La Justicia culpó a dos integrantes del cuartel de Río Colorado y les impuso prisión en suspenso. La Fiscalía impugnó el fallo al argumentar que no se consideró que estuvo en riesgo la vida del dueño. Piden cárcel efectiva.
Dos bomberos de Río Colorado fueron sentenciados por provocar un incendio que en agosto de 2022 destruyó por completo el aserradero “La Raquelita”, ubicado en Colonia Juliá y Echarren, un enclave rural ubicado a unos 10 kilómetros de la ciudad.
El grave hecho, que conmocionó a esa localidad y al ámbito bomberil, ocurrió en la madrugada del 12 de agosto de 2022 y ambos hombres fueron descubiertos porque las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la maniobra.
El fuego consumió maderas, herramientas, maquinarias e hizo que colapsaran techos y se derrumbaran paredes. Por poco no afectó una vivienda aledaña donde dormía Carlos Espósito, propietario de la firma.
El tribunal de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial compuesto por Alejandro Pellizzon, Fernando Sánchez Freytes y Emilio Stadler condenó a Cristian Daniel Vega, que integraba el cuerpo como voluntario, a 3 años de prisión condicional por el delito de “incendio con peligro común para los bienes”. También lo culparon por haber amedrentado a dos testigos -bomberas compañeras del cuartel- para que falsearan su testimonio y declararan a su favor. “Amenazas coactivas” fue ese punto de la acusación.
Mientras que, a Walter Nicolás Gual, que ostentaba rango de profesional en la institución, le impusieron la misma pena por “incendio con peligro común para los bienes” y lo absolvieron por amenazas, por las que también había sido responsabilizado.
Como el castigo es en suspenso, no fueron presos, aunque deben cumplir pautas de conducta.
Pero el fallo no contempló el riesgo de muerte que corrió Espósito y ahí centró sus críticas el Ministerio Público Fiscal representado por Daniel Zornitta, quien presentó una impugnación al considerar que se valoró de manera arbitraria la prueba.
Remarcó que la vida del damnificado estuvo en peligro y que se salvó por el llamado telefónico de un vecino que pasó por el lugar y lo alertó que había fuego en su propiedad.
Resaltó que ambos acusados sabían que Espósito pernoctaba allí “porque ya habían tenido intervenciones anteriores”.
Encadenado a ello objetó el monto del castigo, al plantear que fue insuficiente en relación al daño cometido y el rol que cumplían en la sociedad.
Sostuvo que “no se valoró debidamente que los imputados fueran bomberos” y enfatizó que “no eran personas comunes, sino que conocían el oficio, actuaron a la noche, en un lugar semirural donde las posibilidades de pedir ayuda son muy escasas”.
Zornitta agregó en este sentido que los condenados son “dos bomberos de quienes se espera una conducta ejemplar porque deben generar confianza en la población”. Subrayó que Gual es profesional y “era un ejemplo dentro de la Federación”, al punto que “dictaba cursos”.
A ello agregó la motivación que los impulsó a cometer el ataque: “prender fuego y luego aparecer como héroes apagándolo”.
El fiscal insistió que corresponde aplicarles a ambos imputados una pena de 6 años de prisión, que deberían cumplir tras las rejas, como lo habían planteado en el juicio de cesura.
Concluyó que “se demostró que hubo intención de incendiar, pero que no hubo previsión en cuanto a las consecuencias, sobre todo para la vida del señor Espósito”.
Daño económico incalculable
Espósito también manifestó su descontento frente a la declaración de culpabilidad de los imputados sin tener en cuenta el riesgo de muerte que corrió, lo que les permitió que cumplieran la pena en libertad.
Subrayó el daño que le han hecho. Aseguró que nunca tuvo inconveniente con ninguna de estas dos personas, pero que le provocaron un “daño económico incalculable” y se preguntó “quién le devuelve su vida, su historia, porque tiene el aserradero desde los 3 años”.
Lamentó que cada vez que pasa por el lugar ve la destrucción total, sus máquinas quemadas.
Para la defensa no hubo peligro de muerte
Por su parte, el abogado Defensor Ricardo Thompson pidió que no se haga lugar a la impugnación y se confirme la sentencia. Argumentó errores formales de la presentación fiscal y que el agravante sobre el peligro de muerte no pudo ser confirmado con la prueba aportada.
Manifestó que “lo que dice la sentencia es que la prueba aportada por la acusación no es suficiente para acreditar el peligro de muerte de la figura agravada cuya aplicación se pretende”.
Nuevo juicio de cesura
El Tribunal de Impugnación compuesto por María Rita Custet Llambí, Carlos Mussi y Adrián Zimmermann, admitió el recurso elevado por la Fiscalía, revocó parcialmente la sentencia y declaró que a ambos acusados correspondía incluir el cargo de “peligro de muerte”.
En consecuencia, ordenó a los jueces que intervinieron en el juicio de primera instancia realizar una nueva audiencia de cesura para definir la nueva pena que contemple el agravante.
En el voto rector, Custet Llambí, sostuvo que Vega y Gual “en particular por su calidad de bomberos no podían desconocer que prender fuego un aserradero generaría un incendio de grandes dimensiones y tampoco su potencialidad dañosa” y que “para que se configure el tipo penal basta con que se genere un fuego peligroso con potencialidad dañosa para bienes y la vida de los demás”.
Se opuso al argumento expresado por el tribunal de juicio que señaló que no se pudo acreditar que “como consecuencia directa del incendio causado intencionalmente por los imputados haya corrido peligro real y concreto la vida del damnificado Calos Darío Esposito” dado que el vecino lo despertó.
La magistrada le dio la razón a la acusación “por cuanto erróneamente la sentencia considera como causal de exclusión de tipicidad (riesgo de muerte) el anoticiamiento que recibió Espósito sobre el incendio esa madrugada”.
El ataque de pirómanos
En la sentencia de los jueces Pellizzon, Sánchez Freytes y Stadler acusaron a Vega y Gual por el hecho ocurrido la madrugada del 12 de agosto de 2022.
Según ese fallo, minutos antes de las 3 ambos bomberos fueron hasta el aserradero “La Raquelita” en un Chevrolet Corsa de Gual. Primero pasaron haciendo un reconocimiento del lugar y luego volvieron con las luces apagadas. En esas circunstancias, se bajó Vega con la cara cubierta con una chalina oscura y con un bidón de combustible que habían comprado el día anterior y un encendedor.
Gual continúo camino, pero Vega ingresó al galpón del aserradero, donde roció con combustible maderas y las prendió fuego, para luego salir corriendo hasta que Gual lo pasó a buscar y escaparon en dirección a Río Colorado.
Ya para ese entonces las llamas habían tomado gran parte del inmueble, mientras Espósito dormía en una habitación vecina.
Pensaron que era el atentado perfecto, según se indicó en el documento judicial, para luego volver y sofocar el siniestro para “aparecer como héroes”, resaltó el fiscal Zornitta.
Efectivamente, poco después de las 5:30 y cuando se dieron los toques de sirena en el cuartel anunciando un incendio, ambos asistieron de manera inmediata a la dependencia y se trasladaron al lugar del hecho en la primera dotación, colaborando con las tares de extinción del incendio y “borrando rastros del accionar de Vega”.
Alrededor de las 9:30 se constituyó el personal del Gabinete de Criminalística de Luis Beltrán, y fiscales de Río Colorado, efectivos policiales para iniciar las tareas investigativas.
El expediente judicial indica que ahí Gual advirtió que había cámaras de seguridad e “intentó distraer las tareas de investigación ingresando al recinto en el que se encontraba el dispositivo DVR de registro de filmaciones”.
Pero esas imágenes fueron la prueba central en el juicio en el que fueron condenados.
Armar la coartada
A partir de ese momento Gual y Vega comenzaron a construir una coartada para no quedar involucrados.
Gual intentó convencer a Caterina Insúa, compañera del cuartel y amiga personal, para que declarara que la noche anterior al ataque habían estado juntos. Como ella tiene hijos pequeños y no los podía dejar solos, intentó sumar a la trama a otra bombera, Andrea Ibáñez, para que dijera que ella le había cuidado esa noche a los niños. Pero la mujer se negó, porque su esposo es Policía y no se iba a sumar a la mentira.
Entonces Vega la amenazó para inducir su declaración. “Tengan cuidado con quien hablan”, “si alguien más se entera te mandamos a prender fuego la casa las hacemos boleta”, le dijo, lo que le provocó mucho temor a Insua.
Lo mismo hizo Vega con Ibáñez: “Más vale que vos no digas nada porque somos los únicos 4 que lo sabemos lo que pasó. Si vos hablás, yo te limpio”, “Yo te aviso, vendo lo que tenga que vender y te limpio”.
Pero finalmente ambas mujeres declararon la verdad y sus aportes fueron relevantes para culpar a los sospechosos.
Toda la secuencia se dio en pocos días, hasta que todo salió a la luz. Hubo un allanamiento en el cuartel donde secuestraron elementos para la causa. Vega y Gual fueron detenidos y al último le secuestraron el Corsa en que se movieron esa noche.
Insúa no permaneció mucho tiempo más en como bombera. La terminaron echando. Ella dijo que fue porque la culparon de no haber dicho la verdad en el juicio y no puede ingresar a ningún cuartel de la provincia, aseveró. De Ibáñez no trascendieron datos de lo que sucedió después.
