El tratamiento en la sesión legislativa de los dos proyectos de ley del Poder Ejecutivo para la reducción de los sueldos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas trajo aparejada una ola de críticas de todos los bloques parlamentarios, a excepción obviamente del oficialista. Incluso el miembro informante de la bancada radical, Alejandro Betelú, planteó en el recinto que se debería avanzar en el “juicio político” a los miembros del Tribunal de Cuentas porque consideró que si durante dos años hubo una “manipulación” en los ingresos de sus integrantes opinó que la respuesta institucional no puede ser “acá no ha pasado nada”.
La sesión comenzó casi con una hora de retraso, estaba convocada para las 13, y previamente el titular de la Legislatura, Carlos Peralta, leyó una comunicación acordada por todos los bloques rechazando la regionalización del PAMI.
El debate lo inició el presidente del bloque de legisladores del Frente para la Victoria, Pedro Pesatti, indicó que “está vigente el principio de que ningún sueldo pueda ser superior al que percibe el jefe de Estado” pese a lo cual reconoció que “se observó que tal principio no se cumplía y en función de ello el gobernador ha enviado los proyectos que hoy debate esta Cámara”.
“Esto también se enmarca con una cuestión más general como lo es el plan de austeridad que el Ejecutivo ha puesto en funcionamiento, a partir de la sensible reducción de la planta política que implica la reducción de la mitad de los cargos políticos y junto a ello una reducción del 15 por ciento de sus sueldos”, fundamentó Pesatti sobre la tijera en los sueldos top de los funcionarios de los organismos de control externo e interno.
Seguidamente tomó la palabra Ana Piccinini, miembro informante del bloque del disidente del Frente para la Victoria, Eva Perón. Recordó que a menos de seis meses de haberse iniciado el gobierno actual, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, que presidía la legisladora, se aprobó un proyecto exactamente igual al que se aprestaba a sancionar el parlamento en esta jornada. “El Ejecutivo estaba al tanto que se disparaban los sueldos de los organismos de control”, recordó Piccinini.
La ex Defensora del Pueblo recordó toda y cada una de las promesas hechas en el marco de la campaña electoral que desembocó en el triunfo en septiembre del 2011 de la fórmula Carlos Soria-Alberto Weretilnck, y las contrapuso con las medidas anunciadas recientemente por el gobernador, como ejemplo de todo lo que “no se cumplió”. “Siento que navegamos en aguas que no están calmas, no hay una hoja de ruta clara”, afirmó sobre la situación fiscal de Río Negro y los pasos que está dando el Poder Ejecutivo para enfrentar el cimbronazo. Después citó palabras de “José Ingenieros”, cuyo destinatario fue AW, y que por su dureza arrancaron algunos aplausos de parte de trabajadores del Tribunal de Cuentas y otros organismos.
“Valoramos las modificaciones propuestas, pero hay partes confusas donde debe estar expresamente aclarado que no afecta a los contratados ni al personal temporario”, indicó Alejandro Betelú, mimbro informante de la bancada de la Concertación radical.
Betelú sostuvo que “nos preguntamos si no sería oportuno, ya que aquí hubo una manipulación de los conceptos que integran la escala salarial que prevé la Constitución y que trajo las consecuencias que hoy estamos tratando”, avanzar en el “juicio político” de los miembros del Tribunal de Cuentas y otros organismos, ya que consideró que la respuesta institucional no puede ser “acá no ha pasado nada”.
Después fue el turno de Ricardo Ledo, de Unidos por Río Negro, que puso en duda el sentido de las medidas impulsadas por el gobernador porque dejó abierta la puerta que persigan “disciplinar a los organismos de control” en momentos en que algunas investigaciones están llegando a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y a la fiscalía de Estado. Además consideró que “esto llega porque” se aproxima la discusión de los “salarios con los gremios estatales”, y consideró que “como los empleados públicos no fueron invitados a la fiesta”, “no debieran pagarla”.
Con pocas palabras Jorge Ocampos, del ARI, expresó su apoyo “con múltiples reparos” en función indicó de las palabras dichas por quienes lo antecedieron en el uso de la palabra. Planteó que las “medidas”, de todos modos, era “atemporales”.
Posteriormente tomó la palabra Bautista Mendioroz, presidente de la bancada de la Concertación radical, que cuestionó la respuesta dada desde la “política” a lo que se estaba discutiendo en una “sesión poco generosa”.
Para Mendioroz las medidas de austeridad puestas en marcha por Weretilneck, esconden un “ajuste ortodoxo de las cuentas públicas”, y planteó la necesidad de “readecuar” el Presupuesto del presente año porque fue realizado en un contexto económico y fiscal completamente diferente al actual, después de la devaluación de la moneda. En consonancia con lo expuesto por Betelú, anticipó que “vamos a solicitar el juicio político” de aquellos funcionarios que cobraron de más, pese a que sus haberes “estaban legislados”.
Por último, Pesatti cerró el debate agradeciendo el apoyo y todas las visiones expuestas, y sobre las consideraciones críticas, como las expuestas por el radicalismo en torno al Fiscal de Estado y el de Investigaciones Administrativas que se asemejan a la de los miembros del Superior Tribunal de Justicia y por ende sus sueldos son intangibles, indicó que “está la Justicia” para expedirse sobre la validez que, afirmó, tienen los dos proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo.
Los proyectos
Una de las iniciativas prohíbe a los titulares de los órganos de control Interno incorporar a sus haberes todo adicional, retribución, bonificación, asignación o concepto que no sean los que surgen de aplicar lo dispuesto en el artículo primero de la norma.
La escala salarial del personal superior de la Fiscalía de Estado fija para el Fiscal de Estado Adjunto una suma equivalente al 80 por ciento de los haberes del Fiscal de Estado. Y para el Secretario General, un 80 por ciento de los haberes del Fiscal de Estado Adjunto.
Para el personal superior de la Contaduría General de la provincia, determina que el Subcontador General de la provincia percibirá un salario equivalente al 80 por ciento de los haberes del Contador General. Y para el Director General, un 80 por ciento de los haberes del Subcontador General de la Provincia.
La norma aprobada faculta al Fiscal de Estado y al Contador General de la Provincia, a adecuar los porcentuales a la escala salarial del personal de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General, respectivamente, en proporción a lo establecido en el Artículo 1°, cuidando preservar la integridad de los haberes actuales.
También establece que el personal de planta permanente del Tribunal de Cuentas conservará sus remuneraciones, derechos y garantías y se regirá por la ley 838, estatutaria del Poder Legislativo.
El otro proyecto aprobado dispone que los haberes que por todo concepto perciben los titulares de los Órganos de Control Externo se liquiden de igual forma y con los mismos conceptos y porcentajes que se aplican para integrar la liquidación de haberes de los legisladores provinciales.
También establece la prohibición absoluta de que los titulares de los Órganos de Control Externo puedan incorporar a sus haberes todo adicional, retribución, bonificación, asignación o concepto que no sean los que surgen de aplicar lo dispuesto en el artículo primero de dicha norma.