El gobierno rionegrino pretende reducir los tiempos burocráticos de los trámites para la compra y contratación de bienes y servicios, a través de la modificación de normas que regulan el funcionamiento de la Fiscalía de Estado y reglamentan los procedimientos licitatorios en la administración pública.
Para ello, anunció la descentralización de las oficinas de Suministros con la creación de esas áreas en cada Ministerio, la creación de delegaciones de la Fiscalía de Estado en las carteras y el fortalecimiento de las asesorías legales.
En un acto que encabezó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se presentaron ayer los proyectos normativos de reforma administrativa y las nuevas reglamentaciones de funcionamiento de la Contaduría General y la Fiscalía de Estado.
El contador general, Juan Kohon manifestó que se trata de una nueva etapa de la Administración Pública, que remarca la transparencia a la burocracia estatal que por tradición es compleja, con mecanismos lentos que conspiran contra los mejores deseos de una buena gestión.
Para ello, plasmó la intención de remover obstáculos normativos y otros que son de carácter funcional, aseguró Kohon.
En el caso de la Fiscalía de Estado se requerirá de una reforma de su Ley Orgánica, mientras que para la Contaduría General deberán derogarse y modificarse algunos decretos.
Los cambios serán progresivos según cada caso. Algunos son instantáneos desde el momento de la sanción de los decretos, mientras que otros deberán esperar adaptaciones de carácter tecnológico como son cambios en la oficina de suministro y la asistencia de la empresa rionegrina Altec para la implementación informática de distintos procesos. Con respecto a la subasta pública quizá demore tres meses de puesta en marcha.
Por otra parte, el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía explicó que se busca descentralizar el control de legalidad -de los trámites administrativos- y colaborar en esa descentralización a partir de capacitación, formación y la utilización de tecnologías.
Consideró que de esa manera se logrará una gestión más ágil y eficiente tanto de los recursos humanos, como del tiempo que lleva la tramitación del expediente. Hoy hay determinadas actuaciones que no merecen un control previo cuando son simples constataciones o montos menores.
Los plazos actuales
En la actualidad desde el pedido de una compra a Suministros hasta que la misma se efectiviza y se paga, se demora como mínimo y sin ninguna observaciones ni tardanza extraordinaria 120 días.
Algunas de las modificaciones que se implementarán tienen que ver con los montos máximos establecidos para las licitaciones privadas, los concursos de precios y las contrataciones directas.
En el primero de los casos el tope es de 230 mil pesos y se llevará a un millón, en los concursos se pasará de los actuales 115 mil a medio millón, y las contrataciones directas irán de 11.500 a 70 mil.
También se bajará la cantidad de días de plazo de publicación de las convocatorias y la cantidad de firmas que se deben invitar a las compulsas de precios. A requerimiento de los proveedores se ampliarán los plazos de mantenimiento de ofertas.
Además, se proponen cambios en relación a la elaboración de los presupuestos debido a que se contemplará que los proveedores cuando contratan con el Estado se ponen un coraza protectora con los precios, que no son los mismos que cuando venden a particulares, sostuvo Kohon.