La irrupción del Estado nacional en el manejo de una empresa privada, ahora en Vicentin bajo el argumento de poner frente a un largo proceso de incumplimiento de pagos a acreedores, tanto del sector productivo, como financiero, principalmente el Banco de la Nación Argentina, o para participar activamente en las decisiones del directorio en la Asamblea de Accionistas, no es nuevo.

Un informe del Ministerio de Economía en tiempos del gobierno de facto de 1976-1983 daba cuenta: “El Estado había crecido desordenadamente sin que existiera un relevamiento integral de las empresas de las cuales era propietario o administrador”. El trabajo para el Consejo Empresario Argentino, y que posteriormente se completó y perfeccionó mediante un informe que redactó la Comisión Interministerial de Privatización de Empresas, daba cuenta de un listado de “más 382 en las cuales el Estado Nacional, a través del Banco Nacional de Desarrollo y de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, poseía participaciones accionarias que variaban entre menos del 1 % y casi el 40 % del capital total”.

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Después de un proceso de licitación de las tenencias accionarias del Banade y la CNAyS, y del proceso de privatizaciones de los 80 y 90, en 2008 el Estado Nacional vuelve a tomar una participación activa en el capital privado, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, al disponer el fin de las AFJP y apropiarse de los ahorros de los trabajadores, en su mayor parte del sector privado, parte de los cuales estaban invertidos en acciones que cotizaban en Bolsa, o que habían emitido Obligaciones Negociables.

 El Fondo de Garantía de Sustentabilidad registraba al 23 de abril de 2020 inversiones por un total $2,52 billones, equivalente a unos USD 38.000 millones al cambio mayorista, del cual 8,7% correspondía a tenencias de acciones de 46 empresas

Y también a través de estatizaciones directas, como fueron previamente las del Correo Argentino en 2003; AySA 2006; Tandanor 2007; Aerolíneas Argentina 2008; Fadea (Fábrica Argentina de Aviones); YPF 2012; Belgrano Cargas 2013; ahora se sumaría Vicentin, si lo aprueba el Congreso.

Actualmente, según el último informe de la Anses sobre la composición del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que al 23 de abril de 2020 estaba valuado en $2,52 billones, equivalente a unos USD 38.000 millones al cambio mayorista, un 8,7% correspondía a tenencias de acciones de 46 empresas.

Por rama de actividad la tenencia de acciones privadas en poder del FGS se desagrega en 27% sector bancario; 23% telecomunicaciones; 22% energético; 14% siderurgia; 6% bienes raíces; 5% alimentos; resto (constructoras, automotrices, entre otras) 3 por ciento.

Cabe notar que el Presupuesto 2020, no llegó a tratarse en el recinto del Congreso Nacional porque fue elaborado por el gobierno saliente de Cambiemos, registraba 32 empresas y sociedades con mayoría estatal, entre las que se cuentan en condición de sociedades anónimas: Integración Energética Argentina, Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas-Cielos del Sur, Correo Oficial de la República Argentina, Nucleoeléctrica Argentina, etc., con ingresos aprobados por $549.263 millones y un resultado financiero deficitario en $3.662 millones, más YPF, AySA. Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) y otras.

Ahora en perspectiva, el escenario cambió con la intervención y propuesta de expropiación de Vicentin, “con la idea de que le de más previsibilidad a la oferta de alimentos en la Argentina y también más previsibilidad en el mercado de cambios”, según sintetizó el ministro de Desarrollo Económico, Matías Kulfas.

Perspectiva de más participación en el sector privado

Y es posible que luego de superado el crítico escenario provocada por la llegada de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena ahora extendida hasta el 28 de junio ese proceso continue, aunque en lo que respecta a la Anses por decisión de diversificación del portafolio.

Al menos eso es lo que se desprende del último informe mensual el organismo detalla: “el margen para inversiones en el sector privado se encuentra actualmente limitado dado que existen pocas emisiones para financiamiento de empresas en el mercado local, máxime si se tiene en cuenta la necesidad de financiamiento que requiere el sector público en este contexto tan adverso que ha combinado una recesión económica de más de dos años con la crisis desatada por el COVID-19 y que ha ralentizado la economía a nivel mundial, con la negociación de la reestructuración de la deuda pública nacional”.

 El FGS ha demostrado voluntad de inversión en el sector productivo, habiendo retomando las inversiones en el inciso l) que fueron ralentizadas durante la gestión anterior

Y concluye el informe de Anses: “a pesar de lo anteriormente expuesto el FGS ha demostrado voluntad de inversión en el sector productivo, habiendo retomando las inversiones en el inciso l) que fueron ralentizadas durante la gestión anterior. Incrementar la participación de este tipo de inversiones en la cartera del FGS es un objetivo de carácter permanente de la actual administración”.

Cabe notar que según el último informe del FGS correspondiente a abril la cartera que administra de $2,42 billones era equivalente a 7,6 meses del pago total de la Anses de jubilaciones, pensiones, AUH, otras asignaciones familiares y políticas ad hoc a la pandemia del COVID-19 y poco más de un año del presupuesto del organismo excluido el mayor gasto derivado de la emergencia sanitaria.

Otras empresas del Grupo Vicentin en la mira del Gobierno

El Gobierno puso un plazo concreto para evaluar los pasos a seguir: 60 días. A partir de ese momento se conocerá si la intención es también avanzar sobre otras empresas del Grupo Vicentin. Una decisión de gran impacto para diversos sectores productivos, que van desde la industria frigorífica, pasando por la producción vitivinícola y el algodón, hasta el negocio lácteo, entre otros.

El propio Alberto Fernández aclaró ayer que la intervención de Vicentin y el proyecto de expropiación girado al Congreso, comprende, en primer término, a la firma agroexportadora que actualmente está en concurso de acreedores, pero también mostró voluntad política de sumar en este plan a otras empresas del Grupo que enfrenta un complicado panorama financiero y judicial.

Concretamente, Vicentin Family Group tiene bajo su órbita un entramado de diversas empresas, la mayoría relacionada con el negocio agropecuario y de los alimentos. La nave insignia es Vicentin SAIC, dedicada al procesamiento y exportación de granos y donde hoy el Gobierno ya tiene un pie.

En orden de importancia para el negocio agroalimentario local, le sigue la firma Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), dedicada a la industria láctea luego de comprar la operatoria de postres y yogures de la cooperativa SanCor en 2016. Vicentin pagó por esta unidad de negocios u$s100 millones y en aquel momento incluso le ganó la pulseada a la multinacional Coca-Cola.

ARSA tiene bajo su órbita a dos plantas industriales ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba donde produce postres y yogures de la marca SanCor, muy reconocidos por los consumidores locales. Durante el año pasado su facturación alcanzó los $3.700 millones y a diciembre, tenía una participación en el mercado de yogures del 17,3% y en postres del 31,5%.

El posible desembarco del Gobierno en esta compañía resultaría de gran impacto para el negocio lácteo local donde operan firmas tales como Mastellone Hnos., Arcor y Danone, entre otras. En primer término, porque todas y cada una de ellas son formadoras de precio no solo en la góndola sino también del litro de leche que se le paga al productor tambero.

Al mismo tiempo, esta iniciativa, según ya especulan en el sector lácteo, podría traer aparejado también algún tipo de “oxigeno” para la cooperativa láctea SanCor, que continúa con profundos inconvenientes económicos a pesar de haber vendido gran parte de sus unidades productivas.

Un lugar destacado también ocupa la firma Friar, el brazo frigorífico del Grupo Vicentin. La compañía cuenta con tres plantas de faena y una de elaboración de chacinados y supercongelados, localizadas en la provincia de Santa Fe.

Durante el año pasado faenó más de 240.000 toneladas, lo que la ubica en el ranking de las 10 principales industrias procesadoras de carne de la Argentina y alrededor del 85% de su producción tiene como destino el mercado interno e incluso es beneficiario en el reparto de la cuota Hilton.

La empresa cuenta además con más de 20 locales de venta directa al público, distribuidos en diversas provincias. Este modelo de negocios, podría convertirse en un “arma clave” de abastecimiento del mercado interno, al tiempo que le brinda la posibilidad de sentarse en la mesa chica exportadora de la industria cárnica local, según detallan fuentes del sector.

Asociado también al rubro cárnico Vicentin tiene bajo su órbita el feedlot “Los Corrales de Nicanor”, donde engorda parte de los animales que faena y presta servicio de hotelería a productores ganaderos.

Con menor impacto económico en el ámbito agroalimentario, pero no en el regional, se encuentra la empresa Algodonera Avellaneda, que incluso fue mencionada por el presidente de la Nación en conferencia de prensa, a la hora de anunciar a la intervención de Vicentin.

Dedicada al acopio, desmotado; hilado y tejido; confección de prendas de vestir y fabricación de algodón hidrófilo, Algodonera Avellaneda, tiene plantas de desmote en Chaco (Gral. Pinedo y Villa Ángela), Santiago del Estero y Santa Fe (Avellaneda), más una hilandería en esta última localidad.

Esta empresa también detenta una complicada situación financiera e incluso tuvo que parar su actividad a comienzos de año por falta de materia prima. Su revitalización sería clave para la producción de algodón local.

Finalmente, la bodega Vicentin Family Wines, ubicada en Mendoza y que tiene líneas de vino de gama media y alta, está categorizada en el rubro como una empresa de rango medio con ventas de alrededor de 1 millón de botellas al año, el 60% en el mercado interno. En este contexto, en el sector miran con atención a su coterránea la senadora a nacional Anabel Fernández Sagasti, quien gestó el proyecto de intervención de la compañía agroindustrial.