El gobernador Alberto Weretilneck reveló que el incremento en el servicio de agua potable y cloacas en Río Negro rondará el 25%, a pesar de que Aguas Rionegrinas (ARSA) había solicitado un aumento cercano al 100%.
El mandatario consideró el pedido de la empresa como “excesivo” e imposible de otorgar.
Weretilneck, durante su visita a Cipolletti el jueves, informó que el aumento comenzaría a regir el mes que viene tras la firma del decreto que lo autorice. No descartó otro posible incremento más adelante, aunque no dio mayores precisiones sobre este punto.
El pedido de ARSA había sido cuestionado por varias organizaciones sociales y políticas y por los usuarios ante el Departamento Provincial de Aguas (DPA), que es el organismo regulador de la concesión. También hubo reclamos ante la Defensoría del Pueblo.
La mayoría de los argumentos giraron en torno a la deficiente calidad del servicio, sobre todo en las ciudades más grandes donde, muchas veces, la gran demanda hace colapsar las plantas potabilizadoras.
Hubo al menos 17 presentaciones individuales y colectivas objetando el planteo de la empresa que argumentó el pedido en “una variación en los costos y gastos de funcionamiento no compensadas”.
La revisión extraordinaria de tarifas, que comenzó hace poco más de un mes, fue autorizada por el gobierno provincial a ARSA que asegura que su déficit alcanza el 99,83%.
Audiencia pública
Varios de los reclamos hicieron hincapié en la necesidad de una audiencia pública para debatir el incremento aunque desde el gobierno explicaron que para esta revisión extraordinaria no es necesaria porque “no se modifica la estructura tarifaria en sí”.
Si bien el DPA aconsejará el porcentaje de suba es el gobernador, a través de un decreto, el que tendrá la última palabra.
El jueves, Weretilneck reveló que ya había tomado una decisión que el aumento no será superior al 25%.
En Cipolletti, particularmente, y ante la negativa de debatir el incremento y la calidad del servicio en una audiencia pública, el Ateneo Arturo Illia presentó el martes pasado un reclamo ante la Defensoría del Pueblo.
En el escrito le pidió que promueva una acción judicial ante los tribunales competentes para defender el derecho de los usuarios del servicio.
Los integrantes del ateneo cuestionaron varios puntos del pedido y aseguraron que tuvieron dificultades para acceder a la documentación presentada por ARSA y que debía estar a disposición de cualquier interesado en obtenerla. Para ellos fue “evidente” que se intentó “obstaculizar el estudio y el análisis del pedido de incremento para evitar que los usuarios tengan tiempo de analizarlo y realizar impugnaciones o recursos administrativos.
Además, explicaron que solicitaron una prórroga de 30 días del plazo para hacer consultas y que se convoque a una audiencia pública, reclamos a los que no se les dio curso.
No descartaron recurrir a la Justicia si tampoco tienen una respuesta de la defensoría. Cuestionaron que tampoco se demuestra que la prestación del servicio público se realice en forma eficiente y prudente y dejaron sentada la oposición al incremento.
“El gobierno provincial tiene la obligación de tomar todos los recaudos para minimizar los riesgos de una decisión equivocada o arbitraria, dado que tiene la obligación de proteger los derechos de los usuarios”, justificaron en relación al pedido de audiencia pública que solicitaron.