Desordenado, desprolijo, incompleto. Así recibieron el voluminoso expediente del caso Solano en la Cámara Criminal II de Roca cuando el juez de Choele Choel pretendió entregarlo definitivamente tribunal que hará el juicio oral y público.
El subrogante del juzgado de Instrucción Nº 30, Julio Martínez Vivot, llevó personalmente el expediente y las cajas con secuestros hasta el octavo piso del edificio judicial de Roca en la última semana de agosto. El primer control, hecho en el momento por empleados de la Cámara, alcanzó para constatar varios problemas. Y el “punteado” minucioso que se hizo en los días siguientes terminó de verificar las irregularidades. “Un desastre”, lo calificó una fuente del tribunal.
Un ejemplo: que la numeración de las fojas no es correlativa. Otro: que piezas que debían tramitar por separado estaban unidas al expediente principal. Y el más grave: que aún quedaban pendientes de resolución temas tan delicados como las excarcelaciones de los policías imputados (tres de las cuales se resolvieron el miércoles) y la pericia en el jagüel. Tan irremediables resultaron las deficiencias que los camaristas María Evelina García Balduini, Gastón Martín y Oscar Gatti no tuvieron más opción que devolver el expediente completo a Choele Choel con la orden de subsanar las falencias, que fueron enumeradas en una certificación actuarial que se acompañó con la nota de envío del 6 de septiembre.
Con al sutileza propia de las comunicaciones entre los jueces, en el expediente sólo quedó la constancia de que la causa fue devuelta “a origen a fin de cumplimentar lo dispuesto en la Resolución 329/10 del Superior Tribunal de Justicia”. Es la resolución que ordena a los jueces de instrucción entregar los expedientes sin fisuras a los tribunales de juicio. Eso va desde la foliatura hasta el inventariado de los secuestros. También recomienda que no haya pruebas pendientes, en especial si pueden ser determinantes.
Pero lo que entregó Martínez Vivot a la Cámara –al parecer con premura para tomar una licencia– estuvo lejos de ser un expediente “en condiciones”. La certificación realizada en la Cámara el 28 de agosto dejó constancia de los problemas. Textualmente enumera:
• Que la presente causa no se encuentra correctamente foliada.
• Que no se encuentran proveídas y resueltas todas las peticiones. Entre otras la medida probatoria, de conocimiento público, dispuesta en el jagüel.
• Que no se encuentran tramitando por cuerda los incidentes –de excarcelación y nulidad– advirtiéndose que han sido acumulados al legajo, el primero de ellos aún en trámite y sin resolución.
• Que no se encuentran en forma prolija, detallados por orden de fecha de recepción, las fojas correspondientes a la recepción de testigos de identidad reservada, y que del cotejo de los mismos surge que al consignarse el testimonio de P. (el 20/12/12) el mismo está tachado, correspondiendo la declaración de M., de igual fecha. Asimismo en los sobres con las referidas declaraciones no se encuentra debidamente detallada la documentación que se acompañó.
A todo, debe sumarse que se pretendió elevar a juicio el caso sin que haya aún certeza de que la competencia quedará en la Justicia provincial, pues existe un planteo pendiente ante el Superior Tribunal de Río Negro en el que la fiscalía reclama el pase de la causa al fuero federal.