En un giro que intensifica el debate sobre el cannabis medicinal en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha impuesto nuevas restricciones para aquellos que desean inscribirse en el Registro del Programa Cannabis (Reprocann), generando preocupación y controversia en la comunidad.
La reciente Resolución 3132/2024, firmada por el ministro de Salud Mario Russo, establece que los profesionales que prescriban cannabis medicinal deben poseer una Diplomatura o Maestría específica sobre el uso medicinal de la planta. Este nuevo requisito complica el acceso al tratamiento para miles de pacientes que dependen del Reprocann, un programa que desde marzo de 2021 permitía la inscripción con solo una indicación médica y la completación de formularios pertinentes.
Las autoridades sanitarias defendieron las nuevas medidas afirmando que el Reprocann “seguirá funcionando, pero de manera más ordenada y rigurosa”. Sin embargo, para asociaciones civiles y fundaciones, las restricciones representan un obstáculo significativo. Estas organizaciones ahora deben inscribirse como personas jurídicas, cumplir objetivos específicos del Programa Nacional, y presentar una extensa documentación que acredite su funcionamiento. Además, los miembros de sus directivas no deben tener antecedentes penales relacionados con estupefacientes o el uso indebido de cannabis medicinal.
Las nuevas normativas también imponen límites estrictos en el cultivo y transporte de cannabis medicinal. A los cultivadores se les permite representar a un máximo de dos personas y cultivar entre 1 y 9 plantas florecidas por paciente. Para el transporte, solo se permite mover entre 1 y 6 frascos de 30 ml o hasta 40 gramos de flores secas.
La presidenta de la asociación Familias Cultivando y miembro de Educanar, Mariana Ríos, ya había advertido sobre un posible colapso del Reprocann meses atrás, debido a los retrasos en las autorizaciones. Según Ríos, estos retrasos obligan a muchos pacientes a abandonar sus tratamientos críticos o a recurrir a la compra de aceite de cannabis, una opción significativamente más costosa y fuera del alcance de muchos.
“Los pacientes se ven forzados a comprar aceite de cannabis, mucho más costoso y no al alcance de todos”, lamentó Ríos. La falta de rapidez en la resolución de solicitudes pone a los usuarios en una difícil situación, enfrentando la ilegalidad o la discontinuidad de su tratamiento.
Este cambio regulatorio agrava los desafíos ya existentes para los miles de personas que dependen del cannabis medicinal. La comunidad, compuesta por pacientes, profesionales y defensores del cannabis medicinal, espera una respuesta más coherente y accesible a las necesidades de los afectados. Mientras tanto, el panorama se presenta complicado para quienes buscan en la planta un alivio para sus dolencias y patologías.
