(NOTI-RIO) La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó los honorarios que percibirán los abogados que representaron a la provincia de La Pampa en el juicio por el reclamo del financiamiento del déficit previsional acumulado durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. La sentencia, emitida el pasado 27 de diciembre de 2024, establece que Gerardo Conte Grand y Silvia Armagno recibirán un total de 42 millones de pesos como compensación por su labor jurídica.
Un fallo trascendental
La resolución de la Corte es una de las últimas adoptadas por el tribunal con su composición original de cuatro miembros: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda, este último retirado al cumplir los 75 años, como establece la Constitución.
El litigio tiene su origen en 2017, cuando la provincia de La Pampa demandó al Estado Nacional por deudas relacionadas con el financiamiento del déficit previsional correspondiente a los ejercicios de 2009 a 2014. Dichas deudas se remontan a los acuerdos establecidos en el Pacto Fiscal de 1999, que garantizaba la cobertura del déficit previsional para aquellas provincias que no habían transferido sus cajas previsionales a la Nación durante los años noventa.
Contexto político e institucional
Durante los años del litigio (2009-2014), la relación entre la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno pampeano estuvo marcada por tensiones. Carlos Verna, una figura clave del Partido Justicialista en La Pampa, lideraba el ejecutivo provincial y mantenía un enfrentamiento político con la mandataria. Incluso durante la gestión de Oscar Jorge, gobernador alineado con el kirchnerismo, no se logró que la administración nacional saldara la deuda previsional.
No fue sino hasta 2020, ya en el gobierno de Alberto Fernández, que se alcanzó un acuerdo para cancelar dicha deuda. El gobernador Sergio Ziliotto y el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Alberto Vanoli, firmaron el convenio que posteriormente fue ratificado por el entonces presidente.
Honorarios excepcionales
La Corte Suprema, atendiendo a la complejidad del caso y a la magnitud de los montos involucrados, resolvió fijar los honorarios de los abogados por encima de los mínimos establecidos por la legislación vigente. Gerardo Conte Grand, un abogado sanjuanino con una vasta trayectoria que incluye haber sido subsecretario de la SIDE durante el gobierno de Carlos Menem y legislador en diversos cargos, fue uno de los designados para llevar adelante la causa. Actualmente integra el prestigioso estudio Conte-Grand, Doncel Jones & Aicega, especializado en derecho constitucional.
Por su parte, Silvia Armagno, profesional de la Fiscalía de Estado de La Pampa, también desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del litigio. Su experiencia en la defensa de los intereses provinciales fue clave para alcanzar un resultado favorable.
Impacto del fallo
El monto fijado por la Corte Suprema, 42 millones de pesos, subraya la relevancia del trabajo jurídico realizado en un caso que involucró una deuda histórica de proporciones significativas para La Pampa. Además, sienta un precedente en cuanto a la valoración de los honorarios de los abogados en litigios de alta complejidad y relevancia institucional.
Este fallo no solo marca el cierre de una disputa que se extendió por más de una década, sino que también refuerza la importancia del cumplimiento de los acuerdos fiscales entre la Nación y las provincias. Con ello, se espera que la resolución sirva como base para futuros reclamos y garantice un trato equitativo en materia previsional a nivel federal.
