(NOTI-RIO) La Legislatura de Río Negro tuvo una agenda cargada en los últimos días, con debates que atravesaron lo fiscal, lo institucional y el funcionamiento del Estado. Desde cambios impositivos hasta propuestas para reformar la Justicia y reconocer formalmente a las comunidades religiosas, los temas pusieron sobre la mesa discusiones de fondo que impactan directo en la vida cotidiana de los rionegrinos.
Uno de los ejes centrales fue la presentación del paquete fiscal para el Ejercicio 2026, a cargo del director ejecutivo de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri. Ante un plenario de comisiones, explicó los alcances de los proyectos de modificación del Código Fiscal y de la Ley Impositiva Anual. El mensaje fue claro: no habrá aumentos de la carga tributaria y, en algunos casos, incluso habrá alivio. “No se incrementa en nada la carga tributaria de los rionegrinos, sino todo lo contrario”, sostuvo el funcionario, remarcando que impuestos masivos como el Inmobiliario y el Automotor tendrán menor presión que en 2025.
Entre los puntos más destacados aparece la reducción al 1% de la alícuota de Ingresos Brutos para el transporte y distribución de energía eléctrica y gas, una medida que busca impactar en las tarifas y posicionar a Río Negro como la provincia con menor carga impositiva en ese rubro. También se mantienen topes en los impuestos patrimoniales, con aumentos por debajo de la inflación estimada, y se sostienen beneficios como descuentos por pago anual, débito automático y cumplimiento fiscal. En paralelo, se introducen ajustes para evitar exenciones indebidas, como en el caso de inmuebles estatales que no cumplen funciones públicas.
El debate no estuvo exento de observaciones. Legisladores plantearon revisar exenciones a grandes productores, cuestionaron facultades delegadas al Ejecutivo y pidieron analizar nuevas actividades productivas. Palmieri se mostró abierto a introducir cambios si eso facilita consensos.
La iniciativa presentada ante la Legislatura se fundamenta en mantener los lineamientos tributarios implementados por la actual Administración, lo que ha permitido un incremento sostenido en la recaudación, priorizando a la vez los principios de igualdad, equidad y progresividad del sistema.
Los dos proyectos buscan, según los autores de la propuesta, la seguridad jurídica de los contribuyentes y la eficiencia recaudatoria mediante reglas claras, realizando solo las modificaciones consideradas imprescindibles luego de dos años de cambios estructurales.
“No incrementan en nada la carga tributaria de los rionegrinos el año que viene, sino todo lo contrario”, afirmó Palmieri y añadió que “en los impuestos con más cantidad de contribuyentes (Automotor e Inmobiliario) hay menos carga fiscal que este año”.
Impuesto sobre los Ingresos Brutos: reducción clave
Una de las modificaciones más destacadas en la Ley Impositiva Anual es la reducción al uno por ciento (1%) de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) para el Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, y la Distribución de Gas Natural y Combustibles Gaseosos por Tuberías. Esta disminución logrará que Río Negro sea la jurisdicción con la alícuota más baja en esta actividad. El objetivo es beneficiar directamente al sector residencial, al industrial y a la totalidad de las actividades económicas de la provincia, que verán reducida la participación de este componente en sus facturas de luz y gas.
En términos generales, se mantienen las alícuotas de IIBB fijadas para el año 2025, conservando una estructura de alícuotas comparativamente menos gravosa que la mayoría de las provincias restantes.
Impuestos patrimoniales: actualizaciones y topes
En cuanto al Impuesto Inmobiliario, se propone una actualización del 25% interanual en los valores de la fórmula matemática de valuación fiscal, una cifra que se encuentra por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del ejercicio fiscal actual.
Respecto al Impuesto a los Automotores, se sostienen los topes al impuesto anual, con incrementos por debajo de la inflación estimada, proponiéndose un límite máximo de 25% en el aumento del impuesto anual respecto al monto de 2025. Adicionalmente, se mantiene una exención del 50% del pago del impuesto para vehículos de movilidad sustentable durante el período fiscal 2026.
Una modificación relevante en el Código Fiscal es la propuesta de introducir una limitación a la exención del Impuesto Inmobiliario que actualmente beneficia a los entes estatales (nacional, provincial y municipal). La exención solo procederá si el inmueble está efectivamente afectado al cumplimiento de funciones específicas del Estado. Si el inmueble es cedido o utilizado por particulares para fines no públicos, el ente estatal deberá pagar el impuesto o informar la identidad del usuario para su correcta imputación tributaria.
Bonificaciones y beneficios fiscales
Se ratifican importantes incentivos por cumplimiento fiscal para 2026:
•Bonificación por Cumplimiento: Se mantendrá un 5% de bonificación en los impuestos Inmobiliario y Automotor para aquellos contribuyentes que abonen en término y no posean deuda (o la tengan regularizada).
•Pago Total Anual: Se ofrece una bonificación del 20% para el pago total anual de los impuestos Inmobiliario y Automotor, si el contribuyente no registra deuda al 31 de diciembre de 2025. Si registra deuda, el beneficio por pago anual se reduce al 5%.
•Débito Automático: Se mantendrá una bonificación adicional del 10% para la adhesión al débito automático, siendo esta acumulable a las bonificaciones anteriores.
•Incentivos Línea Sur: Se renueva el Régimen Especial para la Línea Sur, con una disminución del 20% en el Impuesto a los Automotores y del 35% en el Impuesto Inmobiliario rural para las localidades y departamentos designados.
Impuesto de Sellos
Se proponen varias actualizaciones en el Impuesto de Sellos, como los importes fijos determinados para ciertos actos en un 25% respecto al ejercicio fiscal actual. Se mantiene la tasa del 0% para la compra de vehículos utilitarios 0km. de ciertos códigos (camiones, camionetas, furgones, pickups y semirremolques, y taxis/remises/utilitarios para transporte de pasajeros), siempre y cuando los compradores estén inscriptos y cumplan con requisitos de facturación en las actividades designadas. En un cambio normativo, se establece que si se acuerda más de una garantía personal en un acto u operación, se tributará solamente sobre una única garantía personal, buscando evitar el pago múltiple.
Consultas y propuestas de los legisladores
A la hora de consultar y proponer modificaciones, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) planteó la necesidad de estudiar las exenciones a los productores de actividades primarias con mayores recursos económicos.
Martina Lacourt (PRO – Unión Republicana) observó un párrafo del articulado que le otorga la facultad al Poder Ejecutivo de modificar el tope del aumento propuesto en el proyecto para el Impuesto a los Automotores. En ese sentido, Palmieri sostuvo que esa parte del texto “está desde siempre, pero si deciden acompañar la ley lo sacamos”.
Más adelante Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) hizo hincapié en la reclasificación de nuevas actividades productivas, lo que será tomado en cuenta en siete de ellas.
Presentaron en la Legislatura un anteproyecto para crear el Régimen de Personería Jurídica Religiosa y la Secretaría de Cultos
En otro plano, el vicegobernador Pedro Pesatti recibió a representantes de la Alianza Pastoral de Iglesias Evangélicas de Río Negro, quienes presentaron un anteproyecto para crear un Régimen de Personería Jurídica Religiosa y una Secretaría de Cultos. La iniciativa apunta a dar un marco legal específico a las comunidades religiosas, reconociendo su rol social y fortaleciendo el vínculo institucional con el Estado. Desde APIER destacaron el diálogo y la posibilidad de avanzar en una demanda que consideran histórica.
La iniciativa busca otorgar un marco normativo específico a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, reconociendo su identidad jurídica propia y fortaleciendo la relación institucional entre el Estado provincial y las distintas expresiones de fe presentes en Río Negro.
Del encuentro participaron el presidente de APIER, Fabián Huenchuano, junto a la Comisión Directiva y el pastor Alejandro Marenco, quienes destacaron la importancia de avanzar en una normativa que brinde orden, previsibilidad y reconocimiento a la labor social, comunitaria y espiritual que desarrollan las iglesias en toda la provincia.
Desde la Alianza Pastoral agradecieron a Pesatti la predisposición para recibir la propuesta y generar un espacio de diálogo institucional, valorando especialmente la apertura para escuchar una demanda histórica de las comunidades religiosas rionegrinas.
El anteproyecto será analizado en el ámbito legislativo correspondiente, como parte del proceso institucional previsto para este tipo de iniciativas.
Proponen eliminar la feria y establecer actividad continua en la Justicia rionegrina
La agenda legislativa se completó con un proyecto que promete generar debate: la eliminación de la feria judicial de verano e invierno. La propuesta, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, plantea que la Justicia funcione todo el año sin suspensión de plazos procesales. El argumento es simple y directo: hoy existen herramientas tecnológicas suficientes para garantizar continuidad sin afectar derechos laborales. Según el texto, un sistema judicial activo todo el año mejoraría el acceso a la justicia, reduciría demoras y fortalecería la confianza social.
La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone eliminar la feria judicial de verano e invierno, con el objetivo de que ese Poder funcione de manera continua durante todo el año.
La iniciativa plantea modificar el artículo 18 de la Ley Provincial N.º 5190, estableciendo que no se suspendan los plazos procesales en ningún momento del año y que el servicio de justicia se preste sin interrupciones prolongadas.
En los fundamentos del proyecto, la autora sostiene que la feria judicial es una institución histórica que respondió a condiciones materiales y organizativas hoy superadas. En ese sentido, remarca que actualmente el Poder Judicial cuenta con herramientas digitales, expediente electrónico, notificaciones remotas y audiencias virtuales, lo que permitiría garantizar la continuidad del servicio sin afectar su funcionamiento.
“El acceso a la justicia es un derecho constitucional que se ve afectado por las demoras estructurales que genera la paralización de plazos durante varias semanas al año”, señala el texto, advirtiendo que esta situación provoca acumulación de causas, dilaciones indebidas y una percepción social de ineficiencia.
El proyecto aclara que no se eliminan derechos laborales del personal judicial, sino que se propone un régimen moderno de licencias ordinarias y especiales, organizadas de forma escalonada. La reglamentación quedaría a cargo del Superior Tribunal de Justicia, que deberá garantizar la continuidad del servicio mediante turnos, subrogancias y reemplazos.
La iniciativa destaca que un Poder Judicial activo todo el año mejora la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones y el clima para el desarrollo económico, además de fortalecer la confianza pública en el sistema.
Como antecedente, se menciona que otras jurisdicciones avanzaron en reformas similares, como la Provincia de San Luis, que adoptó un esquema de funcionamiento judicial continuo.
