Desde ATE advirtieron que en caso de no obtener respuesta por parte del Estado Nacional, repetirán la medida de fuerza que afecta a los puestos de control durante la próxima semana. La Funbapa desestimó los planteos y sostiene que el paro “carece de razón y legitimidad”.
La medida de fuerza de 72 horas en los puestos fitosanitarios del sur del país, decretada para esta semana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cumplió ayer su segundo día. Los puntos de control ubicados en la provincia permanecieron con sus barreras levantadas durante toda la jornada. Desde el gremio denuncian una “precarización laboral”, mientras que la Fundación Barrera Fitozoosanitaria Patagónica (Funbapa) calificó a la medida de “ilegítima”.
El delegado de ATE en La Adela – Río Colorado, Walter Wertmuller, dialogó ayer con El Diario sobre el conflicto y aseguró que “se levantaron las barreras en los principales puntos de control en el país, estamos hablando de unos 12 puestos”.
A raíz de la medida no se realiza ningún tipo de revisión de cargas animales y vegetales, ni las correspondientes desinfecciones aplicadas antes de entrar a la zona patagónica del país.
Wertmuller manifestó la disconformidad de los trabajadores con la Funbapa, el organismo responsable de los puestos, al asegurar que “se ha roto todo tipo de relación con ellos. Hace dos años venimos con este conflicto”.
Déficit
El delegado gremial explicó en ese sentido que “los puestos sanitarios son del SENASA, la Funbapa es una tercerización que hace el Estado”. En ese sentido agregó que la misma “tiene un déficit de 90 millones de pesos y a los empleados los tienen precarizados desde hace varios años. A la Policía no le pagan el servicio adicional desde hace casi un año”.
“Esta gente está en un proceso de crisis importante. El SENASA nos viene pagando los sueldos desde hace meses. Pero este déficit no tiene razón de ser teniendo en cuenta los abultados aranceles que cobran a los vehículos”, sostuvo.
Wertmuller agregó que “queremos que el Estado recupere esta función de control, queremos que pasen el dinero de la Funbapa al SENASA. Nos vamos a seguir manifestando hasta que el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, tome cartas en el asunto”.
Negociaciones
Sobre los intentos de destrabar el conflicto, el representante sindical indicó que “tenemos una oferta importante de parte del Ministerio de Agricultura. El ministro Casamiquela se comunicó con los dirigentes gremiales para destrabar el conflicto. Nos hicieron una propuesta concreta y nosotros hicimos una contrapropuesta. Ahora estamos a la espera de una solución”.
Sin embargo aclaró que, de no llegarse a un acuerdo, el paro que culmina mañana podría volver a retomarse a partir del próximo lunes. “La OIT (Organización Internacional del Trabajo) iba realizar una auditoría en estos días en los puestos.
Ahora la cambiaron para el 10 de septiembre para que esto no se vea, pero vamos a seguir. No quieren que vean que los empleados están precarizados”, dijo.
Reconocimiento
Respecto a los planteos sindicales, desde ATE reclaman el reconocimiento como gremio sectorial, el reconocimiento de los delegados, y la modificación e inclusión en el Convenio Colectivo de Trabajo sectorial.
Sobre este tema, Wertmuller indicó que “en estos días tuvimos un gran número de afiliaciones de personal de la administración de la Funbapa. Después de 20 años de no tener ningún tipo de representación gremial de los empleados, la gente ahora está optando por ATE por que ve las cosas que se están haciendo”.
“El Ministerio de Trabajo ha actuado en complicidad con la Funbapa, no nos han dado ningún tipo de diálogo. Hay trabajadores nuevos a los que se los han afiliado de manera compulsiva y masiva a UPCN. A pesar de esta medida de fuerza, las autoridades de Trabajo no dictaminan la conciliación obligatoria”, se quejó.
Mientras que desde la Funbapa emitieron un comunicado en el que señalan que, “ante los hechos de público conocimiento, Funbapa informa a la comunidad que la nueva medida de fuerza llevada adelante por el gremio ATE carece de razón y legitimidad, y representa un verdadero atentado no solo contra la política sanitaria nacional y regional sino también contra todo aquello que dicha política promueve, incluyendo las fuentes laborales creadas para implementarla y sostenerla”.