El próximo martes 19 de septiembre, el gobernador recibirá a Rodolfo Aguiar en la Casa de Gobierno en Viedma.
Finalmente y luego de una confrontación que duró varios meses, el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck convocó oficialmente a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el próximo martes 19 de septiembre a las 10 horas en la Casa de Gobierno. “Destacamos esta convocatoria oficial y hemos decidido confiar en que será responsable y contendrá respuestas para las principales demandas que tenemos los estatales”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y la CTA Autónoma de Río Negro.
“También vamos a dejar en suspenso el paro general que se encontraba previsto”, anunció el dirigente estatal.
“Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno nacional y el recorte de gastos definido por la Provincia han impactado de manera directa en los salarios y condiciones laborales dentro del Estado”, declaró Aguiar.
El diálogo entre el Sindicato y el Poder Ejecutivo estaba cortado desde principio de año y las relaciones se habían tensado al máximo luego que los incidentes ocurridos en la manifestación del gremio de los estatales en las puertas de la Legislatura el último 24 de mayo, mientras se votaba la denominada Ley Castello y por la cual, terminaron encarcelados los principales dirigentes de la entidad como Aguiar y Aldo Capretti -secretario adjunto-.
Las partes acordaron que la reunión se desarrolle con temario abierto e ilimitado, aunque ATE señaló que entre los principales reclamos a abordar se encuentran “las actas incumplidas por el Ministerio de Desarrollo Social y la inmediata regularización de todos los trabajadores becados en esa cartera, la modificación inconsulta e ilegal realizada por el Ministerio de Educación de la normativa que rige los derechos, deberes y obligaciones de los porteros de escuela (nuevo Manual de Misiones y Funciones) y el impacto real del Decreto N° 058/17 sobre los salarios y servicios en el sistema público de salud”.
El sindicato informó que también demandará el pago inmediato de $3.000 por indumentaria y que se atienda el pedido de recuperación de ingresos para la totalidad de los empleados públicos, considerando una pérdida de entre un 8% y 11% durante el 2016, dependiendo de categoría y antigüedad.