecesario pedir anualmente o cada dos años nuevamente esa certificación”, planteó Corpacci y comentó que “cuando una persona va a hacer el trámite del CUI lo hace buscando el acompañamiento del Estado que le garantice el acceso a recibir prestaciones médicas gratuitas acorde a sus patologías. Le otorgue también un pase de transporte sin costo”.
Y siguió: “Fundamentalmente se refiere al tema de la atención médica y en el caso de electrodependientes de aluna cobertura de tarifas eléctricas cuando requieren permanentemente el uso de algún aparato”.
“Los centros que otorgan los certificados, en la mayoría de las provincias, se encuentran en las capitales provinciales. Las distancias a veces son enromes. Tienen que recorrer 400 kilómetros para llegar a la capital y renovar el certificado de discapacidad y no es tan fácil solucionar ese tema por la sencilla razón de que no es cualquier médico el que otorga certificado de discapacidad, sino que tiene que estar preparado para conocer y rendir un examen que lo habilita a otorgar el grado de perdida de función que tiene quien solicita el certificado”, explayó la catamarqueña.
En tanto, insistió en que “no es tan fácil de implementarlo en todos los centros de atención de las provincias. Mucho menos cuando se requieren determinadas especialidades médicas como neurólogo, psiquiatras”.
“Definidas ciertas discapacidades que son permanentes debieran permitirse que algunos certificados sean permanentes y no requieran la renovación del mismo y otros sean transitorios porque esa pérdida de la funcionalidad puede revertirse”, resumió Corpacci y remarcó que es un proyecto que no tiene costo y que no impacta en el presupuesto, por el contrario, resaltó que “mejora la calidad de vida de quienes lo necesitan”, y contó que en 2022 en su provincia se otorgaron 3.200 certificados.
Autora de uno de los proyectos, la riojana Clara Vega (Hay Futuro Argentina) destacó que la iniciativa hace a “un mundo más inclusivo y más igualitario para sacarle todo ese peso burocrático que se le ha puesto por años a las familias que tienen algún familiar con discapacidad, a quienes se les dificultó conseguir el Certificado Único de Discapacidad”.
En suma, aseguró que con la aprobación de la ley “vamos a ayudar a que esa discapacidad con la que algunos tienen que sobrellevar toda la vida, empecemos a hacer más fácil y que la inclusividad sea una realidad y no solo parte de una retórica”, e informó que según las estadísticas el 10% tiene algún tipo de discapacidad.
De forma breve, el cordobés Luis Juez (Pro) se emocionó al hablar de la discapacidad que sufre su hija y agradeció a sus pares el tratamiento del proyecto y relató: “La reiteración sistemática casi al borde de la humillación de tener que ir a mostrarle que la criatura no va a progresar porque tiene una discapacidad de esas que son para toda la vida, cuesta entender”.
También emocionado, el chubutense Carlos Linares (FdT) contó: “En el caso mío también tengo un ser querido prematuro no vidente que sabemos lo que produce esto, en el interior del interior”, por lo que remarcó que “este CUI es un alivio, un paliativo, pero es bueno aprovechar el momento porque la discapacidad es mucho más que esto”.
“El dolor de la discapacidad es mucho más, esto no puede ser un debate que quede acá”, expresó y sumó: “La discapacidad duele y le duele a la familia, al entorno y nos marca como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer con estos casos? Tenemos que profundizarlo, el Estado presente lo tiene que hacer. Tenemos que ayudar de forma constante y permanente a organizaciones y a asociaciones de padres porque muchas leyes salen por el pedido de ellos. Tenemos que ayudarlos con la política para poder llevar soluciones concretas y palpables”.