El gobernador Alberto Weretilneck dispuso una revisión del gasto salarial, proponiendo un control privado en la autorización de las licencias médicas de los estatales. En general, el ausentismo público promedia el 20%, mayoritariamente con justificación médica. La integración y la supervisión de las juntas médicas serán asignadas a los privados, según dispuso el mandatario en la reunión de gabinete del pasado viernes. Luego, el mandatario confirmó a “Río Negro” que esos cuerpos serán tercerizados a “los colegios médicos, clínicas y sanatorios”. La revisión de la partida de personal –insistió– está orientada a mejorar “la calidad del gasto”. La administración rionegrina concentró en tres medidas sus rectificaciones de la masa salarial: mejorar el control del ausentismo en la administración pública, concretar finalmente las jubilaciones pendientes y la fijación de pautas en los adicionales, esencialmente en horas extras y guardias médicas. La primera decisión fue transferir las juntas médicas a la Secretaría de la Función Pública, que conduce Omar Alfonso. Una posibilidad consistía en que esa cartera reformulara el esquema con profesionales públicos. Sin embargo, el gobernador resolvió que esas funciones se tercericen a médicos privados. El mecanismo de contratación no estaría totalmente definido pero, de por sí, la convocatoria a los privados responde esencialmente a la celeridad para la puesta en marcha del nuevo diseño.
Apuran las jubilaciones. El gabinete rionegrino volvió a hablar de retirar a los agentes públicos con edades y requisitos jubilatorios. El gobernador ordenó el envío de las intimaciones por parte de los organismos y de la Función Pública para comenzar con los trámites previsionales. El último dato consignaría una planta de unos 700 estatales en edad de jubilarse. Desde su asunción, el gobierno del FpV insistió con esa medida para reducir su plantel, pero no se avanzó. La pasividad de los funcionarios se combinó con la resistencia de los involucrados, conscientes que su pasividad se traduce en una disminución de su haber.
Incumplimiento. Además, la provincia no cumplió con la legislación que transforma en remunerativo a la totalidad de la remuneración, procurando mejorar sus futuras jubilaciones. Esa norma ya casi tiene dos años de vigencia. En principio, su implementación –según Economía– no parece posible de cumplimentar en estos momentos. No existen números oficiales, pero se estima que la baja de medio millar de activos se traduciría en una merma de 50 a 60 millones anuales. También esta medida se inscribe dentro de los planes de reducción de gastos salariales.