El Consejo Asesor Gremial del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) coincidió ayer en salir a defender los recursos que aportan los distintos sectores laborales de la administración pública rionegrina, y rechazaron la incorporación de más afiliados voluntarios para evitar la dispersión de gastos y que privados ligados a los prestadores se conviertan en asesores de la conducción.
Por otro lado se hizo mención a la situación de los afiliados de Río Colorado que cuando necesitan de la atención por mayor complejidad, las autoridades de la obra social decidan el traslado de un paciente al Alto Valle cuando están muy próximos a Bahía Blanca.
En la cuestión relacionada con los medicamentos se hizo referencia a la situación de crisis por la que está atravesando la producción del laboratorio oficial Prozome. En este marco, se denunció un virtual desmantelamiento.
De ese encuentro surgió la necesidad de solicitar una audiencia al gobernador Alberto Weretilneck para analizar el rumbo que está tomando la obra social, según las coincidencias en las conversaciones que presidieron los vocales gremiales Marcelo Nervi (Unter), Omar Pizzio (UPCN) y Pablo Barreno (judiciales).
Respecto de los 1.500 voluntarios -a quienes se les incrementó la cuota recientemente- se informó que aún cuando a los aportantes directos se les exigen exámenes preocupacionales y hay aportes patronales, con los privados “no tenemos resguardo ante situaciones que no se han redefinido”, indicó Nervi. La referencia está vinculada con que de acuerdo a las cifras ventiladas en esa reunión, los privados aportan 875.000 pesos mensuales en total y las prestaciones suelen resultar mucho más elevadas que lo que esa franja paga de cuota.
En el encuentro se fijó posición para resistir el supuesto nombramiento de dos asesores privados. Al respecto, Nervi señaló que “por una cuestión de transparencia, queremos que si hay que revisar convenios (prestacionales) tengan la camiseta puesta de la obra social, y no que respondan a otros intereses.
Se planteó la alternativa de tomar contacto con el mandatario provincial porque la preocupación que están teniendo algunos indicadores, ya que la Provincia tiene que responder al sostén de los afiliados dentro de planes conformados por leyes nacionales, y que no cuentan con el suficiente respaldo económico.
Respecto de la situación que atraviesa la obra social provincial, con un déficit mensual de unos 10 millones de pesos, el vocal gubernamental Andrés Battistuzzi aclaró que “si bien se está incrementando considerablemente el gasto en la atención de las enfermedades, no se ha dejado de asistir por compleja que sea la patología y donde ésta se requiera tratar a sus
afiliados” aún en un contexto de pagos que oscilan entre los 40.000 y hasta 1,4 millones de pesos.
Si bien destacó el apoyo del Ejecutivo en la asistencia económica consideró que se debe estar alerta también “sobre la posibilidad que nos brinda la ciencia de obtener una sobrevida, que requiere prevención estudios y tratamientos que demandan más gastos y nos obligan a estrechar los máximos esfuerzos para cumplir con el objetivo”.
De las conversaciones concretadas ayer en la Secretaría de Trabajo tomaron parte representantes de viales, ATE y Soyem; y durante su transcurso se impuso de la problemática al gremio de APEL sobre todo para informar la solicitud de audiencia al gobernador.
En otro tramo del encuentro se habló de la necesidad de que la central del Ipross cuente con un nuevo edificio ante el grado de hacinamiento que están viviendo los empleados.