(NOTI-RIO) Los continuos incrementos de denuncias que se van duplicando con el paso del tiempo, está preocupando seriamente al grupo de entidades que conforma la red de violencia en Río Colorado, que busca ser precursores de una legislación que permita acompañar a las victimas con un subsidio económico con accesos prioritarios.
Datos oficiales arrojan números escalofriantes dentro de Río Colorado que se van duplicando año a año, donde actualmente en los primeros siete meses del actual año se radicaron más de 200 denuncias en procedimientos previstos por la ley 3040, donde su gran mayoría son parejas con hijos, mujeres sobre los niños, violencia en el noviazgo y en otra escala sobre adultos mayores.
“El mayor problema que se continúe reproduciendo la violencia y que no se denuncien mas casos, donde existen claramente varios mas que son secretos a voces, es la imposibilidad ecónoma que tiene la victima para continuar sosteniendo a la familia posteriormente a la separación del hogar violento.” Señaló Daniela Alberdi Juez de Paz.
La red conformada con mucho esfuerzo por varios sectores sociales de la comunidad sostienen que la obligaciones del estados por la ley 26485, y la Convención Belem Do Para, de elaborar y poner en práctica políticas públicas tendientes a prevenir erradicar y sancionar la violencia entre las relaciones interpersonales.
Los impulsores buscan la concreción de leyes locales donde esté comprometido todo el sector político y social para establecer una aplicación de políticas públicas tendientes a la protección y empoderamiento de las víctimas de la violencia.
Sostienen que es obligación de los estados municipales, el acompañamiento y construcción de condiciones adecuadas para el fortalecimiento de los grupos familiares que sobreviven a las difíciles circunstancias dentro de la comunidad de Rio Colorado, que los números que arrojan las estadísticas están alarmando, con la problemática más recurrente donde la imposibilidad de la victima de afrontar las obligaciones económicas y financieras de su grupo familiar; que también es resultado de la violencia sufrida, la dependencia económica que mantiene el victimario.
Alberdi señala que “Cuando nos referimos a violencia familiar, hablamos de un proceso lento, progresivo y cotidiano, en el cual en sus comienzos quienes lo sufren no tienen posibilidades de reconocer la problemática como tal.” Y agregó “Es entonces cuando frente a situaciones de violencia extremas, se encuentra sola y sin saber a quién recurrir. Es por esto que se deben desarrollar estrategias que apoyen la institucionalidad democrática necesaria para la protección de las familias, restableciendo la confianza de estas hacia las instituciones, especialmente las del servicio público”.
El próximo martes se instará una importante convocatoria donde los principales sectores estén representados para aunar criterios e lo que será el proyecto que tiene por objeto la creación de un fondo destinado a conceder temporalmente subsidios habitacionales y/o de manutención de personas en situación de violencia familiar, y que al haber denunciado los hechos, les resulte inconveniente retornar al hogar común con el victimario por razones de seguridad, o cuando excluido éste no puedan mantenerse por sus propios medios.
En esta localidad en lo que va del año, se registran más de 200 denuncias, siendo mayor al año anterior.
Si bien se ha evolucionado en cuanto las denuncias de carácter preventivo, muchas situaciones se complejizan profundamente luego de la denuncia.
A esto se le debe agregar la intervención y el seguimiento de las situaciones que aún no se han resuelto.
También por las calles o en domicilios s pueden ver claramente a personas con custodia policiales las 24 horas. Esto a su vez ocasione cuantiosas erogaciones de persal en la Unidad Once de Policía, que se ven disminuidos a la hora de prestar los servicios.
Ante éstas situaciones de violencia, es necesario que el Estado Municipal tome cuenta y les otorgue ayuda económica para poder resolverla, mientras recomponen su plan de vida y obtienen un trabajo que les permita su manutención.
Asimismo, es necesario generar posibilidades de empoderamiento en lo educativo como en lo laboral (aún en la fase inicial), para personas carentes de recursos.