Los sellos partidarios recibieron dinero tanto para sus alternativas nacionales como provinciales. El que más beneficios obtuvo fue el PJ y en segundo lugar el PRO.
El Gobierno nacional repartió más de 455 millones de pesos a los partidos políticos para que se desenvuelvan institucionalmente. Se trata de la distribución anual del Fondo Partidario Permanente, un aporte destinado a todas las actividades políticas, institucionales y administrativas que llevan adelante las agrupaciones políticas.
El reparto del dinero se hizo a través de la Resolución 13/2023 de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior y según muestra el detalle de los montos girados a los sellos nacionales, el PJ recibió 12.879.503,79 pesos; el PRO, 12.581.157,09; la UCR, 12.021.781,23; la Coalición Cívica-ARI, 4.144.651,12; y el Frente Renovador, 2.771.832,27.
Estos espacios políticos también recibieron dinero mediante sus alternativas provinciales. En este caso, el PRO recibió 20.090.171,24 pesos; la UCR, 17.595.526,19; y el PJ bonaerense, 17.074.775,57. En total, se repartieron más de 455 millones de pesos a 49 agrupaciones nacionales y 548 provinciales.
Administrado por la Dirección Nacional Electoral, el Fondo Partidario Permanente está conformado por el aporte destinado anualmente por la ley de Presupuesto General de la Nación; el dinero recaudado de las multas por la aplicación de la Ley 26.215 y el Código Nacional Electoral -de acuerdo con lo informado por la Justicia Nacional Electoral-; el producto de las liquidaciones de bienes de partidos políticos extinguidos, los legados y donaciones; los reintegros efectuados por partidos, confederaciones y alianzas; los aportes privados y los fondos remanentes.
De la totalidad del importe que se transfiere a los partidos políticos, el 20% se distribuye entre todos los espacios de forma igualitaria, mientras que el 80% se asigna de forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada partido político en la última elección de diputados nacionales. Los aportes tienen que ser destinados únicamente al desenvolvimiento institucional, el financiamiento de actividades de capacitación para la función pública y la formación de dirigentes, por lo que no podrán ser usados para hacer campaña para las elecciones.