(NOTI-RIO) Una cadena de errores administrativos y descoordinación institucional mantiene en el limbo la aplicación del fallo judicial que ordena suspender la Resolución 460/25, la cual habilita el ingreso de carne con hueso a la región patagónica. Mientras tanto, el tránsito de camiones cargados con ese tipo de mercadería continúa sin restricciones, desatando incertidumbre entre productores, frigoríficos y transportistas.
El conflicto tuvo su punto de inflexión el pasado viernes a las 13:01, cuando la Sociedad Rural de Tierra del Fuego, encabezada por Lucila Apolinaire, logró depositar los 5 millones de pesos exigidos por la Justicia como caución, ante posibles perjuicios derivados de la medida cautelar solicitada. La sentencia judicial, emitida por la jueza Mariel Borruto, ordenaba la suspensión inmediata de la normativa nacional que habilitaba el tránsito de carne con hueso en la zona considerada libre de aftosa sin vacunación.
Sin embargo, el fallo nunca se ejecutó. La razón: un error procesal cometido por el Juzgado Federal de Tierra del Fuego, que delegó en la parte actora —la Sociedad Rural— la responsabilidad de notificar al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
“Cuando pagamos la caución, pensamos que ya quedaba firme y que tenían que comunicar al SENASA”, expresó Apolinaire en declaraciones a +P. No obstante, desde el juzgado se le indicó que debía ella misma encargarse de la notificación “vía cédula electrónica”, una decisión que luego fue reconocida como improcedente por el secretario del juzgado, Ulises Ponte, quien admitió que la notificación “debió haber sido realizada por Secretaría”.
Recién el lunes siguiente se solicitó una revisión de este procedimiento, pero para entonces el daño ya estaba hecho: el SENASA no había recibido instrucciones oficiales y la Resolución 460 seguía en vigor. Consultadas al respecto, fuentes del organismo nacional indicaron: “Por el momento, la Resolución 460/25 sigue vigente”.
Lo más grave es que el coordinador jurídico regional del SENASA, José Luis Darriba, ya tenía en su poder desde hacía más de 24 horas la cédula electrónica con la sentencia de la jueza Borruto. Aun así, ninguna directiva se transmitió al personal de las barreras sanitarias, lo que permitió la libre circulación de carne con hueso pese a la existencia de un fallo judicial que lo prohíbe.
En paralelo, inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile se encuentran en la región realizando una auditoría clave. Desde el país vecino, se suspendió el ingreso de productos cárnicos argentinos luego de que se habilitara el paso de carne con hueso a Patagonia, al considerar que se comprometía el estatus sanitario de la zona. El resultado de estas inspecciones podría ser decisivo para revertir —o no— el cierre fronterizo chileno, lo que afecta directamente a los productores lanares de la Patagonia austral, principales exportadores hacia ese mercado.
“No sabemos quién controla esto”, afirmó Apolinaire, visiblemente frustrada ante la falta de ejecución de una sentencia que, en los papeles, tenía efecto inmediato. La situación expone un preocupante nivel de improvisación en la articulación entre el Poder Judicial y los organismos nacionales, en un tema que no solo involucra intereses económicos, sino también cuestiones sanitarias internacionales.
