- El oficialismo obtuvo dictamen favorable en el debate de comisiones para el proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que será tratado en el recinto el lunes 29 de abril.
- La iniciativa declara sujetas a privatización a algunas empresas públicas y establece reformas en el mercado laboral, como la ampliación del período de prueba o la creación de un fondo de cese laboral.
- En el debate en comisiones fue retirada del proyecto la posibilidad de privatizar el Banco Nación, algunos aspectos de la reforma laboral (como la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos) y las modificaciones sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
El oficialismo logró dictamen de comisión en la Cámara de Diputados para el nuevo proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Fue analizado esta semana en el plenario de las comisiones de Legislación General; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y, tras el dictamen favorable, se convocó a una sesión para su tratamiento en el recinto el próximo lunes 29 de abril.
En esta nota, repasamos las claves del texto que será tratado la semana que viene por la Cámara de Diputados y lo que quedó afuera.
Cuáles son las claves de la nueva versión
Dentro del capítulo referido a la “reforma del Estado” se incluyen las privatizaciones. El proyecto declara empresas sujetas a privatización a Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. También declara sujeta a privatización a Nucleoeléctrica Argentina SA y a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, aunque en estos 2 casos establece que el Estado debe mantener el control o la participación accionaria mayoritaria.
Por otro lado, se propone un esquema de concesión privada para las empresas Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Correo Oficial de la República Argentina S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.
El capítulo IV trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones, se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
El Título IV del texto está destinado a la “promoción del empleo registrado” en el sector privado. Este permite a los empleadores regularizar vínculos laborales que comenzaron antes de que la ley entre en vigor, concediéndoles un período de 90 días para hacerlo. Los empresarios quedarán eximidos de cualquier acción legal y deudas relacionadas con infracciones, multas y sanciones, y también serán eliminados del Registro de Sanciones Laborales.
El Título V de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. Entre las principales medidas aparece la extensión del período de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo -a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones.
En relación a los períodos de prueba, actualmente son de 3 meses. La propuesta nueva consiste en extenderlos a 6 meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores.
La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
Lo que quedó afuera de la nueva versión de la Ley Bases
La versión de la Ley Bases que el Ejecutivo envió al Congreso en diciembre de 2023 tenía 664 artículos. El borrador que circuló en las últimas semanas, previo al debate en las comisiones de la Cámara baja, tenía 279 artículos. La versión que logró dictamen tiene 232, es decir que la iniciativa es una versión mucho más reducida que la inicial.
En el plano laboral, la reforma quedó acotada a 17 artículos. El artículo referido a la cuota sindical, resistido por los sindicatos, fue dejado de lado. En el DNU 70/2023, cuyo fragmento laboral fue frenado por la Justicia, se limitaba el descuento compulsivo de la cuota sindical que aportan los trabajadores registrados (afiliados o no). Además, se eliminó el artículo que establecía que la participación en bloqueos o tomas de establecimiento era razón de “justa causa” de despido. También se mantiene la “ultraactividad” de los convenios colectivos de trabajo, que el DNU buscó eliminar.
En el ámbito de las privatizaciones, se dejó de lado el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias, aunque el ministro del Interior, Guillermo Francos, advirtió que el Gobierno no descarta su privatización en el mediano plazo.
El oficialismo, además, eliminó los capítulos vinculados a la defensa de la competencia y al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Ley Bases
El nuevo texto de la Ley Bases quedó en 232 artículos con las retenciones a diferentes productos que quedaron eliminadas, las facultades delegadas pasaron de 16 a 3 y un fuerte recorte en la cantidad de empresas del Estado que la Casa Rosada busca privatizar.
El proyecto declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Entre otras disposiciones, establece un marco regulatorio para Fondos Fiduciarios; prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones RIGI.
Asimismo, se definió excluir al Banco Nación del listado de empresas a privatizar, que quedó conformado por Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
Reforma laboral
El texto establece la eliminación de las multas laborales para aquellos empleadores que, a cambio, registren a los trabajadores que hasta ese momento estén “en negro”.
También modifica el período de prueba, que en la última versión tenía una duración de seis meses. En la versión final de la Ley Bases, ese plazo se mantiene para las empresas de más de 100 empleados. Mientras que lo eleva a ocho para las empresas que tengan entre 6 y 100 trabajadores y lo lleva a un año para las firmas de hasta cinco empleados.
Se crea la figura de fondo de cese como nueva institución para hacerle frente al pago de las indemnizaciones. Vale tener en cuenta que, antes de la implementación de esta opción, los sindicatos deberán adherir, mientras que el procedimiento del mismo quedará en manos de Trabajo.
La reforma incluye la posibilidad de que las empresas contraten un seguro para solventar las indemnizaciones. Para el empleador, esta opción sería más económica que el fondo de cese laboral. Mientras que este representa un aporte de hasta el 8% de la remuneración, mientras que el seguro representaría un 3%.
Se contempla la protección contra el despido por discriminación. Agravaba hasta un 50% la indemnización por despido motivado por un acto discriminatorio, ya sea de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
Impuesto a las Ganancias
La modificación del Impuesto a Ganancias incluye un nuevo cambio. De sancionarse la ley, el piso pasará a $ 1,8 millones para los solteros y escalas armonizadas (las alícuotas arrancarán en el 5%). El oficialismo no podrá avanzar en la actualización anual y contemplando el IPC.
La propuesta ahora señala que sea semestral (julio y diciembre), pero, este año habrá una excepción. Esa actualización será trimestral, para hacerle frente a los altos índices de inflación. En septiembre de este año, de sancionarse la ley, se aplicaría una actualización.
Blanqueo
El paquete fiscal incluye un blanqueo. Las personas físicas que no adhieran al blanqueo pagarán un 0,5% menos de Bienes Personales por tres años. En tanto, para las empresas, por ese mismo período, tendrán una reducción del 0,12%.
El nuevo proyecto cuenta con 232 artículos en total.
* Se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
* Se delegan facultades al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
* El Gobierno deberá informar “mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos”.
* Como bases de delegaciones legislativas, se dispone: mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas; y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
* Se prohíbe que el Ejecutivo pueda intervenir “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”, al tiempo que tampoco “podrá disponer la disolución” de un conjunto de organismos como CONICET, ANMAT, INCAA, CONAE, ENACOM, INTA, entre otros.
* Sobre los fondos fiduciarios se lo autoriza al PEN a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar” los mismos, pero se aclara qué deberá hacerse con las fuentes de financiamiento. Se excluye de la lista al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565.
* En el capítulo de privatizaciones, para los casos de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima y Yacimientos Carboníferos Río Turbio se podrán “únicamente organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin” e “incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social”.
* Sujetas a total privatización figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U.; y en el esquema de privatización/concesión aparecen AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.
* “El proceso de privatización deberá desarrollarse de conformidad con los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”, reza uno de los artículos sobre el proceso en que también tomarán parte la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la AGN y la SIGEN.
* El Gobierno incluyó en esta nueva versión la derogación de la Ley 27.705, de Plan de Pago de Deuda Previsional, sancionada en febrero de 2023, más conocida como la moratoria previsional para que quienes no cuentan con los aportes necesarios puedan acceder a una jubilación. Así, la moratoria se elimina, pero a propuesta de la oposición dialoguista se agrega la creación de una “Prestación de Retiro Proporcional” para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y no cumplan con los requisitos necesarios.
* Se prevé la promoción del empleo registrado. “Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la ley”.
* “La reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse, los que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. Se podrá establecer incentivos para la cancelación de la obligación de contado y beneficios especiales para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, agrega.
* El articulado también indica que los trabajadores incluidos en la regularización tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por la que se los regularice, calculados sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil.
* El proyecto prevé modificaciones en la Ley de Empleo Público; y un capítulo de energía con reformas a la Ley de Hidrocarburos y Ley de Gas Natural.
* Se plantea la creación de un Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos por encima de los 200 millones de dólares.
Reforma laboral
* Eliminación de multas a empleadores por tener trabajadores no registrados.
* Se lleva el período de prueba a seis meses y se determina que podrá ser de hasta ocho meses en empresas de seis hasta 100 trabajadores, y de hasta un año en empresas de hasta cinco trabajadores.
* Fondo de cese laboral: Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización y/o la suma que libremente se pacte entre las partes.
* Se introduce la figura de “colaboradores” en empresas de hasta cinco trabajadores “independientes” para “llevar adelante un emprendimiento productivo”. Se habla de una “relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras e incluirá, tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores, el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al Régimen Previsional, al Régimen Nacional de Obras Sociales y Sistema Nacional del Seguro de Salud y al Régimen de Riesgos del Trabajo, en las condiciones y requisitos que establezca la reglamentación”.
Temas que fueron excluidos
* El Banco Nación se eliminó de la lista de privatizaciones.
* Se sacó el apartado referido a la consolidación de deuda pública del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
* Se quitó el apartado sobre impuestos internos al tabaco.
* Se eliminó el capítulo sobre defensa de la competencia.
Disidencias de los bloques dialoguistas (reclamarán en el recinto)
* Impuestos internos al tabaco.
* Eliminación de contribuciones obligatorias a los sindicatos.
* Contemplar al INTI, al Instituto de la Música y al Instituto del Teatro dentro del listado de organismos que el PEN no podrá intervenir.
* Menores montos de inversión requeridos para que las MiPyMEs puedan acceder al RIGI.