El exministro de Educación de Río Negro, César Barbeito, ha vuelto al centro de la polémica tras una serie de decisiones confusas por parte de la Junta de Disciplina del Consejo Provincial de Educación. A pesar de llevar más de una década alejado de la función pública, Barbeito se encuentra nuevamente en la mira del gobierno provincial, lo que él denuncia como una “persecución política”.
El episodio de la exoneración fallida
Todo comenzó a principios de agosto de 2024, cuando la Junta de Disciplina emitió la Resolución 196/2024, que exoneraba a Barbeito de todos sus cargos docentes, prohibiéndole ejercer la docencia en la provincia de Río Negro. Esta decisión se basaba en un expediente de 2018, relacionado con las causas judiciales que involucraron al exministro por “sobresueldos” y el uso indebido de vehículos oficiales. Aunque Barbeito fue condenado en su momento, esas sentencias no son definitivas, lo que complica su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, apenas 13 días después, la misma Junta emitió una nueva resolución (215/2024) que anulaba la exoneración sin mayores explicaciones, generando confusión en la opinión pública. La ausencia de justificaciones claras en ambos documentos ha alimentado una creciente desconfianza hacia el manejo del Consejo Provincial de Educación y ha dejado preguntas sin respuesta.
Denuncia por persecución política
Barbeito, quien ocupó el cargo de ministro de Educación durante la gestión del radical Miguel Saiz entre 2005 y 2011, ha expresado su indignación ante lo que considera un claro caso de persecución política. Según el exministro, este no es un hecho aislado. En los últimos meses, además de la exoneración que posteriormente fue anulada, se reabrió un expediente en el Tribunal de Cuentas que llevaba más de 15 años cerrado, y por el cual se le impuso una multa de 300.000 pesos.
“Esto es una persecución política, es una decisión del gobierno provincial de seguir afectándome hacia afuera”, declaró Barbeito en entrevista con el Diario RÍO NEGRO. Para él, tanto la exoneración como la reactivación del expediente judicial responden a una maniobra orquestada por el gobierno de Alberto Weretilneck, con el fin de afectar su imagen y su actividad política, a pesar de que lleva años alejado de la primera línea.
La opacidad en la Junta de Disciplina
Uno de los aspectos más controvertidos de este caso es la falta de transparencia en el proceso. Las resoluciones de la Junta de Disciplina contienen pocos detalles y abundan los puntos suspensivos en los considerandos, lo que ha provocado malestar tanto en el ámbito educativo como en el político. Las fuentes oficiales califican la situación como un “error administrativo”, pero algunos sectores piden explicaciones más profundas.
Barbeito ha señalado que jamás fue notificado formalmente de la exoneración, y que solo se enteró por la publicación en el Boletín Oficial. Cuestiona que, mientras a otros funcionarios se les permite defenderse, en su caso no se le ofreció esa oportunidad. “Le dan el derecho a defensa hasta a los violadores que sacan de las escuelas y a mí nada”, afirmó indignado.
Repercusiones políticas y judiciales
El exministro está evaluando junto con su abogado la presentación de una denuncia penal por persecución política contra el gobierno de Weretilneck, la cual planea radicar en Viedma en las próximas semanas. Además, las implicaciones de este caso podrían generar futuras repercusiones en el ámbito judicial y educativo de Río Negro, donde ya se alzan voces exigiendo una mayor transparencia en el manejo de la Junta de Disciplina y el Consejo Provincial de Educación.
El trasfondo de este episodio no solo involucra viejas causas judiciales y presuntos errores administrativos, sino también las dinámicas de poder que siguen vigentes en la provincia. Barbeito, aunque retirado de la política activa, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta, y su denuncia podría abrir una nueva etapa de conflicto en la arena política rionegrina.
