(NOTI-RIO) Los bloques del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical han lanzado una contundente intimación al Poder Ejecutivo Municipal, otorgándole un plazo de 48 horas para que brinde un informe detallado sobre la cantidad y tipo de empleados municipales. En caso de no obtener una respuesta dentro de ese plazo, los bloques anunciaron que recurrirán a la justicia para acceder a la información solicitada.
Este reclamo surgió durante la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante, donde lo que parecía una reunión rutinaria se transformó por momento un intenso debate sobre la falta de respuesta por parte del intendente ante varios pedidos de informe. Paula Mele del PJ, una de las concejalas que lidera la exigencia, expresó su frustración:
“Es la tercera vez que estamos pidiendo esta información, que es un derecho básico de acceso público. No pedimos nombres ni detalles personales, solo un número que nos permita elaborar distintos proyectos. No entendemos por qué el intendente no responde a un pedido tan simple que debería estar disponible de manera automática en el sistema municipal.”
El pedido, realizado inicialmente el 22 de julio, exige detalles sobre el personal municipal, incluyendo empleados de planta permanente, temporales, adherentes y políticos, así como aquellos jubilados y con licencia médica. La concejala Mele subrayó que este informe es fundamental para la transparencia y el desarrollo de políticas municipales.
Sin embargo, según Mele, el intendente no solo ha evadido responder el pedido de manera clara, sino que ha enviado respuestas con largas explicaciones históricas que no responden al tema solicitado. Incluso, en una reciente comunicación, se le indicó que revise los archivos del Consejo Deliberante desde 2015, algo que Mele calificó como absurdo:
“Es un trabajo inmenso que no tiene sentido cuando los datos están disponibles en un sistema informático del municipio. Solo deben presionar un botón para obtener la información. ¿Por qué tanta resistencia? Me siento ofendida y tomada por el pelo.”
Por su parte, Duilio Albariño del bloque JSRN, reconoció que el tema está siendo debatido en la comisión de gobierno, pero agregó que el intendente probablemente se niegue a compartir ciertos datos por consideraciones políticas y de privacidad. Aun así, sostuvo que la información está disponible, aunque no necesariamente de la manera que se espera: “La información está accesible, tal vez no en la forma que se pretende por la oposición.”
El cruce de opiniones continuó, con algunos concejales de la oposición cuestionando la transparencia de la gestión y señalando que, a pesar de ser un gobierno que se proclama como uno de los más transparentes, resulta contradictorio que un pedido tan simple no haya sido respondido.
Vanesa Picabea del bloque UCR, también expresó su preocupación durante el debate, destacando la incongruencia entre el discurso oficial del gobierno municipal y la falta de respuestas concretas: “Un gobierno que se proclama tan transparente y ordenado, que lleva nueve años en el poder, no debería tener dificultades para encontrar esta información. Si a nosotros, como concejales, nos piden revisar archivos desde 2015 para obtener estos datos, ¿qué le queda a un ciudadano común que quiera ejercer su derecho al acceso a la información?”
Carlos Messenger, concejal del oficialismo, defendió la postura del Ejecutivo señalando que la información solicitada ya se encuentra disponible en las resoluciones que ingresan al Concejo Deliberante: “Desde que comenzó este año, el Ejecutivo ha enviado alrededor de 400 resoluciones con detalles sobre movimientos de personal, jubilaciones y contrataciones. Toda esta información está a disposición, quizás no de la manera exacta que algunos esperan, pero está ahí para ser consultada. Creo que hay voluntad de mantener informados a todos, solo falta acercarse a los informes que ya ingresaron.”
Finalmente, Mele concluyó la sesión reiterando la advertencia: “Si en 48 horas no tenemos una respuesta, iniciaremos acciones legales. No queremos pensar mal, pero tras meses de silencio, es inevitable cuestionarse si hay algo que están ocultando.”
Este conflicto ha puesto sobre la mesa el debate sobre el acceso a la información pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen la transparencia en la gestión municipal. Todo apunta a que, si no se recibe una respuesta en el plazo indicado, este enfrentamiento podría terminar en los tribunales.
