La Jueza determinó el procesamiento del intendente Luis Rogers y del subcomisario Carlos Alaniz involucrados en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual.
También fue procesado el dueño del prostíbulo Good Nigth, Eduardo Fernández.
Cabe recordar que en junio de 2009 la Brigada de Investigaciones solicitó la intervención del teléfono de Fernández, por presuntas irregularidades en su local. En la investigación también quedaron vinculados el subcomisario Carlos Alaniz y el intendente Luis Rogers.
Según difundió la Procuración General de la Nación, el delito que se investiga es el de trata de personas con fines de explotación sexual. El caso se inició el 12 de septiembre de 2009, cuando un hombre oriundo de Santiago del Estero, denunció ante la Policía que su novia había sido secuestrada por el dueño del cabaré “Good Night”. Agregó que su pareja había viajado a raíz de una oferta laboral en ese prostíbulo y luego quedó cautiva en el lugar siendo víctima de amenazas.
La víctima logró escapar y en su declaración relató que debió dejarle sus pertenencias al propietario del lugar, ya que le “debía” dinero por gastos de comida y elementos de higiene. Añadió que aun estando enferma no pudo recibir asistencia médica ni medicamentos, y que el dueño del lugar le dijo que “no le importaba, que ella tenía que hacer plata”.
El 24 de octubre de 2009 una nueva denuncia se sumó a la causa cuando una mujer que trabajaba en la comisaría de Lonquimay manifestó que tanto el subcomisario, como el dueño del prostíbulo y el intendente mantenían una relación fluida y que advirtió varias situaciones delictivas.
En octubre de 2009 se realizó un allanamiento en “Good Night” donde fueron encontradas tres mujeres oriundas de Salta quienes manifestaron trabajar en el lugar.
Desde la Procuración argumentaron que en la investigación se determinó que Fernández captaba mujeres en situación de vulnerabilidad, para luego explotarlas sexualmente.
Rogers habría defendido públicamente el lugar en el que se estaba cometiendo un delito. No solo se pronunció en contra del cierre del local, sino que también fue el encargado de otorgar la habilitación bajo el rubro “servicios de salones de baile” y de firmar las libretas sanitarias de las mujeres prostituídas, cuyos exámenes incluían estudios ginecológicos y de HIV.
Como subcomisario de la comisaría de Lonquimay, Alaniz se encontraba en conocimiento de la situación de las mujeres en el prostíbulo y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció las amenazas que recibió del dueño del local, Carlos Fernández.
Ahora tanto el intendente como el subcomisario de la localidad están imputados por el presunto apoyo que brindaban para el sostenimiento del prostíbulo Good Night.