(NOTI-RIO) El intendente, apartado preventivamente por el Concejo Deliberante tras ser imputado por peculado y administración fraudulenta, se negó a dejar el cargo, calificó la medida como un “golpe institucional” y horas después canceló los actos oficiales por el Día de la Independencia
Allen amaneció este miércoles 8 de julio en medio de la crisis institucional más profunda de los últimos años. El Concejo Deliberante aprobó, por seis votos contra tres, la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román (La Libertad Avanza), imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado. El jefe comunal se negó a abandonar su despacho, denunció un “golpe institucional” y, horas más tarde, el propio Municipio anunció la suspensión de todas las actividades previstas para los festejos del 9 de Julio.
La suspensión y sus fundamentos
La ordenanza que dispuso el apartamiento se basó en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al cuerpo legislativo a resolver la suspensión preventiva de un funcionario cuando enfrenta un proceso penal. La medida tuvo aplicación inmediata y regirá hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial que involucra al intendente.
Según el dictamen del asesor legal del Concejo, Néstor Soler, que fundamentó jurídicamente la iniciativa, la suspensión tiene un carácter “meramente preventivo e higiénico en términos institucionales”, orientado a resguardar el desarrollo de la investigación judicial. El propio dictamen aclaró que la decisión no vulnera la presunción de inocencia del intendente, ya que no constituye una sanción sino una medida cautelar mientras avanza el proceso.
La votación dividió al cuerpo deliberativo. A favor se pronunciaron Fabián Figueroa (UCR Auténtica), Guillermo Pennesi (JSRN), Marta Crespo (Nos Une Río Negro), María Aburto (JSRN-MPP), Gustavo Addamo (JSRN) y Agustina Sánchez (JSRN). En contra votaron los concejales de la UCR Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic. Mientras dure la suspensión, Figueroa, presidente del Concejo, asumirá de manera provisoria la conducción del Poder Ejecutivo municipal.
La causa judicial: un celular en el centro del escándalo
La suspensión llegó apenas semanas después de que la Justicia formulara cargos contra Román. El 18 de junio, la jueza Natalia González tuvo por formulados los cargos contra el intendente y contra el empresario local de medios Sebastián Ocampo, imputado como presunto partícipe necesario de los hechos investigados por el Ministerio Público Fiscal.
El expediente se originó a partir de una denuncia de integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen y gira en torno a la compra de un teléfono celular Samsung A34 con fondos municipales.
Según la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Municipio habría autorizado la compra de un teléfono celular por un valor de 479.999 pesos mediante un servicio corporativo, mientras que la línea telefónica siguió siendo pagada con fondos públicos aunque el dispositivo terminó siendo utilizado por Sebastián Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal.
En la misma audiencia, la jueza rechazó un pedido de las defensas para excluir la declaración de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morel, y otorgó dos meses adicionales para que la investigación continúe incorporando prueba, entre ella declaraciones testimoniales pendientes.
El debate jurídico: procesamiento versus formulación de cargos
El principal punto de disputa entre los bloques giró en torno al alcance del artículo 109. Los concejales que rechazaron la suspensión sostuvieron que la norma exige un procesamiento formal y no una simple formulación de cargos. La edil Valeria Bezic argumentó en ese sentido, mientras que Antonio Sepúlveda planteó que el artículo no resultaría aplicable a un intendente electo por voto popular, y Analía Martínez cuestionó el procedimiento legislativo utilizado para tratar el proyecto.
Desde el oficialismo del Concejo, en cambio, remarcaron que restan diligencias pendientes en la causa y que la suspensión no equivale a una destitución, sino a una medida cautelar mientras continúa el trámite judicial.
Román se niega a dejar el cargo y denuncia un “golpe institucional”
Notificado formalmente por los concejales Figueroa, Pennesi y Aburto, Román no entregó el mando. En un video difundido por medios locales, el intendente afirmó que seis personas no van a decidir sobre lo que la mayoría popular votó”.
Más tarde, en un comunicado en sus redes sociales, calificó la resolución del Concejo como un “acto tremendamente avasallador, ilegal y anticonstitucional” y sostuvo que seis concejales decidieron apartarlo mediante una ordenanza que consideró espuria.
El jefe comunal insistió en que la Carta Orgánica prevé otro mecanismo para remover a un intendente: “La única manera de poder suspender, sacar o remover a un intendente es a través del proceso de revocatoria o por la finalización del mandato”, sostuvo, y convocó a los vecinos a acompañar la institucionalidad de la ciudad.
Román confirmó además que ya judicializó su suspensión y presentó una denuncia penal por “abuso total de autoridad” contra los concejales que votaron a favor de su apartamiento. Según trascendió, el intendente dispone de cinco días hábiles, conforme al procedimiento habitual, para definir si veta o promulga la ordenanza antes de que quede firme, aunque el sector que impulsó la suspensión sostiene que se trata de un acto institucional de control y no de una ordenanza ordinaria pasible de veto.
Además del apartamiento, la ordenanza establece que Román dejará de percibir su salario mientras continúe suspendido.
Se cayeron los actos oficiales por el Día de la Independencia
En medio de la tensión institucional, el Municipio de Allen difundió pocas horas después un comunicado oficial informando que las actividades programadas para este 9 de Julio por el Día de la Independencia quedaban suspendidas “hasta nuevo aviso”. La medida alcanzó a la Caminata Patria Urbana, el Pericón Nacional y el Encuentro de Danzas Folklóricas, previstos en la agenda oficial de la celebración patria. Desde el Ejecutivo local no se precisaron los motivos puntuales de la cancelación, aunque el anuncio se dio en pleno contexto de disputa por el control del Municipio. El comunicado señaló que oportunamente se informará la nueva fecha para la realización de las actividades, y agradeció la comprensión de la comunidad.
Quién es Marcelo Román
Román llegó a la intendencia de Allen en 2023 por la Unión Cívica Radical, dentro de una alianza provincial. Poco después de asumir, <cite index=”7-1″>rompió con ese espacio y se incorporó a La Libertad Avanza, convirtiéndose en el primer intendente libertario de Río Negro</cite>. Antes de su carrera política, <cite index=”7-1″>desarrolló 24 años en la Policía de Río Negro, donde alcanzó el grado de comisario</cite>, luego fundó una academia de manejo y comenzó su actividad política como concejal de la ciudad.
Antecedentes en Río Negro
El conflicto de Allen no es inédito en la provincia. En 2013, tras los saqueos de diciembre de 2012, el Concejo Deliberante de Bariloche suspendió y luego destituyó al entonces intendente Omar Goye mediante el mecanismo de revocatoria de mandato. Entre 2022 y 2023, Cinco Saltos vivió una crisis similar cuando el Concejo Deliberante local inició un proceso de juicio político contra la intendenta de ese momento. En ambos casos, la disputa por la firma de los actos administrativos del municipio derivó en la intervención de instancias judiciales superiores.
Cómo sigue el conflicto
Con Román resistiendo el traspaso de mando y la Municipalidad con sus festejos patrios en suspenso, la gobernabilidad de Allen queda sujeta a la resolución judicial. El intendente ya anticipó que impulsará una vía de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del artículo 109, mientras evalúa si vetará o no la ordenanza dentro de los plazos legales. Del otro lado, Fabián Figueroa deberá sostener la conducción interina del Ejecutivo para garantizar la continuidad de los servicios públicos y el pago de salarios municipales, en momentos en que la propia agenda institucional de la ciudad —empezando por los actos del 9 de Julio— quedó en pausa.
1. El detonante: ¿Por qué suspendieron a Marcelo Román?
La suspensión dictada por el cuerpo legislativo no es una decisión política arbitraria ni un juicio político ordinario; responde estrictamente a la existencia de una causa judicial en curso.
El Concejo Deliberante, presidido por Fabián Figueroa, aplicó el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal (COM). Este artículo funciona como un mecanismo automático de resguardo institucional cuando un funcionario público enfrenta un proceso penal.
¿Qué dice textualmente el Artículo 109? “Si se imputare a las autoridades, funcionarios o empleados municipales delito penal y el tribunal competente resolviera procesar, el Concejo Deliberante resolverá la suspensión o no del imputado, previo dictamen del asesor legal…”
La norma aclara que la suspensión es preventiva. Si Román resulta absuelto, recuperará su cargo de manera automática con todos sus derechos y el cobro de haberes caídos. En caso de una sentencia firme y condenatoria, se procederá a la destitución definitiva.
2. El debate técnico-jurídico: ¿Se puede vetar una suspensión?
El nudo ciego de esta crisis radica en la interpretación de las herramientas administrativas. Román sostuvo frente a los concejales que la medida es una “ordenanza” y que, por ende, tiene los plazos de ley para evaluarla y vetarla.
Sin embargo, fuentes judiciales y expertos en derecho municipal consultados coinciden en que la postura del intendente carece de sustento jurídico por los siguientes motivos:
- Acto Soberano y de Control: La suspensión por el artículo 109 no es una ordenanza ordinaria (como la aprobación de un presupuesto o una norma de tránsito), sino un acto institucional soberano del poder legislativo local en ejercicio de sus facultades de control.
- Incompatibilidad Lógica: El derecho administrativo señala que un funcionario no puede ser “juez y parte”. Permitir que un intendente vete su propia suspensión anularía por completo el sistema de pesos y contrapesos que establece la propia Carta Orgánica.
3. Antecedentes históricos de crisis municipales en Río Negro
El escenario que vive Allen no es del todo ajeno a la historia política de la provincia de Río Negro. Los conflictos entre intendentes y concejos deliberantes han tenido otros capítulos resonantes en las últimas décadas:
- El caso de Bariloche (Omar Goye, 2013): Tras los saqueos de diciembre de 2012, el Concejo Deliberante suspendió y luego destituyó al intendente Omar Goye mediante el mecanismo de revocatoria de mandato, argumentando ineptitud en el cargo. En aquel momento, la tensión social y política obligó a la intervención indirecta del gobierno provincial.
- Cinco Saltos (2022-2023): Una crisis institucional similar congeló la gestión local cuando el Concejo Deliberante inició procesos de juicio político contra la intendenta de ese momento, evidenciando cómo las Cartas Orgánicas locales suelen convertirse en campos de batalla legal cuando se rompen los consensos políticos.
En casi todos los precedentes históricos de la provincia, cuando un intendente resistió una orden de suspensión emanada del Deliberante, el conflicto requirió la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro, que debió dictar medidas cautelares para determinar quién debía firmar los actos administrativos del municipio mientras se resolvía el fondo de la cuestión.
4. El impacto político: De las urnas a la judicialización
Al calificar la medida como un “golpe de Estado constitucional”, Román busca refugiarse en la legitimidad del voto popular: “Seis personas no van a decidir”, argumentó, apuntando a los concejales. Desde su óptica, se trata de una maniobra estrictamente partidaria de la oposición para desplazarlo del poder que ganó en las urnas.
Del otro lado, el Concejo Deliberante argumenta que la legitimidad del voto no exime a ningún funcionario de responder ante la ley y cumplir con las normativas vigentes. De mantenerse la suspensión, Fabián Figueroa deberá asumir formalmente la intendencia interina para garantizar que los servicios públicos y el pago de salarios de la ciudad no queden paralizados.
¿Cómo sigue el conflicto?
Con Marcelo Román atrincherado en su despacho y negándose a firmar el traspaso de mando, la gobernabilidad de Allen pende de un hilo. Los caminos lógicos conducen a:
- La vía judicial: Román presentará un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la aplicación del artículo 109.
- Conflicto de Poderes: El Concejo Deliberante podría denunciar penalmente al intendente por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” si persiste en desconocer la autoridad del cuerpo legislativo.
La incertidumbre es total en la comunidad de Allen, que asiste a uno de los capítulos más complejos de su historia democrática, donde la delgada línea entre la política local y los códigos legales mantendrá en vilo a la región durante los próximos días.
