El vocero presidencial, Manuel Adorni, notificó esta mañana, en su habitual conferencia de prensa, que durante una auditoría llevada a cabo por el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAI) se detectaron gastos irregulares destinados al traslado de militantes sin relación con el área, infracciones de tránsito y compra y reparaciones de autopartes.
Adorni señaló que el organismo, creado en 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, «era administrado por militantes del Movimiento Evita y destinaba el 85% del presupuesto al pago de sueldos». Por este motivo, cuestionó que había 950 empleados, de los cuales 151 eran delegados gremiales.
Adorni se explayó: «Escuchen algunos datos que arrojó la auditoría porque no tiene desperdicio. Se gastaron en este Instituto, durante la gestión anterior, USD 16.671 para trasladar militantes al Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de Bariloche».
Otra irregularidad que puntualizó el vocero es que detectaron “un gasto de USD 35.347 para financiar viajes de militantes desde Tucumán a la gran feria popular de agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal de la Ciudad de Buenos Aires, como así también USD 115.588, al cambio de abril, en infracciones de tránsito que estaban impagas».
Vehículos en problemas
El vocero presidencial fue enfático y señaló: “Dilapidar el dinero de los contribuyentes ya no es gratis, así que tendrán que dar las explicaciones correspondientes».
En relación a los rodados, Adorni advirtió que “hallaron desembolsos por USD 89.663 para pagar reparaciones y compra de autopartes que, por supuesto no se hicieron en tiempo y forma”, y aseguró que “el 90% de la flota está prácticamente desguazada, en condiciones deplorables».
Por último, concluyó: «Antes de abandonar el cargo, prendieron fuego algunas de las camionetas, entendemos, cuestión de revancha por no poder continuar con este tipo de gastos absolutamente delirantes con fondos que son de todos nosotros».
La Justicia confirmó que una empresa que emitía facturas truchas le aportó $18 millones al Polo Obrero
La Justicia se encuentra investigando la causa sobre la presunta defraudación millonaria al Estado por parte del Polo Obrero. Según esta hipótesis, habrían desviado parte de la plata que recibía en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo a dos empresas que hacían facturas truchas.
Dichas empresas, que ahora están señaladas por la investigación, son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero desvió $25 millones entre 2020 y 2023. Quienes están a cargo de la investigación creen que parte de ese dinero tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
De acuerdo a la información que la Cámara Nacional Electoral (CNE) le brindó al juez federal Sebastián Casanello, el Partido Obrero recibió entre 2020 y 2023, $18 millones de aportes que hizo la firma Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y por Roberto Adrián Albornoz, citado a indagatoria para el próximo día 25 de junio.
Según la investigación, entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero, de la cual Eduardo Belliboni es titular, unos $20 millones, y en el mismo período la firma le hizo aportes electorales e institucionales al Partido Obrero por $18 millones.
Ahora, la Justicia deberá comprobar si esos aportes se hicieron a través de una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el exMinisterio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa.
No solo eso: se cree que además Rumbos contrataba agencias de publicidad que luego colaboraban con la campaña del Partido Obrero, o pagaba otras cuestiones logísticas. La Asociación Civil Polo Obrero en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones: faltarían $247 millones que nadie sabe muy bien para qué se usaron.
