(NOTI-RIO) El Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste tramita una nueva demanda por daños y perjuicios contra la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), vinculada a la comercialización de terrenos en el fraccionamiento denominado Tajamar, ubicado en la localidad balnearia de Las Grutas.
La causa se encuadra en la Ley de Defensa del Consumidor y solicita, entre otras medidas, un embargo preventivo para garantizar una eventual condena.
La presentación judicial fue impulsada por un comprador que suscribió un contrato de compraventa en septiembre de 2020 por un lote de aproximadamente 466 metros cuadrados.
Según consta en el expediente, el precio acordado fue de 1,65 millones de pesos, con una modalidad de pago mixta: un anticipo y el saldo financiado en cuotas mensuales.
De acuerdo con los comprobantes aportados, el adquirente habría abonado una suma total que supera ampliamente el monto original pactado, producto de actualizaciones y pagos sostenidos en el tiempo.
El eje central del reclamo se apoya en el incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales.
En el contrato, la vendedora se comprometía a ejecutar obras de infraestructura básica -como apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público- dentro de un plazo máximo de 10 meses, con una posible prórroga excepcional.
Sin embargo, al momento de iniciarse la acción judicial, esos plazos se encontraban largamente vencidos y las obras no se habrían concretado.
Además de la falta de infraestructura, la demanda sostiene que no se avanzó en el proceso de escrituración, ni se garantizó que el lote reuniera las condiciones legales y urbanísticas mínimas para su uso. El terreno, siempre según la acusación, continúa sin servicios básicos y sin habilitación municipal, lo que imposibilita cualquier proyecto de construcción o planificación habitacional.
Frente a este escenario, el comprador notificó formalmente la rescisión del contrato por culpa de la parte vendedora, invocando la normativa del Código Civil y Comercial. También ejerció el derecho de retención de pagos, una decisión que fue comunicada mediante carta documento. La demanda solicita la devolución íntegra del dinero abonado, actualizado a valores actuales, argumentando que el daño económico debe medirse en función de lo que hoy costaría adquirir un lote de características similares.
Un loteo sin aval municipal
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la situación administrativa del fraccionamiento Tajamar.
Según se expone en la denuncia, el emprendimiento no contaría con aprobación formal del Municipio de San Antonio Oeste, ni con inscripción catastral definitiva, ni con plano de mensura registrado.
Estas omisiones impedirían no sólo la escrituración, sino también la obtención de permisos de edificación y la conexión a servicios públicos.
El Código de Edificación municipal establece requisitos claros para considerar un terreno apto para la construcción, entre ellos la apertura oficial de calles, la delimitación catastral y la existencia de infraestructura básica. Ninguna de estas condiciones, sostienen los abogados, habría sido acreditada.
Un conflicto que no sería aislado
La causa judicial también contextualiza el caso dentro de un marco más amplio de reclamos.
Se menciona la existencia de otras denuncias, tanto judiciales como administrativas, vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario.
Según la presentación, pese a los conflictos en curso, los lotes habrían continuado ofreciéndose a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que podría configurar una práctica comercial reiterada y potencialmente abusiva.
En ese sentido, los demandantes solicitan la aplicación de daño punitivo, la eventual nulidad contractual y la publicación de la sentencia, en línea con el principio de protección al consumidor.
Todo ello se ve agravado -señalan- por la condición pública de la demandada, actualmente diputada nacional, lo que imprime una dimensión institucional al conflicto.
La causa continúa en etapa inicial y será la Justicia la que determine las responsabilidades y eventuales sanciones.
Mientras tanto, el expediente vuelve a poner bajo la lupa un emprendimiento inmobiliario que, según los reclamos acumulados, arrastra irregularidades de larga data y mantiene en vilo a varios compradores.
