(NOTI-RIO) El bloque legislativo Cambia Río Negro presentó un proyecto de ley ante la Legislatura provincial que apunta a hacer más atractiva la salida voluntaria de agentes públicos, a través de una batería de incentivos fiscales para quienes emprendan o sean contratados por el sector privado tras desvincularse del Estado.
La iniciativa firmada por los legisladores María Patricia Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, propone modificar el artículo 28 del Capítulo IV de la Ley provincial N° 3.135, que regula el Régimen General de Desvinculación Voluntaria para agentes de planta permanente del Poder Ejecutivo y organismos de control.
El ancla nacional: el RIFL
El proyecto se monta sobre una norma reciente del gobierno nacional. El 27 de febrero de 2026, el Congreso aprobó la Ley N° 27.802 de Modernización Laboral, reglamentada el 30 de abril mediante el Decreto N° 315/2026. Su Capítulo XX crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrece a los empleadores privados una reducción de contribuciones patronales durante 48 meses cuando incorporen trabajadores que provengan, entre otros casos, del sector público nacional, provincial o municipal.
Lo que busca Cambia Río Negro es precisamente ese puente: que los beneficios nacionales y los provinciales puedan acumularse sin contradicciones ni zonas grises interpretativas.
Qué le conviene al exagente que emprende
Para los agentes que, tras desvincularse, decidan iniciar una actividad económica unipersonal en la provincia, el proyecto prevé una exención del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros 12 meses, y del 50% por los 12 meses siguientes.
Quienes ya venían desarrollando una actividad mientras estaban en el Estado también tienen su capítulo: en ese caso, la exención sería del 50% el primer año y del 25% el segundo.
Qué le conviene a quien los contrate
El proyecto también apunta a incentivar al sector privado para que absorba a estos trabajadores. Las personas físicas o jurídicas que contraten en relación de dependencia a un exagente público dentro del año posterior a su desvinculación podrán acceder a un crédito fiscal provincial equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada trabajador incorporado. Ese beneficio se aplica sobre los impuestos a los Ingresos Brutos, Automotor o Inmobiliario, y tiene una duración de 12 meses o hasta que se extinga la relación laboral, lo que ocurra primero.
A eso se suman los beneficios de reducción de contribuciones patronales contemplados en la Ley Nacional N° 27.802 y en el Decreto N° 315/2026, que el proyecto provincial reconoce expresamente.
La lógica detrás de la propuesta
Según argumentan los propios autores del proyecto, la iniciativa es “una herramienta estratégica” para armonizar la normativa provincial con la nacional y garantizar que los trabajadores desvinculados puedan acumular ambos conjuntos de beneficios. En la práctica, el esquema apunta a reducir la resistencia a la desvinculación voluntaria al mejorar las perspectivas económicas del paso al sector privado, tanto para el propio agente como para el empleador que lo recibe.
