Tres meses después del acto de , el gobierno provincial no logra aún justificar la mayoría de las de los servicios contratados por Río Negro para la visita presidencial del Tedéum del . Los de control interno -Contaduría y Fiscalía de Estado- continúan con observaciones sobre los distintos expedientes elevados por la Secretaría General, porque insisten en los argumentos y las pruebas para la contratación directa, la efectiva prestación y la razonabilidad de los . Pocas facturas llegaron a la Tesorería General para su ya que una treintena sigue con reparos por parte de esos organismos de control. En principio, el secretario General, Julián Goinhex, puso en marcha el expediente 1487-DAP-2012 por contratación directa y el pago de 2.663.832 por servicios presidenciales. Ese trámite se complicó a partir de la repercusión originada por la difusión periodística del de la presencia presidencial en Bariloche. Se supo entonces que esos órganos de control internos no habían participado, algo que derivó en la modificación del mecanismo de contratación y cancelación, transformándolo en “legitimo abono”. Ese mecanismo exige un expediente por cada presentada. De acuerdo a un informe elaborado por el “Río Negro”, pocos de ellos superaron los controles contables y . La Contaduría General, a cargo de Juan Kohon, constituye la mirada , porque sólo su aprobación determina que ese expediente se remita al análisis de la Fiscalía de , que conduce Pablo Bergonzi. Ambos organismos ya habían rechazado la original contratación directa y ahora están observando los expedientes, devolviéndolos a la Secretaría General para que precise y amplíe sus argumentos. Algunos observaciones se repiten en Contaduría mientras que otras se originan en Fiscalía, aunque en general las mismas requieren de fundamentos o de pruebas de la existencia del servicio, como también de más para justificar los cobrados.
Expedientes cuestionados. Entre los expedientes “rebotados” figuran las facturas más importantes, partiendo de aquella de la Publi La Calandria SA (de Avellaneda) por 574.600 pesos por la “contratación del y coordinación general de producción, supervisión y coordinación técnica”. También siguen observadas las boletas de Service SA por escenario, , tribunas y vallados por 473.200 pesos; Audiovisual Systems SA por show de pantallas por 282.140 pesos; Adamovsky Jimena por globas con calefacción por 224.986; La Baita por 115.000 pesos y Distrisur Argentina por fuegos artificiales por 106.922 pesos. El listado es mucho más extenso.La carencia se detecta claramente en la documentación elevada por la Secretaría General y, puntualmente, por la de Legitimo , que cada debe constituir para justificar esa tramitación excepcional. Esta comisión está integrada por el subsecretario de Coordinación, Main; el general de , Federico López; y los Raúl Iluminatti y Natalia Hoz. Distintas aseguraron que la explicación de la misma es “demasiado escasa”. Otro dato coincidente entre esas fuentes es el reiterado descargo de Goinhex en razón de que se trató de un requerimiento del gobierno , según el texto de la inicial. Frente a ese argumento, la Fiscalía habría devuelto algunos expedientes con el reclamo que se adjunte documentación de esos pedidos de los funcionarios de Presidencia.
¿Y el aporte nacional?. Río Negro afrontará exclusivamente el costo de esa visita presidencial, más allá que en los órganos de control internos ya reconocen marcada dificultad en el pago de la totalidad de las facturas, que originalmente sumaron más de 2,6 millones. Argumentan que las deficiencias detectadas seguramente imposibilitarán cancelar algunas boletas. no habría aportado para la visita presidencial más allá de que el gobierno provincial habló de gestiones y promesas en ese sentido cuando estalló el escándalo, a principios de junio. Un análisis pendiente se corresponde con la revisión del Tribunal de . La intervención de ese se origina cuando sus pares internos exigen la reformulación del trámite y lo encuadran como “legitimo abono”. Otras cuestiones olvidadas fueron las explicaciones parlamentarias requeridas a Goinhex, que incluyó un pedido de interpelación. En su momento, el gobernador Alberto Weretilneck admitió que el iría a la Legislatura, algo que no ocurrió. En aquella ocasión Goinhex declaró que la contratación directa se originó porque no existía tiempo, ya que la visita presidencial se confirmó “sólo diez días antes”.