La Real Academia Española (RAE) se enfrenta nuevamente a críticas internacionales tras mantener en su Diccionario de la lengua española la quinta acepción de la palabra “judío”, definida —aunque con la aclaración de uso ofensivo— como “avaro o usurero”. A más de un año del fallo judicial emitido en la Argentina por el juez Ariel Lijo, que ordenaba la eliminación de esa definición por considerarla discriminatoria, el organismo no ha cumplido con la disposición y continúa defendiendo su autonomía institucional.
El caso, que ha generado repercusión en el ámbito académico y diplomático, fue impulsado por entidades de la comunidad judía argentina que consideran que la definición perpetúa estereotipos antisemitas arraigados desde la Edad Media. La sentencia del magistrado establecía la “supresión inmediata” de la acepción y ordenaba además a las autoridades argentinas bloquear el acceso al enlace digital hasta tanto la RAE modificara la entrada. Sin embargo, la Academia sostiene que no ha recibido una notificación formal y que su diccionario refleja los usos documentados del idioma, no juicios morales.
El director de la institución, Santiago Muñoz Machado, evitó referirse de manera directa al fallo, pero defendió la independencia de la RAE al afirmar que “el uso de la lengua lo decide el pueblo y las academias fijan sus normas derivadas del uso real y comprobado”. Durante la apertura del curso académico 2025-2026 insistió en que “a nadie se le ha ocurrido fijar la gramática por decreto ni someter el diccionario al capricho gubernamental”, en una clara alusión al reclamo judicial.
La controversia no se limita a la palabra “judío”. El término “judiada” sigue figurando como “mala pasada o acción que perjudica”, con la aclaración de su origen antisemita, y algo similar ocurre con “gitano”, cuya quinta acepción mantiene la definición de “trapacero”, es decir, estafador o timador. Aunque las palabras aparecen señaladas como de uso ofensivo, las asociaciones que luchan contra la discriminación consideran que su sola presencia contribuye a reforzar prejuicios históricos.
Las organizaciones judías sostienen que la persistencia de estas acepciones representa una forma de resistencia cultural al reconocimiento de la diversidad y la dignidad de las minorías. “Todo sigue, de alguna manera, como cuando nuestros abuelos llegaron de España”, afirman desde las entidades comunitarias, que acusan a la Academia de ampararse en la neutralidad lingüística para eludir su responsabilidad ética.
El fallo de Lijo, considerado un precedente inédito, puso de manifiesto el debate sobre los límites entre la libertad académica y la protección de los derechos humanos. Para el magistrado, mantener esa definición configura un discurso de odio y contradice los compromisos internacionales asumidos por España y los países hispanohablantes en materia de no discriminación.
La RAE, por su parte, defiende su carácter descriptivo y no normativo. Según la institución, su labor consiste en registrar los usos históricos y contemporáneos del idioma, incluso aquellos que pueden resultar ofensivos o discriminatorios, con el objetivo de documentar la evolución de la lengua. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada por especialistas en sociolingüística que advierten que la Academia no puede ser ajena a los efectos sociales de las palabras que legitima.
La próxima edición del diccionario, prevista para 2026, será la oportunidad de comprobar si finalmente se revisa la definición que ha despertado el conflicto. Mientras tanto, la comunidad judía y diversos sectores académicos continúan reclamando que la RAE asuma una posición más activa frente a expresiones que perpetúan la intolerancia y el prejuicio.
El debate reabre una discusión profunda sobre el papel de las instituciones lingüísticas en el siglo XXI: si deben limitarse a reflejar el uso o también contribuir a construir una lengua más justa, inclusiva y acorde con los valores democráticos actuales.
