Cuando uno lee los argumentos esgrimidos por parte de algunos dirigentes políticos, funcionarios o productores de la provincia de Río Negro y Neuquén que saludan con alegría el corrimiento de la barrera sanitaria por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación al río Colorado, encontramos en sus razonamientos una idea medular. Lo que ellos esencialmente argumentan es que desde ahora tendremos la real posibilidad de potenciar la ganadería en la región, que sufrirá un incremento de la demanda ante la imposibilidad de ingresar ganado en pie y carne con hueso a la región.
Se admite que el stock ganadero de la región no alcanza para abastecer la demanda local, pero que no hay razones para aumentar los precios, ya que el valor del ganado en pie no varió desde hace dos años (pretenden que ante una menor oferta los precios se mantengan), y que el reto es hacer que alcance para poder producir lo que consumimos. También sostienen que, de cara al futuro, con esta medida se abrirá el acceso a los mercados externos a un mayor número de productores ganaderos.
Es necesario mencionar que a los pocos días de comenzar a percibirse los efectos no deseados del aumento del precio de la carne, el gobierno provincial amenazó a los comerciantes del rubro con someterlos a inspecciones sorpresa a través de un grupo que tendrá como objetivo “preservar el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos”.
Una primera dificultad de las políticas de contenido voluntarista es que al querer violar las leyes de la economía y del funcionamiento de la sociedad, sólo logran que se produzca el “cierre” de un determinado problema al costo de “abrir” otro u otros de mayor magnitud que el anterior.
Me permito ser poco optimista sobre las medidas hacia el sector ganadero provenientes del Ejecutivo nacional (y apoyadas por los gobiernos de Neuquén y Río Negro), sobre todo luego de conocerse los datos sobre la caída estrepitosa de las exportaciones de carne durante el período comprendido entre el 2005 y el 2012. En el 2005, según se desprende de la información brindada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Ipcva, la Argentina exportaba 762.000 toneladas de carne, ocupando el tercer puesto detrás de Estados Unidos y Brasil. Pasó en el 2012 al décimo puesto con 180.000 toneladas, relegando a la Argentina a ubicaciones de exportación detrás de países mucho más pequeños como Uruguay, Paraguay y Nueva Zelanda, entre otros.
Todo esto no fue gratis, según este informe las divisas perdidas a causa del declive exportador alcanzaron los 4.500 millones de dólares acumulados.
El espíritu de los argumentos que uno lee en defensa de la barrera sanitaria no son nuevos, los mismos buscan la protección a industrias incipientes de la zona, en este caso un proteccionismo regional, y representan un claro financiamiento de los consumidores hacia los grupos locales que celebran esta medida. De esta forma creen poder competir en el extranjero, lo cual es un fin loable, pero siempre será a costa del bolsillo del consumidor.
Parecieran no recordar que la liberalización del comercio interior fue uno de los puntos centrales a resolver en la organización nacional en 1853, ya que su entorpecimiento dificultaba el desarrollo económico. Nadie podía hablar de unidad nacional si las mercaderías que salían de una provincia debían pagar alguna especie de “derecho de introducción” o sufrir limitaciones al pasar a otra provincia o ciudad. Los artículos 9, 10, 11 y 12, referidos a la cuestión aduanera y a la prohibición de los “derechos de tránsito”, plasmaron constitucionalmente la exitosa política de la generación de 1853. Con los aranceles –ya sea en su versión paraarancelaria– no hay incentivos suficientes para aumentar la competitividad. Por eso en general estas industrias nunca maduran y el resultado es un sector permanentemente ineficiente y aranceles que tienden a perpetuarse en el tiempo a costa del bienestar del consumidor.
No es menos grave la intención por parte del gobierno provincial y nacional, que en forma conjunta amenazan con realizar inspecciones a los negocios del rubro en cuestión, con el objetivo de corroborar que en las góndolas exhiban lo que según sus cálculos debería ser “el precio justo”.
Desde el código de Hammurabi, el edicto de Diocleciano, pasando por la extinta URSS y llegando hasta estos tiempos a la chavista Venezuela, por citar unos pocos ejemplos, se ha intentando esta medida sin ninguna clase de éxito. En todos los casos se usaron ejércitos de inspectores y se llegaron a decretar encarcelamientos, altísimas multas y confiscaciones de mercaderías por parte de los ministerios intervinientes. Estas políticas en distinta medida provocan deterioro de la calidad, escasez y racionamiento, lo cual empeoran los problemas mencionados.
Además demuestran un desconocimiento de cómo funciona el mercado y una omnipotencia al creer que todo puede ser controlado, inclusive los valores que cada una de millones de personas otorga a los bienes. Es la “fatal arrogancia” de la que hablaba Hayek, Premio Nobel de Economía.
El fracaso de estas políticas intervencionistas está a la vista, insistir en este camino será a costa de seguir perdiendo libertades y lograr el efecto contrario al deseado.
PABLO BENÍTEZ JACCOD (*)
