El Gobierno podría convertirse en el sepulturero del derecho comercial argentino . Y de paso, como para festejar el sepelio, tener que poner una pared de dólares cuya estimación podría pasar los 1500 millones de dólares . Con guantes blancos y cara circunspecta, los funcionarios del Estado iniciarán el proceso que debería terminar, según lo expresado por el presidente Alberto Fernández , en la expropiación del Grupo Vicentin . Si llevan a cabo lo que enumeraron en varios medios después del anuncio, estarán expidiendo, además, el certificado del esquema concursal argentino , justo en medio de una coyuntura en la que la herramienta jurídica será uno de los esquema que utilizarán las empresas para salir de la crisis.
El punto que ha pasado por alto todo el Gobierno es que, a diferencia de otras expropiaciones, en esta hay un concurso de acreedores presentado en un juzgado de Reconquista que requiere otro tipo de cirugía. De movida, en esa convocatoria hay US$1300 millones ya verificados. Y si se suman los honorarios de centenares de abogados que representan esas acreencias, el monto se elevaría muy por encima de los 1500 millones.
Pero todo hace suponer que, de acuerdo con el decreto 522, mediante el cual se dispuso la intervención de la aceitera, a los artesanos legales de la Casa Rosada no les ha importado demasiado esa particularidad.
Lo primero que hay que definir es qué es lo que se va a expropiar. Es decir, definir el objeto expropiable . En este caso, todo parece indicar, aunque nadie en el Gobierno se mete por ahora en estos detalles, que serán las acciones . Ahora bien, podrían expropiarse algunos activos que se consideran necesarios para atender la proclamada emergencia alimentaria y no todo el paquete . Pero a poco de andar los redactores de las normas van a reparar en que los activos no podrán tocarse, ya que están dentro de un proceso, el concurso preventivo, que los protege para luego pagar a los acreedores que acuden como peregrinos a verificar sus créditos. No es necesario ser un experto en derecho para entender lo que significa esta protección. Fue Guillermo Moreno , economista y exsecretario de Comercio Interior, que alguna vez fue el terror de las empresas , el que lo puso en una oración: “No es facultad del Presidente intervenir una empresa del sector privado bajo cualquier circunstancia, pero menos aún si está en convocatoria de acreedores, que significa que está bajo el paraguas protector de un juez natural”.
Sin la posibilidad de poder expropiar bienes, solo queda ir por la expropiación de las acciones a los dueños. Serán varios, Alberto Padoan , uno de los empresarios que la Justicia imputó por pagar coimas en la causa de los cuadernos , será uno de ellos.
Al quedarse con las acciones, el Estado -vale repetir el Estado y no el Gobierno- tomará los derechos, pero también las obligaciones . Dicho de otra manera, los activos y los pasivos, o los créditos y las deudas.
Será, entonces, el titular del concurso de acreedores. Allí lo espera un listado de 61 páginas de deudores, entre ellos 16 bancos, entre los que están el Nación ($18.182 millones), el bonaerense ($1814 millones) y varios privados.
El Gobierno quizá no hizo un trabajo simple: ordenar el listado de acreedores que estaba por alfabeto y ordenarlo por los montos más grandes. Entonces habría encontrado que es verdad que el Banco Nación es el principal, pero ahí nomás, a poco, está el Banco Mundial con la poderosa Corporación Financiera Internacional, el brazo del organismo multilateral que le entrega préstamos al sector privado. A la IFC, según sus siglas en inglés, se le deben $16.504 millones.
El tercero, con $9228 millones, es la Netherlandse Financiering, un banco de desarrollo holandés. El financiamiento, por US$150 millones, se entregó en junio pasado y está garantizado por una cesión de derechos de cobro de contratos de exportaciones de granos. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actuó como coorganizador y Natixis, New York Branch, actuó como agente de la garantía. Los teléfonos de varias embajadas se activaron ayer mismo.
El decreto dispone, además, la intervención y acude a un entramado de artículos de la ley de expropiación que hablan de la ocupación temporaria. Pero ese instituto que se podría sintetizar como “la intervención, requiere el avenimiento de los accionistas . El decreto justifica la necesidad de entrar a la compañía en cuestiones de urgencia, pero la cerealera no estaba en condiciones de extrema emergencia que justifiquen el desembarco.
Es más, la mayoría de las empresas que deciden concursarse pasan a tener mejore números. No es para menos y de esto sabe algo la Argentina: al no pagar la deuda se utiliza el dinero para otra cosa. Para que se entienda: el concurso es una norma legal mediante la cual le dicta a los acreedores la prohibición de que vayan a tocarle el timbre al deudor hasta que éste presente una propuesta. Vicentin, en este caso, dispone del dinero que antes le daba a quienes les debía. Ahora será del Estado el que maneje esa plata, pero deberá hacerse cargo de un concurso de US$1300 millones. O al menos de hacer una propuesta que logre las mayorías necesarias para que se pueda imponer a todos los que hacen fila para cobrar.
El caso Vicentin abrió un frente de tormenta en la Justicia, generó tensión en Diputados y agita un tema conflictivo
En apenas unas horas, la decisión de intervenir el enorme conglomerado Vicentin y de avanzar con una ley de expropiación superó rápidamente la sorpresa inicial y ya se advierten algunos efectos intensos que deberá enfrentar el Gobierno. Abre un horizonte tormentoso en la Justicia, con destino de Corte Suprema y posible escalada contra los jueces si es frenado el avance. Tensa el clima en el Congreso, en especial en Diputados, donde el rechazo unifica a la principal oposición y fisuraría algunas líneas aliadas. Puso a Roberto Lavagna en situación de alerta y crítica, un dato nada menor para los planes post pandemia. Y agrega un tema de tensión en medio del sensible clima de la cuarentena.
No son los únicos puntos que alimentan las especulaciones en el propio oficialismo, donde la sorpresa –incluso de varios ministros– dio pasos a interrogantes, al margen del discurso hacia fuera y la celebración del kirchnerismo duro. Alberto Fernández se encargó de dos pinceladas llamativas, de forma difícil de entender: metió de entrada en el debate a Venezuela y a Cristina Fernández de Kirchner. La referencia al chavismo buscó ser una ironía contra la oposición. Y la alusión directa a CFK fue para rechazar la autoría de la vice y reivindicarla como propia. Mala diagonal para salir del paso. El otro aspecto fue sugerido por Lavagna y expone el espejo más cercano, al margen de las diferencias: el muy costoso caso de YPF.
¿Qué fue lo que precipitó realmente esta movida? El discurso de la “soberanía alimentaria” –inquietante en sí mismo, porque la idea de “soberanía” puede ser extensiva a cualquier actividad, incluidos los medios– y la gravedad de la situación no cierran. Precisamente, esto último debe ser cuestión de cuidado central para la Justicia y la propia figura de un interventor está contemplada como la alternativa más grave en etapa de concurso de acreedores, según coinciden expertos en la materia. ¿Entonces?
El Presidente cambió de hecho la agenda o impuso al menos un renglón central. Ese sería a todas luces el efecto, no el motivo de la decisión. Una versión dice que acordó con la ex presidente esta jugada y que el mismo tiempo apuntó a evitar que apareciera como tema instalado desde el Senado. En rigor, había comentarios no demasiado precisos sobre una iniciativa de este tipo –finalmente atribuida a Anabel Fernández Sagasti, de alineamiento vertical con CFK- en medios legislativos y también en el circuito del kirchnerismo duro. En esa hipótesis, la conferencia para hacer el anuncio no borraría esa lectura pero tal vez atenuaría la erosión de la imagen sea más acotada. Se verá.
La otra conjetura tiene más condimento para el medio político. Dice que entre los tres grupos que daban pelea con ofertas de compra para Vincentin, se habría recortado como mejor posicionada la propuesta tejida por José Luis Manzano desde Ginebra. El ex ministro nunca habría recompuesto la relación con el kirchnerismo y a la vez generaría encono en el Presidente. El corte, si fue ese, haría menos seria la decisión del Gobierno.
En cualquier caso, lo que importan son los efectos. El DNU le confiere al interventor facultades totales: las que estaban reservadas al directorio de la empresa y au presidente. Esas condiciones de la intervención y, antes, la decisión de avanzar a pesar de que está interviniendo la Justicia como es de rigor en un concurso preventivo serán seguramente el primer punto de apoyo de la demanda judicial de la empresa. El otro queda reservado para la ley de expropiación, si finalmente el proyecto es aprobado, en velocidad, como empuja el oficialismo.
El tipo de conflicto –una instancia de la Justicia y una intervención del Ejecutivo- asoma suficiente para que el caso escale a la Corte. Por menos –la discusión sobre el tipo de sesiones del Senado en cuarentena-, la ex presidente lanzó una carga durísima sobre el máximo tribunal. Esto, en momentos en que está encendida la alerta sobre el intento de ampliar su número, para licuar la integración actual y lograr alineamiento con la Casa Rosada. Y en un contexto cruzado a la vez por la anunciada reforma judicial, cuyo proyecto aún no partió hacia el Congreso.
Está claro que la iniciativa de expropiación de Vicentin ingresará por el Senado, donde el oficialismo decidió dejar atrás el virtual acuerdo para tratar en estas condiciones únicamente iniciativas vinculadas con la pandemia. Allí no tiene problema de números para imponer el proyecto. Más ajustado son los cálculos en Diputados. Juntos por el Cambio unificó posiciones frente a la ofensiva oficialista. El Frente de Todos debe sumar unos diez legisladores fuera de su bloque. Dejan trascender que es duro, pero que lo lograrían, aunque hay fisuras entre algunos aliados habituales. El sector que responde a Lavagna ya se pronuncio de manera crítica.
Se verá cómo terminan de acomodarse las piezas legislativas. Pero la posición cuidadosamente crítica de Lavagna es un dato en sí mismo. Es un hombre de consulta presidencial, uno de los más gravitantes en su terreno, y a la vez, su imagen es ponderada más que tácticamente: volvieron las versiones sobre la creación de un Consejo Económico Social, con Lavagna al frente, para potenciar la imagen post cuarentena que ya comenzó a buscar el Gobierno, por ahora con escasa sustancia. Los cuidados iniciales de algunos empresarios, como gesto al Gobierno con el que mantienen diálogo fluido, fue seguido anoche por un documento crítico.
Lavagna recordó el efecto negativo de la llamada “soberanía energética” y advirtió que el camino elegido conlleva además el riesgo de las demandas judiciales. La referencia a la experiencia con YPF repone la cuestión del alto costo que debió pagar el país por aquella decisión, a cargo de CFK.
Para completar, se agregaron las protestas de ayer en las localidades santafesinas de Avellaneda y Reconquista, sede la empresa y zona de influencia. La imagen repone consideraciones sobre el cacerolazo por las excarcelaciones, en las primeras semanas de la cuarentena. Es decir, inquietud frente a la posibilidad de que un tema condense otras malestares. Y su impacto y juego político.
