A cinco días de la partida de Brasil del papa Francisco, el gobierno de Brasil puso en marcha hoy la nueva ley que habilita a la red pública de salud a otorgar la píldora del día después a las víctimas de violencia sexual para interrumpir un embarazo no deseado.
El gobierno publicó en el Diario Oficial la sanción de la ley que obliga a los hospitales del Sistema Único de Salud a atender a las víctimas de violencia sexual, algo que se cumplía mediante una resolución del Ministerio de Salud.
Movimientos religiosos consideran que la ley aprobada en julio por el Congreso y sancionada por la presidenta Dilma Rousseff es abortista.
Por la ley, la atención a las víctimas de violencia debe incluir el diagnóstico y tratamiento de las lesiones, la realización de exámenes para detectar enfermedades transmitidas sexualmente y embarazo.
El material colectado de la víctima de violencia sexual será preservado para archivos penales.
El punto más crítico fue el concepto de “profilaxis de embarazo” que según anunció el ministro de Salud, Alexandre Padilha, será cambiado para evitar que existan sospechas de un estímulo al aborto.
El término “profilaxis de embarazo” será reemplazado en un envío de modificación al Congreso por la frase “medicación con eficiencia precoz para prevenir el embarazo producto de una violación’.
Los médicos ganan mayor independencia ya que no necesitan la denuncia policial para actuar, sino que ellos deberán proteger a la víctima con apoyo psicológico para luego someter las pruebas a la autoridad policial.
“Lo que este proyecto hace es evitar la práctica del aborto legal, es un apoyo humanitario contra la tortura de la mujer, porque una violación es una tortura”, dijo el secretario general de la presidencia, Gilberto Carvalho, interlocutor con las religiones.