(NOTI-RIO) Tras más de ocho horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó el nuevo Régimen Penal Juvenil y dio el primer paso formal para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor, 100 en contra y ninguna abstención en la votación general. Ahora la iniciativa pasará al Senado, donde el oficialismo aspira a convertirla en ley antes del inicio del próximo período ordinario.
La reforma reemplaza la vigente Ley 22.278, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, una norma largamente cuestionada por su desactualización y por no adecuarse plenamente a estándares internacionales en materia de niñez.
El impulso político llegó de la mano del Gobierno de Javier Milei, que incorporó el proyecto al temario de sesiones extraordinarias tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, un caso que conmocionó a la opinión pública y volvió a instalar el debate sobre la responsabilidad penal juvenil.
Claves del nuevo régimen
El texto aprobado fija en 14 años la edad mínima de imputabilidad para delitos graves. La pena máxima prevista para adolescentes será de 15 años de prisión, por debajo de los 20 que contemplaba la redacción original enviada por el Poder Ejecutivo.
La norma prohíbe la prisión perpetua para menores y establece que, cumplidos los dos tercios de la condena, el juez podrá sustituir el encierro por medidas alternativas. También habilita mecanismos como la mediación penal y la suspensión del proceso a prueba para delitos de menor gravedad.
En cuanto a las modalidades de cumplimiento, se prevén institutos especializados, modalidades domiciliarias e institutos abiertos, siempre con separación estricta de detenidos adultos.
Recuadro. Presupuesto y financiamiento
El dictamen asigna 23.739 millones de pesos para la implementación del régimen. De ese total, más de 3.131 millones corresponderán al Ministerio de Justicia y alrededor de 20.607 millones a la Defensoría General de la Nación. El artículo específico autoriza convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el traslado y alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.
Sin embargo, varios diputados pusieron en duda que esos fondos alcancen para construir y adaptar establecimientos especializados. El diputado Miguel Pichetto advirtió que el metro cuadrado de construcción para encierro ronda los 7.000 dólares y reclamó una cláusula que condicione la entrada en vigencia en cada provincia a la existencia de infraestructura adecuada.
El mapa político de la votación
La media sanción fue posible gracias al respaldo de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, bloques provinciales y aliados habituales del oficialismo. En contra votaron mayoritariamente los diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El debate dejó en evidencia una grieta conceptual más que partidaria. Desde el oficialismo y sus aliados se defendió la iniciativa como una herramienta necesaria frente a delitos graves cometidos por menores. Desde la oposición se cuestionó el enfoque punitivo y la falta de políticas preventivas.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, sostuvo que se trata de un debate postergado durante décadas y recordó que existen más de 90 proyectos presentados sobre el tema desde comienzos de siglo. Según su postura, la modificación no resolverá por sí sola la inseguridad, pero dotará al Estado de una herramienta que hoy no tiene.
En cambio, desde Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz calificó el proyecto como un mamarracho jurídico y defendió un dictamen alternativo que mantiene la imputabilidad entre los 16 y 18 años, con penas máximas de 10 años para delitos graves. Señaló que la baja de edad no puede convertirse en una respuesta simplificada a un problema complejo.
Recuadro. Las críticas de organismos y especialistas
Durante el debate se mencionaron aportes de la Iglesia, de UNICEF y de la Sociedad Argentina de Pediatría, que habrían advertido sobre la necesidad de priorizar políticas preventivas y de protección integral. La oposición denunció que esas recomendaciones no fueron incorporadas al texto final.
El trasfondo social y los datos en discusión
Uno de los ejes más controvertidos fue la dimensión real del delito juvenil. Diputados críticos del proyecto afirmaron que la participación de menores de 16 años en delitos graves es estadísticamente baja en comparación con el total de hechos delictivos. También señalaron que la mayoría de los adolescentes en conflicto con la ley provienen de contextos de pobreza estructural, deserción escolar y falta de oportunidades.
Desde el oficialismo se respondió con ejemplos de reincidencia y con casos recientes de homicidios y robos violentos protagonizados por menores no punibles. El diputado Gabriel Bornoroni habló de jóvenes con múltiples antecedentes y defendió la necesidad de una respuesta estatal clara frente a delitos graves.
El debate incluyó además una discusión de fondo sobre la coherencia del sistema jurídico. Algunos legisladores plantearon que, si a los 14 años un adolescente puede comprender la criminalidad de sus actos, debería abrirse un debate más amplio sobre otras capacidades civiles. Otros replicaron que el derecho penal juvenil contempla criterios diferenciados y progresivos, compatibles con estándares internacionales.
Lo que viene
El proyecto deberá ahora superar el filtro del Senado, donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia y deberá negociar artículo por artículo. La discusión promete reeditar los mismos ejes: seguridad frente a prevención, castigo frente a resocialización, financiamiento real frente a anuncio político.
Más allá de la votación, el debate dejó al descubierto una tensión profunda sobre el rol del Estado ante la violencia juvenil. Para unos, la baja de la edad de imputabilidad es una señal de autoridad frente al delito. Para otros, es un atajo simbólico que no aborda las causas estructurales.
La media sanción ya es un hecho. La pregunta que atraviesa el Congreso y la sociedad es si esta reforma será una herramienta eficaz o si quedará como otro capítulo de una discusión que Argentina arrastra desde hace más de dos décadas.
