(NOTI-RIO) No es sólo una discusión política. Tampoco es un ruido menor de fin de año. La diputada nacional Lorena Villaverde, referente de La Libertad Avanza en Río Negro, terminó 2025 con un frente judicial abierto que impacta de lleno en su rol público: la Justicia Civil ordenó embargar parte de su dieta como legisladora para cubrir una deuda millonaria vinculada a su actividad privada.
El fallo salió de Bariloche, firmado por el juez Santiago Morán. Es claro, directo y poco habitual: ordena a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que retenga parte del sueldo y del aguinaldo de Villaverde hasta alcanzar los 40,5 millones de pesos. No es una sanción política. Es una medida judicial preventiva.
El origen del conflicto está en Las Grutas, en el loteo Tajamar. Años atrás, un comprador adquirió un terreno que nunca le fue entregado. Tiene boleto de compraventa, cartas documento, mediación previa. Todo eso está en el expediente. Lo que reclama no es menor: incumplimiento contractual, daños y perjuicios y el cobro de un canon locativo por el tiempo perdido.
El juez entendió que había elementos suficientes para avanzar. Por eso fijó el embargo: 27 millones de pesos de capital, más 13,5 millones en intereses y costas, de manera provisoria. La orden incluye el sueldo mensual y el medio aguinaldo, con los límites que marca la ley, y obliga a Diputados a depositar lo retenido en una cuenta judicial del Banco Patagonia. Si no se cumple, hay apercibimientos y multas diarias.
Este no es un caso aislado. Tajamar ya tuvo otros conflictos similares. En San Antonio Oeste hubo causas que no prosperaron porque se cerraron con acuerdos privados. Acá no. El demandante siguió adelante. Presentó testigos. Incluso declaró quien intermedió en el pago de las cuotas, muchas de ellas en efectivo.
Villaverde, como desarrolladora, explicó en otros expedientes que la pandemia demoró las obras y la infraestructura prometida. La Justicia, al menos en esta instancia, no evaluó el fondo del asunto, pero sí consideró verosímil el reclamo. Y eso alcanza para una cautelar de este tamaño.
El punto político aparece solo. Una diputada nacional con parte de su salario embargado por una causa civil activa no es algo común. Menos aún cuando el embargo debe ejecutarse desde el propio Congreso. No hay condena. No hay sentencia definitiva. Pero sí hay una señal fuerte.
Mientras tanto, la causa principal sigue su curso. Esto recién empieza. Y vuelve a dejar una pregunta flotando, incómoda pero necesaria: ¿qué pasa cuando los negocios privados de un dirigente chocan de frente con la función pública?
La historia está abierta. Los papeles ya hablan. Y esta vez, también lo hace el recibo de sueldo.
