Por Marcelo Zlotogwiazda (*) – Algunos los denominan costos políticos. Otros hablan de peajes. Son las exigencias que intendentes, gobernadores y funcionarios del ejecutivo nacional le plantean a una empresa como condición para permitirles desarrollar un proyecto de inversión. No se trata de la típica coima que va a parar a la cuenta personal de alguien o al financiamiento partidario. Son generalmente obras en beneficio de la población afectada por el proyecto que la política impone como condición para, por ejemplo, aprobarle certificados ambientales, otorgarle determinados permisos, etc. En síntesis, una contraprestación que evite la aparición de obstáculos y lubrique el avance.
El proyecto de la brasileña Vale (una de las tres mineras más grandes del mundo, que en 2012 facturó u$s 46.500 millones) afecta a mucha población y a muchos pueblos.
Potasio Río Colorado (PRC) consiste de una explotación minera en Malargüe que mediante inyección de agua caliente en pozos disuelve el cloruro de potasio y lo bombea a superficie donde se lo cristaliza y purifica; de ahí se traslada el material en camiones por Mendoza y Neuquén hasta la estación de transferencia cerca de San Patricio de Chañar, donde se inicia el corredor ferroviario que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, finalizando en el puerto de Bahía Blanca, donde se lo embarca con destino a Brasil para fertilizar sus tierras necesitadas de potasio.
Y dado que afecta a mucha población y a muchos pueblos, los costos políticos son altísimos, explica un funcionario involucrado en el tema. Cuenta que la empresa comprometió la construcción de gimnasios, barrios de vivienda, puentes, asfaltos.
¿Cuánto es altísimo? No tiene la lista ni hizo la cuenta, responde, pero insiste en que es altísimo. ¿Si tuviera que calcular grosso modo? Unos u$s 1.500 millones dice con naturalidad. ¿Tanto? Aha, confirma impasible.
El dato impacta y resulta tan inverosímil como lo que dijo el Ceo de Vale, Murilo Ferreira a inversores del banco Credit Suisse, cuando ratificó lo que ya había explicado Julio De Vido, diciendo que por razones macroeconómicas el costo del proyecto subió de u$s 5.900 millones a u$s 10.900 millones.
No hay razones macroeconómicas que expliquen semejante salto desde que a comienzos de 2009 Vale le compró el proyecto a Rio Tinto. Desde entonces hubo un importante retraso cambiario con su consecuente aumento de costos en dólares, pero la magnitud está muy lejos de ese perjuicio.
Los números se acomodan más a la lógica si se consideran los extravagantes e inverosímiles costos políticos mencionados como una causa de aumento presupuestario. La empresa no quiere hablar del tema y se remite a comunicados que atribuyen la suspensión a que en el actual contexto macroeconómico el proyecto no alcanza la rentabilidad esperada.
El gobierno no cree que los brasileños estén decididos a abandonar PRC luego de haber invertido cerca de u$s 2.000 millones, si se suma lo pagado a Río Tinto y lo que desembolsaron en obras. Toma el anuncio de la suspensión como parte de una pulseada para obtener beneficios fiscales adicionales y otras ayudas por u$s 3.000 millones, y esperan a que el tema se resuelva en una cumbre entre Cristina y Dilma.
El gobierno tampoco cree que PRC tenga un problema de competitividad derivado del retraso cambiario. Adjudican las tensiones al flojo resultado que tuvo Vale a nivel global en el cuarto trimestre del año pasado debido, principalmente , a la caída en el precio del mineral de hierro, que constituye más de la mitad de su facturación. Otra especulación es que el gobierno brasileño quiere reorientar el financiamiento que recibe Vale a la explotación petrolera off shore. Y sostienen que, en el peor de los casos, si Vale finalmente se va, el proyecto bien puede ser redefinido y reorientado para destinar el potasio a Asia vía un puerto chileno.
Pero más allá de lo que admita el gobierno, es obvio que PRC, como muchos otros proyectos de inversión ha perdido tasa de retorno por culpa del retraso cambiario; por el aumento del costo en dólares y el deterioro del tipo de cambio de exportación.
Es interesante observar que el efecto que tendría en este proyecto un desdoblamiento cambiario como el que varios aconsejan en medio de la turbulencia de un dólar negro desbocado, sería negativo, dado que, calculada a un tipo de cambio financiero más alto, reduciría la ganancia a remitir a la casa matriz. Con ese mismo razonamiento se entiende que el conjunto de multinacionales no vería con buenos ojos un desdoblamiento entre dólar comercial y financiero/turístico.
Volviendo a los costos políticos, ¿habrán tenido algo que ver con que PRC haya recibido la licencia medioambiental en Mendoza a pesar de que el Consejo Provincial del Ambiente, órgano asesor del Ejecutivo provincial y uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (Ceiam), se había expedido en contra de la siguiente manera?: El proyecto PRC implicaría una rápida extracción de recursos de potasio no renovables, y una significativa contribución al agotamiento del gas argentino, para abastecer una demanda externa, sin considerar las necesidades internas de largo plazo, en condiciones que permitirían a Mendoza captar apenas una pequeña parte del valor generado. Aún en su versión mejorada a partir de la propuesta de relocalización, el depósito de sal constituiría un enorme pasivo de riesgo, virtualmente a perpetuidad. El análisis de otras alternativas viables para el residuo de sal no ha sido suficientemente profundo ni sometido a dictamen de las entidades de la Ceiam. Por ello, el dictamen para este proyecto es negativo.
Expertos ambientalistas señalan que la sal separada que quedaría como residuo cubriría una extensión de 210 has y 50 metros de altura. En algo coinciden Vale y sus detractores: el proyecto sale salado.
(*) Marcelo Zlotogwiazda Economista y periodista