El exgobernador radical Miguel Saiz declaró esta mañana en el juicio que se le sigue por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La causa se inició tras una denuncia de la ex Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, ya que el exmandatario no habría controlado una doble percepción de haberes de Gabriel Savini cuando se desempeñó como secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas, Gabriel Savini y como Presidente del Directorio de EDHIPSA.
Saiz fue procesado en marzo pasado por el juez Favio Igoldi y la resolución fue ratificada por la sla B de la Cámara Criminal. Ante eso su abogado defensor Miguel Cardella planteó una recurso de apelación ante el Superior Tribunl que fue desestimado.
El magistrado, en el procesamiento inicial había indicado que el exgobernador debía haber solicitado la “correspondiente prevención sumaria” de la ley de Etica e Idoneidad de la Función Pública (ley 3550) por parte del secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas porque “estaría incurriendo en las incompatibilidades previstas” ya que además se desempeñaba como Presidente del Directorio de EDHIPSA”.
“Si en este juicio soy condenado, la sentencia la colgaré en un cuadro en mi estudio jurídico al lado de mi título de abogado, mis diplomas de concejal, convencional constituyente, intendente, legislador provincial y de los dos de gobernador de Río Negro”. Esa fue la última manifestación del exgobernador, Miguel Saiz, ante el camarista penal Guillermo Bustamante, en el juicio en lo Correccional que enfrentó ayer el exmandatario por no haber iniciado un sumario por la doble función de Gabriel Savini como secretario de Control de Gestión de Empresas Públicas y presidente del directorio de Edhipsa, una de esas firmas.
Se manifestó desconcertado por esta causa, la única que se le sigue desde que dejó la función pública. Admitió que un funcionario provincial, nacional o municipal no puede ser director o gerente de una sociedad anónima que tenga contratación con el Estado o sea proveedora “pero nada se dice que la Ley de Sociedades Comerciales fija que esa inhabilidad de los funcionarios del Estado para ejercer cargos de directores en las sociedades anónimas no se aplica cuando la sociedad tiene mayoría estatal y es lógico si es el Estado el que actúa a través de una sociedad anónima y está representada por funcionarios no sólo por una cuestión de coordinación sino económica porque si tuviera que pagar a cada director de las sociedades que tiene seguramente los presupuestos que siempre son escasos en la administración pública alcanzarían mucho menos”.
Saiz fue muy crítico con la Justicia al señalar que “pareciera que para el Ministerio Público Fiscal es más importante la Ley de Ética Pública que la Constitución Provincial, porque aquí no es delito falsificarle firmas al gobernador, cambiar el sistema normal de la sanción de las leyes, emitir pólizas de seguro después de ocurrido el siniestro, incrementar los sueldos de gobernador y ministros en contra de la manda constitucional, ejercer la profesión de médico de un diputado reconocido públicamente y que atienda por el Ipross cobrando plus, no cumplir con los requisitos de residencia y domicilio en la provincia para ser legislador o ministro”. También se refirió a la exdefensora del Pueblo, Ana Piccinini, denunciante de esta causa, quien “a pesar de la presencia mediática todavía no dio respuesta de por qué espiaba a la gente con fondos del Estado, se autofijó un adicional del 100% de su retribución, cobraba gastos reservados de la Legislatura, viáticos, qué pasó con los PER, con la camioneta que le robaron al marido en la Capital Federal y tantas otras cosas en ese triángulo de las bermudas compuesto por la exdefensora, la periodista del diario “Río Negro” Alicia Miller, y la fiscal Zágari detrás de quien también estaba la actual integrante del STJ, Liliana Piccinini”.
Además dijo que se cumplió “lo que se denunció en su momento”, vinculado a “una campaña de compromisos y ascensos en el Poder Judicial: la doctora Piccinini al STJ, Álvarez como Fiscal General. A la única que no se le pudo cumplir porque no aprobó el primer examen fue a la Zágari, Reussi a la Cámara, y la sociedad de Soria con Piccinini que lo negaban y después fueron juntos”.
Al retirarse de la audiencia, reiteró el malestar por llegar a esta instancia por esta causa y pidió “verlos a Pablo Berraz y Marcelo Ponzone (ex y actual fiscales de Investigaciones Administrativas) sentaditos acá porque ellos también debieron hacer sumario y ¿por qué no lo hicieron?. O sea que el único pelotudo que pensaba de esa manera no era yo”.