
(NOTI-RIO) La tensión en torno a la actividad cinegética en la provincia escaló en las últimas horas tras la postura adoptada por el Club de Caza, Tiro, Pesca y Aventura “Bardas Bajas”. A través de un extenso y crítico comunicado firmado por su presidente, el Od. Pablo D. Ziaurriz, y su secretario, Valerio J. Lertora, la institución manifestó su rotundo rechazo al Proyecto de Ley N.º 1306/2026.
La iniciativa en cuestión, presentada el pasado 20 de octubre por los legisladores Lorena Matzen, Magdalena Odarda, Daniela Agostino y Daniel Belloso, propone prohibir en todo el territorio rionegrino el uso de perros —tanto de forma individual como en jauría— para cualquier modalidad de caza, incluyendo además sanciones para su entrenamiento. El proyecto ya ingresó a la Legislatura y deberá ser evaluado por las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y de Presupuesto y Hacienda.
Desde el Club “Bardas Bajas” alertaron que el texto no está en condiciones de ser votado y desglosaron una serie de objeciones de carácter social, operativo, económico y jurídico.
Los 9 ejes del reclamo de “Bardas Bajas”
- Un proyecto sin diálogo sectorial: La entidad cuestiona que una ley que impacta directamente sobre cazadores habilitados, clubes, productores agropecuarios y organismos de aplicación se haya redactado sin convocar a las entidades de caza, asociaciones de productores, la Subsecretaría de Fauna Silvestre, el SENASA ni a especialistas en especies invasoras.
- La actividad ya está regulada: El comunicado recuerda que la caza con perros en Río Negro se encuentra bajo el paraguas de la Ley Provincial N.º 5796 (sancionada en julio de 2025) y normativas complementarias. Dicho marco exige licencias, registros, identificación de los animales mediante microchip y libreta sanitaria al día. Para el club, la solución ante casos de caza ilegal no es la prohibición general, sino un mayor control sobre quienes infringen las normas vigentes.
- La incógnita sobre el destino de los animales: Uno de los puntos más críticos señalados por la institución es la falta de respuestas sobre qué ocurrirá con los cientos de perros criados, alimentados y cuidados en la provincia para esta actividad. El proyecto contempla decomisos de elementos pero omite el destino, el albergue y los recursos destinados a los animales.
- Protección y bienestar animal real: Desde el club defienden un modelo de tenencia responsable en el que los perros no solo cumplen con las exigencias sanitarias y veterinarias, sino que también son equipados durante la actividad con elementos de protección específicos —como cogoteras y chalecos de kevlar— para resguardarlos frente al jabalí.
- El jabalí como especie exótica invasora: Se remarca que el jabalí no es fauna nativa, sino una plaga que daña la agricultura, la ganadería y los cultivos del valle. La caza con jauría es señalada como una de las pocas herramientas eficaces en zonas de monte cerrado donde otros métodos no alcanzan.
- Riesgo ambiental, sanitario y vial: Los firmantes advierten que, si disminuye la presión de caza y la población de jabalíes crece, aumentarán los daños a la biodiversidad nativa, los riesgos de zoonosis (transmisión de enfermedades al ganado y personas) y los accidentes de tránsito en rutas por cruce de animales.
- Falta de estudios de impacto económico: El texto del proyecto carece de estimaciones sobre el perjuicio económico que sufrirán los productores agropecuarios y el costo operativo que implicará para el Estado lidiar con una población descontrolada de jabalíes.
- Suposiciones sin evidencia local: El club enfatiza que no existen estudios científicos locales en Río Negro que respalden la premisa de que la caza con jauría sea ineficaz o que disperse las piaras en perjuicio del control de la especie.
- Inconsistencias jurídicas y constitucionales: En el plano legal, el comunicado enumera que el proyecto contradice el mandato constitucional sobre protección de especies autóctonas y regulación de exóticas (art. 84 de la Constitución de Río Negro), se superpone a un régimen legal reciente (Ley 5796), vulnera el derecho a la participación ambiental (Acuerdo de Escazú), no supera el test de razonabilidad, afecta el derecho de propiedad privada sin prever indemnizaciones, contiene figuras imprecisas que amenazan el principio de legalidad y choca con la propia política provincial —impulsada recientemente por el Poder Ejecutivo— orientada a legalizar y regular la comercialización de carne de jabalí.
El pedido formal a la Legislatura
Ante este escenario, el Club “Bardas Bajas” solicitó formalmente a las comisiones intervinientes de la Legislatura que no emitan dictamen favorable sobre el Proyecto N.º 1306/2026 hasta tanto se abra una mesa de diálogo y consulta con todos los sectores técnicos, productivos y deportivos.
Asimismo, propusieron un camino alternativo enfocado en la prevención y el cumplimiento: dotar de mayores recursos humanos, vehículos y presupuesto a la Brigada Rural de la Policía de Río Negro y a la Subsecretaría de Fauna Silvestre para intensificar la fiscalización territorial y sancionar con dureza a quienes operan al margen de la ley.

