Se detectó 331 prófugos que cobraban pensiones por invalidez

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras realizar auditorías de pensiones por invalidez laboral, detectó que más de 330 personas prófugas de la justicia percibían de manera irregular este beneficio. Según los resultados parciales de las auditorías, el 75% de estas pensiones estaban mal otorgadas, lo que llevó al gobierno a tomar medidas para rectificar la situación.

En respuesta a estos hallazgos, el gobierno informó que se desarrolló un operativo que permitió dar con 14 prófugos que cobraban irregularmente estas pensiones. «Este operativo es parte de un esfuerzo por fortalecer la transparencia y acabar con el mal uso de los recursos del Estado», afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. La acción fue coordinada entre la ANDIS, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, lo que permitió identificar la situación de los 331 pensionados irregulares.

Operativos de auditoría y detenciones

Como parte del proceso, se convocó a 131 beneficiarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la Provincia de Buenos Aires (PBA) para que asistieran a auditorías los días lunes y martes, con el objetivo de ponerlos a disposición de la justicia o proceder a su detención, si correspondía.

El lunes, de los 70 citados, 31 fueron notificados y 17 se presentaron a la auditoría. Entre ellos, 10 requirieron la intervención de las fuerzas de seguridad, quienes los pusieron a disposición de la justicia, y uno de estos quedó detenido. Al día siguiente, martes, fueron citadas 61 personas, de las cuales 20 fueron notificadas y 16 asistieron. En esa jornada, 3 personas fueron detenidas, y además se identificó a una persona que tenía un pedido de captura pero que ya estaba cumpliendo una pena.

En total, los operativos resultaron en la identificación y captura de 14 personas que se encontraban prófugas de la justicia y percibían de manera irregular pensiones por invalidez laboral.

Resultados de la auditoría y medidas adicionales

Además de las detenciones, la ANDIS informó que los resultados parciales de las auditorías reflejan que al 75% de los casos revisados no les correspondería recibir la pensión. Como parte de las medidas adoptadas, se procederá a la baja inmediata del beneficio para los prófugos detenidos.

La Agencia Nacional de Discapacidad reafirmó su compromiso con la transparencia y la justicia, y se comprometió a seguir trabajando en colaboración con las autoridades para garantizar un uso eficiente de los recursos del Estado. La iniciativa busca poner fin a prácticas irregulares que afectan a la gestión de las ayudas sociales y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.

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