(NOTI-RIO) El Gobierno nacional oficializó el traspaso de la Central Hidroeléctrica Río Escondido, ubicada en El Foyel, provincia de Río Negro, a la empresa Hidden Lake S.A., vinculada al magnate británico Joe Lewis. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 324/2025, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti .
La central cuenta con una potencia instalada de 7,2 megavatios y queda habilitada para operar en el Mercado Eléctrico Mayorista como agente generador. Sin embargo, la autorización es provisoria y estará condicionada a que la empresa firme el contrato de concesión con el Estado nacional antes del 31 de diciembre de 2025.
Según la resolución, CAMMESA validó que Hidden Lake S.A. cumplió con los requisitos técnicos y legales exigidos para asumir la titularidad de la planta. Además, se instruyó que cualquier sobrecosto o penalidad derivado del traspaso sea absorbido por la empresa. El trámite fue publicado previamente sin recibir objeciones formales .
La decisión reavivó las críticas en torno a la presencia de Joe Lewis en la Patagonia. El empresario, dueño de más de 12 mil hectáreas en la región, mantiene desde hace años un conflicto por el acceso público al Lago Escondido, sobre el cual pesan fallos judiciales que ordenan garantizar la libre circulación. Pese a ello, organizaciones sociales y ambientalistas lo acusan de bloquear el ingreso mediante seguridad privada, situación que motivó múltiples denuncias y una intervención de la Inspección General de Justicia para solicitar la nulidad de Hidden Lake S.A. como persona jurídica.
Diversos sectores políticos y sociales cuestionan que la autorización representa un nuevo avance del capital extranjero sobre recursos estratégicos. Además, señalan la falta de beneficios concretos para las comunidades locales y la ausencia de mecanismos claros de control estatal.
El Lago Escondido se ha transformado en un símbolo de la disputa entre intereses privados y el reclamo ciudadano por la soberanía y el acceso público al territorio. La persistente negativa de Lewis a cumplir con las resoluciones judiciales, sumada a la inacción estatal, ha generado movilizaciones y presentaciones legales.
Con esta autorización, Lewis amplía su presencia en el negocio energético de la Patagonia en un contexto de creciente malestar social y debate sobre el control de los recursos naturales en zonas de frontera.
