(NOTI-RIO) El jefe de la fuerza, Daniel Bertazzo, confirmó que el Ministerio de Seguridad y Justicia tramita la compra de entre 12 y 16 equipos, que en una primera etapa se destinarán al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER). La ley que habilita su uso fue sancionada en junio y ya cuenta con promulgación oficial.
La Policía de Río Negro comenzó a avanzar en la implementación de la ley que autoriza el uso de armas menos letales, aunque su incorporación aún dependerá de la compra del equipamiento, la reglamentación y la capacitación del personal que estará habilitado para utilizarlas. La previsión inicial es contar con entre 12 y 16 dispositivos distribuidos en distintos puntos de la provincia.
El jefe de la Policía, Daniel Bertazzo, explicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia se encuentra tramitando la adquisición del equipamiento y señaló que, una vez concretada esa etapa, comenzará el proceso de formación y certificación de los efectivos que tendrán autorización para emplearlas.
El funcionario indicó que las armas serán asignadas, en una primera instancia, al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER), por tratarse del personal que recibe capacitación permanente para intervenir en situaciones de alta complejidad. Agregó que esos efectivos serán los encargados de formar posteriormente a otros integrantes de la fuerza.
Bertazzo remarcó que estas herramientas estarán destinadas exclusivamente a situaciones críticas, cuando sea necesario neutralizar una amenaza reduciendo el riesgo para la persona involucrada, terceros o el propio personal policial. En ese sentido, aclaró que no serán utilizadas en procedimientos habituales de identificación o controles de rutina.
Además de las conocidas pistolas de impulsos eléctricos, la normativa contempla otros dispositivos menos letales, como lanzadores de proyectiles con agentes químicos y aerosoles de uso disuasorio, que la Policía ya emplea en determinados operativos de control.
El jefe policial explicó también que los dispositivos incorporarán un software que registrará cada utilización, información que deberá complementarse con material audiovisual de la intervención. Esa documentación podrá ser requerida posteriormente por el Ministerio Público Fiscal para verificar la legalidad del procedimiento en caso de una investigación.
“Es algo nuevo e innovador para nuestra organización y estamos trabajando para implementarlo correctamente”, expresó Bertazzo. También sostuvo que disponer de este tipo de equipamiento permitirá contar con una alternativa frente a intervenciones donde hoy la única opción disponible es el arma reglamentaria.
Como ejemplo, mencionó situaciones en las que una persona armada con un cuchillo amenaza a terceros o al personal policial. En esos casos, señaló que las armas menos letales ofrecen una herramienta para controlar la situación sin recurrir, en principio, al uso de un arma de fuego.
De la ley a la implementación
La iniciativa que dio marco legal a estas herramientas fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, y sancionada por la Legislatura provincial el 11 de junio pasado con una amplia mayoría de votos, con el rechazo del bloque del PJ y de Vamos con Todos. Semanas después fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial bajo el número 5861.
La norma habilita a la fuerza a incorporar pistolas Taser o Axon, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado —como balas de goma o de polímero— y dispositivos de disuasión acústica y luminosa, entre ellos granadas aturdidoras. Establece además que su uso quedará autorizado para inmovilizar, detener o evitar la fuga de una persona que represente un peligro inmediato para terceros o para sí misma, actuar en legítima defensa, impedir la comisión de un delito de acción pública o controlar episodios de violencia cuando otros medios resulten insuficientes.
Uno de los puntos que impulsó a los autores del proyecto a darle rango de ley, y no resolverlo por vía administrativa como ocurrió en otras provincias, fue precisamente someterlo a un debate legislativo amplio. La norma exige, en ese sentido, que el Poder Ejecutivo reglamente los protocolos de uso, capacitación, control y registro del armamento antes de su adquisición e implementación operativa, un paso que —según confirmó Bertazzo— la fuerza ya comenzó a transitar.
