(NOTI-RIO) La justicia de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro dictó una nueva sentencia por maltrato animal en nuestra localidad, consolidando un cambio de paradigma en la persecución de delitos contra seres sintientes.
Se trata de la segunda condena de este tipo en la historia local, un hecho que refuerza la importancia de la participación ciudadana y la denuncia activa.
El hecho: crueldad en el patio de casa
Según consta en el legajo judicial MPF-RC-00591-2024, los hechos se remontan a finales de octubre de 2024 en una vivienda ubicada en la calle Juan José Paso al 600.
En dicho domicilio, el imputado, identificado I. B., mantuvo cautivo a un perro de gran porte, raza Dogo Argentino, en condiciones de extrema precariedad.
El informe judicial detalla que el animal se encontraba atado a un árbol con una cadena de apenas un metro de largo, lo que provocó que terminara enredado con un alambre de púas.
Al momento de la intervención, el can carecía de provisión de agua y alimento en cantidad y calidad suficientes, configurándose así el delito de maltrato animal bajo los términos de la Ley Nacional 14.346.
La resolución judicial
El Juez del Foro de Jueces de la Segunda Circunscripción, el Dr. Maximiliano O. Camarda, dictó sentencia el pasado 9 de febrero de 2026 tras un proceso de juicio abreviado.
La resolución impone a I. B. la pena de quince días de prisión de ejecución condicional.
A pesar de que la pena se sitúa en el mínimo legal -la ley actual prevé un máximo de un año-, la sentencia impone reglas de conducta estrictas por un plazo de dos años que el condenado deberá cumplir para no hacer efectiva la prisión:
- Prohibición absoluta: El condenado tiene estrictamente prohibido tener animales domésticos bajo su cuidado.
- Control judicial: Deberá presentarse semestralmente ante el Juzgado de Paz de General Conesa.
- Conducta: No podrá cometer nuevos delitos ni modificar su domicilio sin autorización judicial previa.
Aunque desde diversos sectores de la comunidad se señala que la legislación vigente es “claramente insuficiente” ante la gravedad del daño que sufren los animales, esta condena es interpretada como una victoria simbólica y jurídica.
La existencia de una condena penal rompe con la impunidad histórica que protegió durante décadas a quienes ejercen violencia contra los animales.
Este resultado no es casual: es el fruto de una sociedad que ya no naturaliza el maltrato y de un sistema judicial que comienza a dar respuestas ante la insistencia de las denuncias ciudadanas.
La comunidad y las organizaciones protectoras sostienen que, si bien 15 días de prisión pueden parecer poco, el hecho de que este individuo ya no pueda tener animales a su cargo es un avance real en la prevención de futuros actos de crueldad.