Consultado tras el fallo de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, que exigió equiparar los derechos laborales de los presos del Servicio Penitenciario Federal a los del resto de los trabajadores, monseñor Esteban Laxague respaldó tal pronunciamiento.
“Esta decisión judicial indudablemente implica una toma de posición: los derechos sociales propios del que trabaja también corresponden al preso que trabaja”, dijo a Clarín el obispo de Viedma y titular de la Pastoral Penitenciaria del Episcopado. Así desde la Iglesia salieron ayer a apoyar la decisión judicial a favor de que los presos que trabajan cobren un salario y aguinaldo, un criterio que disparó una fuerte polémica.
Sin embargo, el religioso consideró que “al poner este derecho de un trabajador privado de libertad, debería llevar también a poner a la luz la realidad de que la gran mayoría de los presos no pueden ejercer ni el derecho ni el deber de trabajar. Esta es la realidad más dura -añadió-, que no se debe ocultar, ya que sin ese derecho y deber garantizados, ninguna cárcel podrá lograr su objetivo de insertar a esas personas en la vida de la sociedad”.
Para el obispo -principal referente de la Iglesia en materia penitenciaria-, “esta decisión judicial corrobora y exige lo que ya en algunos centros de detención se practica, no en muchos ciertamente”. Con todo, señaló que “las propuestas de los centros de detención están lejos de ofrecer el trabajo como un deber de todos en cuanto su ser ciudadano”.
“El mismo Estado que propone estos beneficios sociales debe también garantizar propuestas laborales serias para los privados de libertad”, agregó.