Tras el histórico hallazgo en el Edificio Cóndor de las actas referidas a la venta de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, la investigación judicial en marcha por la presunta apropiación ilegal de las acciones en manos de los diarios La Nación, Clarín y La Razón sumará en los próximos días un nuevo capítulo que de por sí generará amplias repercusiones políticas. La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, anunció que solicitará la semana próxima ante el Juzgado Criminal y Correccional 10 a cargo de Julián Ercolini ser aceptado como querellante en la causa y el embargo de los bienes de la empresa hasta que una sentencia definitiva permita el decomiso y -eventualmente- la devolución a sus legítimos propietarios.
“A partir de que se aprueba la legislación antilavado en junio de 2011, aparece un bien protegido nuevo que es el orden económico y financiero, y lo que daña a ese bien protegido son los dineros de origen ilícito, provenientes de delitos que no prescribieron, y la situación que se presenta en la Argentina y que aparece en los delitos de lesa humanidad es la apropiación económica de detenidos-desaparecidos”, explicó a Tiempo Argentino José Sbatella, titular de la UIF. “Con ese marco teórico, para nosotros los bienes de los detenidos-desaparecidos que están en manos de los apropiadores son decomisables, esta sería la cuestión. Y son parte del resarcimiento que más adelante podrán darles o no, depende de los procesos judiciales, a quienes solicitan la devolución de esos bienes”, agregó el funcionario.