Río Negro modificará la ley de desmanicomialización adaptándola a los nuevos preceptos que establece la ley nacional de Salud Mental. La Comisión Interpoderes que analiza la reforma, rechazó la idea de crear una nueva ley que reemplace la 2440. En cambio, aceptó mantener el nombre y la numeración de esa norma que al momento de su aprobación en la década del 90 tuvo repercusión nacional e internacional por su carácter innovador y progresista.
“No van a volver los manicomios, eso está claro, el espíritu de nuestra ley sigue siendo el mismo”, afirmó la legisladora de Juntos Somos Río Negro, Graciela Valdebenito, quien preside esa comisión mixta.
La Comisión analizó esta semana el texto que, en un capítulo especialmente dedicado a las internaciones, establece que la decisión debe contar con una evaluación, diagnóstico interdisciplinario e integral y los motivos que la justifiquen firmada por al menos dos profesionales del centro asistencial, de los cuales al menos uno debe ser psicólogo o psiquiatra.
También le garantiza a toda persona internada bajo su consentimiento poder decidir por sí misma abandonar la internación.
La internación involuntaria debe considerarse una alternativa excepcional en caso de no poder darse un abordaje ambulatorio y sólo podrá realizarse cuando a criterio del equipo médico exista riesgo para sí o para terceros. Ese tipo de internaciones debe informarse obligatoriamente al juez y al órgano de Revisión en un plazo de diez horas y en 48 horas brindarse toda la documentación que fundamente la decisión.
Tres días corridos tendrá el juez para autorizar o denegar esa determinación. La persona internada involuntariamente debe ser asistida por un abogado.
La Comisión, de la que participan autoridades del Poder Judicial, tanto del Ministerio Público como del Superior Tribunal y del Ejecutivo provincial, representado por el Ministerio de Salud, establece que la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud) deberá propiciar la vinculación social de las personas con padecimientos mentales y asegurar el acceso, en caso de que no pueda procurárselo por sí mismo, a la vivienda, educación y otros derechos.
Como a todo sujeto de derechos, el nuevo texto asegura que no sean sometidos a trabajos forzados, que no se les considere su padecimiento como un estado inmodificable ni que se los use para investigaciones clínicas ni tratamientos experimentales sin su consentimiento.
