Un tercio de ese 0,5% del PBI extra que el Gobierno nacional apunta a ajustar este año vendrá, según explicó el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, de una recaudación que crece “más de lo planificado”; los otros dos tercios tendrán origen, según Dujovne, en el ahorro en gastos de capital y por último en “bienes y servicios de la administración pública nacional”, aunque desde Hacienda afirmaron que aún no está determinado qué representará específicamente esa partida.
Los gastos de capital constan de dos elementos principales: la inversión real directa que hace la Nación, que representa un 25% del total y las transferencias de capital, que se hacen a las provincias para la adquisición de equipamiento o la ejecución de obras. Esta última cuenta representó en 2017 casi el 70% del total enviado, con 64.800 millones de pesos. El Gobierno aún no explicitó qué parte del ahorro provendrá de cada componente del gasto de capital. El viernes en una entrevista radial el jefe de asesores de Hacienda, Guido Sandleris, explicó que “vimos que la ejecución que vienen realizando los distintos ministerios estaban atrasadas y eso hace que no se ejecute todo lo que estaba previsto”.
En las provincias, aún sin tener información clara, temen que el ajuste en los gastos de capital redunde en interrupciones de obras. “Sin dudas es una mala noticia. Aún no sabemos qué impacto puede tener en nuestra provincia porque nosotros tenemos dos tipos de obra: de ejecución propia y cofinancida con la Nación, que ya nos debe $3.000 millones que estamos cubriendo nosotros”, comentó a este diario el ministro de Economía cordobés Osvaldo Giordano. “No es la mejor alternativa, sería mejor austeridad en otras áreas”, criticó. Por su parte, su par misionero Adolfo Safrán dijo que “no vamos a opinar sobre una decisión de gasto de la Nación, pero vamos a evaluar cómo amortiguar eventualmente un impacto que tenga en la actividad en nuestra provincia”, respondió ante la consulta de este diario.
Los gobernadores, además, tienen las manos atadas por la ley de Responsabilidad Fiscal para aumentar el gasto en caso de que haya obras que se frenen en sus provincias.