Política ambiental. “Trabajaremos para lograr la efectiva reglamentación de los principios planteados por la Ley General del Ambiente.
Entre las principales normas que llevaremos adelante desde el Congreso en materia ambiental se encuentran las siguientes: Ley de Ordenamiento Territorial de los Recursos Naturales, leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación de los calidad del aire, de los suelos y de la vida silvestre; ley nacional de evaluación de impacto ambiental; ley de delitos ambientales para su inclusión en el Código Penal, ley de biotecnología; ley nacional de aguas, sistema nacional de seguro obligatorio de cobertura de daños ambientales, derogación del paquete minero sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y subsiguientes prohibición del uso del cianuro en megaminería, entre otras”.
“Proponemos la creación de fiscalías ambientales”.
Política de tierras y viviendas. “Resulta imperioso establecer una norma clara a nivel nacional que mejore la legislación actual, que restrinja y limite la adquisición de tierras por parte de extranjeros y de grandes conservadores de territorio. En relación con los derechos de los pueblos originarios, seremos coherentes con nuestra trayectoria llevando adelante distintos proyectos de ley que reglamenten las garantías que hoy se encuentran reconocidas constitucional e internacionalmente a su favor”.
Políticas de producción y desarrollo. “Fuerte intervención en defensa del sector de los pequeños y medianos productores. Se propone una ley nacional de arraigo. Se impulsará la ley nacional de suspensión de remates. Proponemos la eliminación total de las retenciones a la fruticultura y a la lana y la ley nacional de transparencia de la comercialización”.
Políticas de seguridad y derechos humanos. “Reafirmamos nuestro compromiso con las organizaciones y juicios de lesa humanidad”.
Transparencia y participación ciudadana. “Ley de acceso a la información pública efectiva y modificación de la ley de Iniciativa Popular. Jerarquización del Congreso para que asuma el rol que le compete para diseñar políticas públicas y ejercer el control. Derogación de todo el paquete legislativo sobre reforma del Poder Judicial, que atenta contra el sistema republicano”.