(NOTI-RIO) El conflicto entre la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y el gobierno provincial de Alberto Weretilneck escaló esta semana con un paro docente que desafía las advertencias del Ejecutivo y mantiene en vilo a la comunidad educativa de la provincia. A pesar de los intentos del gobierno por frenar la medida, incluyendo amenazas de descontar los haberes de quienes no se presenten a trabajar, Unter ha reafirmado su derecho constitucional a la huelga y presentó un amparo legal para frenar la resolución del gobierno.
Disputas por la legalidad del paro y el rol de la Secretaría de Trabajo
La tensión se profundizó cuando el gobierno declaró ilegal el paro, alegando que Unter no cumplió con los plazos legales para notificar la medida. En respuesta, el sindicato docente presentó documentación que respalda haber cumplido con todos los requisitos legales al notificar el paro el 29 de octubre, dos días antes de su implementación. La secretaria general de Unter, Silvana Inostroza, denunció que la administración provincial pretende “vulnerar el derecho constitucional” de los trabajadores a protestar y calificó las amenazas de descuentos salariales como un intento de “disciplinamiento”.
Inostroza y otros dirigentes sindicales se reunieron con la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, a quien solicitaron la derogación de la resolución que exhorta a desistir del paro y pidieron un adelanto de la paritaria para discutir un aumento salarial para todos los cargos del sistema educativo. En el encuentro, los representantes de Unter expresaron su preocupación por la falta de imparcialidad en la actuación de la Secretaría de Trabajo, un organismo que debería asumir un rol neutral y mediador en el conflicto, según remarcaron.
Exigencias salariales y reclamo de derechos laborales
Los reclamos de Unter abarcan varios puntos críticos: desde el incumplimiento de las paritarias homologadas hasta la retirada de licencias gremiales para sus representantes. “Cuestionamos la decisión política de declarar ilegal nuestra medida de fuerza y exigimos respeto a nuestro régimen de licencias y a los acuerdos salariales”, expresó Inostroza, destacando que el sindicato no sólo reclama una revisión salarial, sino también la aplicación de políticas que favorezcan la educación pública y los derechos laborales.
Ante la falta de avances en el diálogo, Unter subrayó que la postura del gobierno provincial es reflejo de una política nacional que, según ellos, ignora las necesidades de los trabajadores y ataca los derechos de los docentes. Advirtieron, además, sobre una “campaña de desprestigio y amedrentamiento” contra el sector, que invisibiliza la labor educativa diaria en las escuelas de la provincia.
Un conflicto que afecta a toda la comunidad educativa
Este enfrentamiento abierto entre Unter y el gobierno provincial impacta no sólo a los docentes, sino también a la comunidad educativa y a las familias rionegrinas, que ven afectada la estabilidad de la educación pública. Mientras Unter mantiene su postura de continuar con las medidas de fuerza hasta que el gobierno acceda a un diálogo con propuestas concretas, el Ejecutivo se muestra inflexible y refuerza la advertencia de sanciones.
La situación se presenta como un desafío para la administración de Weretilneck, que deberá decidir si flexibiliza su postura y reabre la negociación o continúa con las medidas de presión contra el gremio docente, arriesgando así una escalada en las protestas que podría afectar el curso de clases en toda la provincia.
