La Fiscalía de Investigaciones Administrativas establecerá la responsabilidad de los funcionarios en la preadjudicación de la compra de 30.000 módulos alimentarios después de que una auditoría confirmara sobrecostos. Además, el fiscal Marcelo Ponzone propondría medidas administrativas al Tribunal de Cuentas, como multas a los intervinientes, aunque no habría descartado la posible presentación de una denuncia penal por su tramitación.
La semana pasada se formalizó una auditoría de técnicos de esa Fiscalía, con la firma de Viviana Furfuro. Ese estudio confirmó que la preadjudicación de los módulos se concretó con sobreprecios del 36 al 55%, proyectando que el Estado de Río Negro hubiese pagado entre 3,9 y 5,1 millones de pesos más si se avanzada en esa compra. Esa conclusión fue remitida a Ponzone para la resolución definitiva del órgano de control.
El fiscal no quiso hablar, aunque trascendió que prepara su resolución para los próximos días, en la cual podría requerir multas al Tribunal de Cuentas contra los funcionarios intervinientes. Para eso, inicialmente, Ponzone solicitará a Furfuro que identifique a los responsables de la tramitación de esa operación.
Tampoco habría descartado una denuncia penal, aunque realmente la adquisición no se completó, por lo cual no hay perjuicio económico en el Estado provincial. Igualmente, la Fiscalía analizaría si corresponde alguna figura de tentativa.
El informe de auditoría describe “la participación en el trámite” del ministro de Desarrollo Social, Fabián Galli, como también de la secretaria Patricia Fernández y del asesor legal de esa cartera, Guillermo Gironde. Consigna al subsecretario de Suministros, Gabriel Vouillat, al preparar pliegos y cumplir con la licitación. También menciona que la comisión de preadjudicación se integró con Olga Alonso de la Contaduría General; Germán Carranza de Suministros; y Mariela Teti de Desarrollo Social.
Según la ley de la Fiscalía de Investigaciones (N° 2394), Ponzone puede “denunciar ante la Justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados como presuntos delitos, notificándolos a la Fiscalía de Estado”.
Por otra parte, según la Ley 2.747 del Tribunal de Cuentas, el fiscal puede requerirle a ese órgano que se apliquen sanciones a los funcionarios. El artículo 12 prevé “aplicar multas de hasta el 50% de la retribución mensual” a los “responsables morosos de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término de emplazamiento”, y ” los responsables de transgresiones legales o reglamentarias, aun cuando no hayan causado perjuicio a la hacienda pública”.
La Fiscalía abrió un expediente en setiembre cuando “Río Negro” publicó que la Provincia compraba caro ya que existía una preadjudicación para adquirir 30.000 módulos –con 17 artículos cada uno– por 14,6 millones de pesos. Ese monto superaba entre un 35% a un 45% el costo del mismo módulo con productos adquiridos en los comercios minoristas.
Por Adrián Pecollo adrianpecollo@rionegro.com.ar