(NOTI-RIO) El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) ha denunciado ante la justicia una serie de presuntas defraudaciones que han afectado los fondos destinados a la cobertura de salud de sus afiliados en la provincia de Río Negro. En este marco, las acusaciones apuntan a un médico de la localidad de Río Colorado, que habría llevado a cabo maniobras de gran impacto económico mediante la emisión de recetas falsas para un tratamiento costoso que, en realidad, no beneficiaba a los afiliados de la obra social. Esta práctica fraudulenta también ha implicado a una afiliada de General Roca, quien habría presentado facturas falsificadas para obtener reintegros ilegítimos.
El caso del médico de Río Colorado: un fraude con toxina botulínica de $800,000 por dosis
La denuncia presentada por IPROSS, firmada por su presidenta Marcela Ávila y los vocales que integran la Junta de Administración, describe en detalle el caso del médico de Río Colorado. Según se informó, el profesional en cuestión habría emitido recetas a nombre de distintos afiliados de IPROSS para adquirir ampollas de toxina botulínica (conocida como “botox”), un insumo médico de alto costo que alcanza los $800,000 por unidad. Sin embargo, las auditorías internas revelaron que estos tratamientos no estaban destinados a los afiliados, sino a personas ajenas a IPROSS.
Las auditorías de IPROSS, realizadas con especial atención, documentaron tres casos específicos de esta práctica, ocurridos entre el 8 de julio y el 21 de agosto de 2024. Según la denuncia, el objetivo del médico era cargar a IPROSS el costo de tratamientos que debían ser cubiertos por otras obras sociales o abonados directamente por los pacientes, dado que estos no eran beneficiarios de la cobertura de IPROSS. Esta acción fraudulenta implicó una carga económica significativa y abusiva para el instituto, afectando su presupuesto y, por ende, los servicios destinados a los afiliados genuinos.
Impacto y consecuencias de la defraudación en la obra social
La presunta estafa realizada por el médico de Río Colorado no solo implica un perjuicio económico concreto para IPROSS, sino que también afecta de manera indirecta a la calidad y disponibilidad de recursos para todos los afiliados. Este tipo de fraude compromete la sostenibilidad financiera de la obra social, limitando su capacidad para brindar prestaciones de calidad y garantizando la cobertura de tratamientos que realmente necesitan los afiliados. La presidenta de IPROSS, Marcela Ávila, ha destacado la gravedad de estos casos, señalando que el desvío de fondos destinados a la atención de los rionegrinos no solo es inaceptable, sino que tendrá una respuesta jurídica contundente.
Denuncia adicional: una afiliada de General Roca implicada en falsificación de facturas
El segundo caso en la denuncia involucra a una afiliada de General Roca, quien habría falsificado una serie de facturas para reclamar reintegros por servicios médicos supuestamente prestados a su hija, una menor con discapacidad afiliada a IPROSS. Las auditorías detectaron que las facturas presentadas no eran auténticas: los números de CAE y CUIT no coincidían con las entidades o personas que supuestamente habrían emitido los comprobantes. En este caso, la afiliada tampoco presentó pruebas que refutaran las acusaciones.
El extenso sumario previo documenta 13 hechos de falsificación de facturas que ocurrieron entre el 3 de diciembre de 2021 y el 2 de marzo de 2022. La presunta falsificación de facturas afecta gravemente los recursos de IPROSS, restando fondos destinados a los afiliados y reduciendo la capacidad de cubrir tratamientos necesarios.
IPROSS se compromete a proteger sus fondos y mejorar sus auditorías
Este tipo de denuncias subrayan la importancia de los mecanismos de auditoría y control de IPROSS, que ya ha comenzado a reforzar sus procesos internos para evitar futuras defraudaciones y garantizar la transparencia. La institución ha enfatizado que continuará tomando acciones legales contra cualquier intento de fraude que perjudique sus fondos y su capacidad de asistencia a los afiliados. Las tres denuncias similares presentadas en junio siguen en proceso judicial, y el compromiso de la entidad es claro: proteger los recursos de la obra social y priorizar las necesidades de sus afiliados rionegrinos.
La justicia ahora tiene la responsabilidad de analizar las pruebas y, en su caso, dictaminar las sanciones correspondientes, con el objetivo de desalentar cualquier tipo de abuso en el sistema de salud provincial.